Algunos jueces salteños pareciera que desconocen el art. 75 de la Constitución Nacional, la Convención del Delito de Genocidio (incorporado a la misma) y el Convenio 169 de la OIT, privilegiando el supuesto “abandono de personas” del Código Penal.
Empecemos por recordarlos (si lo olvidaron o no lo conocen). El inc.) 17 del art. 75 de la C.N. dice textualmente: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos…”
El inc.) 22 del mismo artículo dice aprobar los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes, entre ellos se encuentra la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que dice en su art. II: “En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso como tal:…c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989 (contiene 44 artículos), dice art. 10: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”… El art. 25 dice: “1) Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados los servicios de salud adecuados o proporcionar los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control. 2) Los servicios de salud deberán organizarse a nivel comunitario…tener en cuenta sus métodos…”.
A pesar de todas estas leyes (que no se cumplen), nuestros hermanos aborígenes siguen sin obtener resultados que frene los atropellos, la expulsión de sus tierras, de sus propias economías, del uso sustentable y racional de la biodiversidad, de sus frutos y fauna del monte –desmantelados y vendidos o negociados al extranjero- para el cultivo de la soja.
Los amplios y fundamentados estudios realizados por la Universidad Nacional de Salta demuestran que las áreas desmontadas y quitadas a los verdaderos dueños de la tierra ancestralmente, conllevan una disminución o pérdida de sus recursos naturales, hasta la propia extinción física, sin alternativa alimentaría para su forma habitual de vida. Obligarlos a cambiar sus hábitos ancestrales de manera compulsiva es inaceptable. El desmonte y la expulsión de una comunidad configuran el delito de genocidio.
Hasta el diario francés Liberation se ha referido al destierro de los aborígenes de nuestro país, cuando afirma que “los aborígenes argentinos fueron canjeados por oro” …”contaminaron el suelo y el agua, robaron y destruyeron sus cultivos y el medio ambiente donde viven los aborígenes desde hace mas de 14.000 años”.
En definitiva, cómo pretenden los jueces y fiscales que estas comunidades, a las que les quitaron todo, se puedan alimentar y que para colmo los traten mal y despreciativamente -por ser “indios” y pobres- hasta en los medios de salud. Este es el caso del niño wichi Mariano Moreno y sus padres, según contaron a los medios de comunicación. Aclaramos que no escuchamos la otra campana, intentamos comunicarnos con los Tribunales de Tartagal sin conseguirlo.
De todos modos, los hechos y la experiencia acumulada de los abogados de los pueblos indígenas advierten el total desinterés del gobierno provincial y nacional por estos pueblos. Y los Derechos Humanos oficiales gozan de buena salud.
– El autor de la nota es Médico Forense
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