Es relevante que el gobierno provincial haga conocer mediante la prensa o publique mediante solicitada la escala salarial del Gobernador, Ministros, Secretario General de la Gobernación, Fiscal de Estado, Síndico General, Secretarios de Estados y demás funcionarios.
Lo paradójico de ésta situación de caos con los reclamos de distintos sectores de la sociedad, es consecuencia de la naturaleza de gestión misma que se acredita desde el año 2007. Y más allá de otras situaciones más significativas y sustanciales de una verdadera, honesta y transparente gestión de gobierno (precisamente de dudosa transparencia, entre otros casos de irregularidades, caso imputación de las cuentas públicas, del gobierno de Juan Manuel Urtubey), en este status quo puntual es relevante que el gobierno provincial haga conocer mediante la prensa o publique mediante solicitada la escala salarial del Gobernador, Ministros, Secretario General de la Gobernación, Fiscal de Estado, Síndico General, Secretarios de Estados y demás funcionarios (igual que hizo con la de los docentes); la descripción de cómo se compone dicha escala (por ejemplo cuál es el básico, si tienen o no items no remunerativos o adicionales en negro), los aumentos salariales que tienen cada vez que ocurren, cómo se producen.
Así se podrá contrastar con respecto a los aumentos salariales a los trabajadores públicos. Porque los aumentos nominales en porcentajes, no es lo mismo que el aumento real porcentual, y teniendo en cuenta que fueron escalonados en el tiempo. No es lo mismo el 25 o 30% a partir del 1° de enero, que un 25 o 30% escalonado cada cuatro periodos en el año. La sucesión de porcentuales en casos menores al índice inflacionario, ha ocasionado como resultado, que los sueldos se licuaran rápidamente.
La aludida escala salarial de los funcionarios, a la fecha, en un estado de democracia constitucional (entre otros, los derechos obligan al poder a justificar la racionalidad de sus actos, a desarrollar instancias de discusión, a intentar acuerdos mínimos, a no traspasar las fronteras que impone la Constitución), tiene carácter de secreto de estado. Confrontando dichas escalas salariales se podrá observar la veracidad, coherencia y responsabilidad que nos hablan, o irresponsabilidad o la falta de autoridad de éste desgobierno. Porque consideramos que una gran debilidad argumental encubre la posición autista del Poder Ejecutivo. Una seria crisis de gobernabilidad. En rigor, la soberbia (que ya se ha convertido en impotencia), el desgaste, y el síndrome de la fatiga ciudadana, ya se les volvió en contra.
Hasta lo que es nuestro conocimiento, la aludida escala salarial de los funcionarios del Poder Ejecutivo, la provincia a través del Decreto N° 323/05 adhiere o toma como referencia el Dto. Nacional N° 685/04 el sueldo del Presidente de la Nación, donde se establece que los funcionarios (nada dice del Gobernador) arriba referidos, tendrán como tope el 85% de lo dispuesto por el mencionado Dto. Nacional. Estimamos que no ha variado tal disposición. Así, en rigor se podrá cotejar de qué forma los funcionarios políticos y trabajadores hacen frente para satisfacer la canasta básica de alimentación. Así en lo esencial qué de razonabilidad y legitimidad tiene el reclamo de los docentes “intransigentes” y trabajadores públicos. Y reiteramos, de la buena fe, confianza, coherencia y “responsabilidad y equidad” en la “solvente administración de la provincia”, o cinismo que nos hablan los mitómanos y pretenden persuadirnos que veamos una realidad ficticia. Sin olvidar que hace 22 años aproximadamente estamos en “emergencia económica”. Además también es de suma importancia que se ponga en conocimiento de la opinión pública, un informe mensual de toda la recaudación mensual de la Provincia.
– Miguel Rojo
Sec. Gral. y Sergio Zamboni Sec. Adjunto de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial (ATAP).
