Crece la «resistencia güemesiana» contra los medidores de agua

Ya son 77 los vecinos de la ciudad de Salta que devolvieron en las oficinas de Aguas de Salta los medidores instalados en sus viviendas. La acción es calificada por Carlos María Pagano como «resistencia güemesiana contra la estafa de Aguas de Salta».

El lunes 3 de septiembre 11 vecinos del barrio Grand Bourg devolvieron en las oficinas de la calle España de la empresa los medidores que Aguas de Salta instaló en sus viviendas. El 1 de agosto 31 vecinos de Santa Ana habían hecho lo mismo.

Esta fase de la rebelión contra los medidores se inició el jueves 19 de julio de 2007 cuando en horas de la mañana 35 vecinos del barrio Santa Ana que habían retirado los medidores de agua instalados en sus domicilios los devolvieron a la empresa Aguas de Salta.

«Este es un acto ejemplar que marca un hito», dijo en esa oportunidad Carlos Pagano, miembro de la Junta del Agua y candidato a gobernador.

Como en las oportunidades anteriores, en principio no había en la mañana del lunes 3 de septiembre ánimos en la sede de la empresa de recibir a los 11 vecinos del barrio Grand Bourg. Pero finalmente tuvieron que recibir los aparatos, si bien lo hicieron de mala gana.

Como ocurriera el 1 de agosto y el 19 de julio, los vecinos entregaron en esta oportunidad una nota en la que fundamentan su acción en el hecho de que la colocación del medidor es clandestina, ya que no fue autorizada por el municipio ni cumple con las normas IRAM. «No tienen autorización para hacerlo»: así respondió por escrito la municipalidad a una requisitoria de vecinos que preguntaban sobre la habilitación comunal correspondiente.

Desde la Junta del Agua -que coordina las Juntas Vecinales de cada barrio que se oponen a la colocación de medidores y a la privatización del servicio- se ha venido denunciando además la baja calidad de los aparatos que miden aire e incluso se indicó que con el último temblor se detectó un «salto» en los medidores.

La acción de los 11 vecinos del Grand Bourg se suma a las anteriores de 66 residentes de Santa Ana y a la previa resistencia activa a la colocación de medidores por parte de vecinos del barrio Lamadrid y a muchos vecinos de distintos barrios que directamente impidieron la instalación del aparato. Muchos de ellos se negaron a firmar una «autorización» para que se instale el aparato y colocaron fajas en el frente de sus casas advirtiendo a las cuadrillas que no autorizaban la colocación del medidor por falta de calidad y regularidad en el servicio.

Apología del delito y extorsión

Un aspecto poco conocido es el reclamo que se hace a quienes instalan los medidores por la apropiación indebida de los elementos que sustraen a los vecinos cuando colocan el aparato: una llave maestra de bronce y un cubículo de hierro fundido cuyo costo se calcula en unos 100 pesos. Por ello es que en la nota que presentaron los vecinos de Santa Ana a la empresa Aguas de Salta la intimaron a reintegrar a sus propietarios esos elementos sustraídos irrregularmente en un plazo de 48 horas.

Otro momento recordado dentro de la lucha contra la privatización del agua en Salta la protagonizó el abogado Eduardo Anuch, quien no sólo sacó el medidor que le colocaron en su domicilio ubicado en la zona céntrica de la ciudad, sino que realizó una denuncia penal por violación de domicilio y tentativa de estafa.

En un intento de detener el «efecto contagio» de la devolución de medidores, desde la empresa Aguas de Salta se han lanzado la amenaza que más adelante la recolocación de los aparatos estará a cargo de los vecinos y que ellos sufrirán una restricción del servicio.

Como «apología del delito» y «extorsión» calificaron a esas expresiones Carlos Pagano y Ricardo Anuch, quienes recordaron que desde la Junta del Agua se viene solicitando la quita del aparato de las viviendas desde el año 2004 porque su instalación es un hecho irregular y hasta delictivo. En este contexto consideran que la iniciativa de los vecinos que devuleven los medidores es totalmente legítima y está basada en la inacción de la empresa frente a ese pedido reiterado.

Una gesta güemesiana

Carlos Pagano y María Isabel Conesa, integrantes de la Junta Provincial del agua y dirigentes de la Junta Vecinal del Agua del Barrio Grand Bourg acompañaron a los vecinos de Santa Ana y del Grand Bourg en la devolución de los aparatos a la empresa Aguas de Salta.

La Coordinadora de Juntas Vecinales considera que la colocación de los medidores de agua es una estafa a los ciudadanos de la provincia. Pagano advierte que la acción de retirar los medidores y devolverlos a la empresa constituye un «hito ejemplar», explica que «toda Salta está habilitada para hacer esta diligencia» y coloca a la lucha contra la privatización del servicio -y en pos de su reestatización- dentro de una gesta de «resistencia güemesiana».

Pero mientras tanto la empresa -avalada por el gobierno- sigue adelante con su política de hechos consumados y ya ha colocado unos 50 mil medidores en la capital de la provincia.

Doctor en Filosofía, presidente de la Junta del Agua del Barrio Grand Bourg y coordinador de las Juntas del Agua de la Provincia de Salta, Carlos María Pagano es además candidato a gobernador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. El filósofo considera «anticonstitucional y dictatorial» la privatización del agua, que se llevó a cabo a pesar de una expresa prohibición constitucional. «Pagamos las tarifas más altas del país», denuncia.