En vez de cumplir con la ley y rescindir este escandaloso contrato, el gobernador de la provincia de Salta aprobó la continuidad de Plumada S.A. sin dar a conocer en ningún momento cuáles son los montos que dicha empresa cobra por sus “servicios”.
Como es de público conocimiento el ex gobernador Juan Carlos Romero privatizó los archivos públicos mediante un negociado oneroso para la provincia y violando la Constitución Nacional y Provincial que en su artículo 52 establece claramente: “El acervo histórico y documental forma parte del patrimonio cultural de la provincia y está bajo la guarda del Estado”.
El actual gobernador, que creó un ENTE para revisar los contratos firmados por la gestión anterior, después de prometer grandes cambios y declarar en enero de este año que a la provincia le salía más barato mandar los documentos a Miami que pagarle a Plumada, en vez de cumplir con la ley y rescindir este escandaloso contrato, aprobó la continuidad de Plumada S.A. sin dar a conocer en ningún momento cuáles son los montos que dicha empresa cobra por sus “servicios”.
Hoy, por una denuncia de la diputada Virginia Cornejo, nos enteramos que, a fines del año pasado, Plumada cobró más de $ 3.313.631 “por adelantado “ por digitalizar el patrimonio bibliográfico y documental del Complejo de Bibliotecas y Archivos de la Provincia (lo cual significa que, de paso, se están quedando con toda la información) y cuando Andrés Gauffin, el Coordinador General de Bibliotecas y Archivos y responsable del SIPADA, (Sistema Provincial de Administración y Documentación de Archivos) se atrevió a recomendar al gobierno la revocación de “los actos administrativos que autorizaban la contratación con Plumada” y a solicitar los fondos necesarios para capacitar al personal del archivo histórico con el fin de llevar adelante la digitalización de su patrimonio, fue despedido. Es decir que lo echaron por ser un funcionario honesto que cumplió con su obligación de proteger nuestro patrimonio archivístico.
Así proceden las autoridades de un gobierno que llegó criticando la corrupción y autoritarismo del régimen romerista y que ahora convalida esa corrupción y aplica el mismo autoritarismo.
La Diputada Cornejo ha presentado un pedido para que la Secretaria General de la Gobernación presente un informe detallado sobre el proyecto de digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que alberga el Complejo de Bibliotecas y Archivo y esta iniciativa fue aprobada en Diputados, pero a esta altura de los acontecimientos los legisladores debería hacer algo más que eso.
Deberían interpelar al Poder Ejecutivo para que explique porqué se viola la Constitución, por qué se defienden tan celosamente los intereses de Plumada en vez de defender el interés público, deberían exigirle que informe a la ciudadanía cuánto se le paga a Plumada, deberían investigar a fondo quienes son los verdadero dueños de Plumada, porque en el contrato firma como “Apoderado” el señor Daniel Moreno pero no aparecen los nombres de los afortunados accionistas que, según se dice, eran amiguitos de Romero y ahora también son amigos de Urtubey .
– NdR: La autora de esta nota, Raquel Adet, es responsable del Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Salta.
– Nota relacionada:
Plumada, trago amargo para la cultura de un funcionario ejemplar
https://www.salta21.com/spip.php?article700&var_mode=calcul
Urtubey avala a Plumada, y con ello, empata con la gestión anterior
Nuestra constitución dice claramente que la salvaguarda y el resguardo de los documentos públicos le corresponde al Estado,salvo en Salta(lugar o laboratorio más perfecto y sofisticado de la rapiña neoliberal).El traslado de archivos,administrativo municipal,histórico, donde hay documentos de valor incalculables,el archivo de Inmuebles;además de quedarse con la información,a donde seguramente serán custodiados celosamente por la mano invisible de lo privado,en este caso Plumada,que tiene una cláusula de contrato mediante la cual la firma no se hace responsable por la pérdida,extravío,robo,sustracción o destrucción total o parcial,desaparición o siniestro de la documentación;solo debe devolver el costo papel del material desaparecido, no por el valor histórico u otro tipo de valor que tuviera el documento.De esta manera no existe forma alguna de investigar y menos de controlar las obras y los contratos de gobierno o los inmuebles,por ejemplo, que quedan flotando sin dueños.Junto a la documentación pública,también padecemos la concesión ilegal e inconstitucional de los servicios de agua y la entrega de los recursos naturales a las mismas manos privadas entre tantas otras cosas que no viene al caso señalar.