De gobiernos elitistas y oligarcas insensibles

En el Hospital Materno Infantil de la Capital se investigan varias denuncias por mala praxis.

La Constitución de la Provincia de Salta establece en sus artículos 41 y 42 que la salud “es un derecho inherente a la vida”, “es un bien social”, y que el plan de salud debe ser elaborado con los “sectores socialmente interesados”, “con criterio de justicia social“, y utilizando racionalmente los recursos. La lectura de estos enunciados crea la apariencia de que esa garantía constitucional estaría asegurada para todos los salteños, pero la realidad es muy distinta.

Esta situación se ha expuesto en las dos últimas semanas con mayor notoriedad por los hechos públicos que han trascendido en el Hospital Materno Infantil de la Capital, donde se investigan varias denuncias por mala praxis que habrían provocado la muerte de infantes por demoras en la atención de las urgencias y por la carencia de un tomógrafo que calificados profesionales y entidades del medio reclaman con insistencia.

Estos sucesos puntuales no deben ser considerados como hechos accidentales aislados, porque sería un análisis equivocado, y se correría el riesgo de que una vez salvada en lo posible esta situación crítica del momento, se pretenda desde el Ministerio de Salud hacernos creer, que por haberse corregido algunos aspectos administrativos de ahora en más el sistema será perfecto.

Ese sistema de prestación del servicio de salud tal como lo prevé nuestra Carta Magna Provincial, es una gran mentira. Partiendo de la base de que el perfil político del gobierno, -llevado adelante desde el ministerio por un médico que en su mismo ambiente se le conoce como “de escritorio” porque casi siempre ha ocupado funciones burocráticas antes que la práctica de la medicina- no es social sino comercial, y por lo tanto, los actores involucrados tienen fines de lucro, y por ello el resultado esperable no es el de asignación completa de recursos sino el de administración eficiente en términos comerciales, esto es, lucrativos.

Para tener por acreditado esta afirmación, basta con recordar que en el Hospital Materno Infantil la mayoría de los servicios están concesionados a terceros, y por lo tanto, no son prestados por personal del Estado, sino por profesionales asociados bajo figuras jurídicas de responsabilidad limitada. Se ha puesto la salud en el circuito comercial, el acto médico en sí es rentado, con fines lucrativos y no con sentido social de garantía constitucional. En otras palabras, el sistema de salud es sólo en apariencia público.

La reforma estructural mientras tanto sigue esperando, porque no se pretende cambiar el status quo que beneficia a la actividad privada y tiene a los sectores más pobres de la sociedad como rehenes de la precariedad. Por ejemplo, en los hospitales de la Provincia, se ha vuelto a reiterar el acuerdo que no está escrito en ningún lado pero que se cumple a rajatablas: no se llevan adelante más protestas salariales por parte de los profesionales a cambio de que no se les controle el horario. De esta forma, todos los sistemas digitales instalados con bombos y platillos no sirven absolutamente para nada, pues se imprime la huella personal al ingreso, se ausentan durante la jornada y regresan a marcar al final del horario establecido. Esto es conocido por todos los actores del sistema, pero nadie quiere enfrentarse a la corporación médica, ni pagar costos políticos, ni hacer olas. Nadie le pone el cascabel al gato.

Por esta falta de conciencia social y humanitaria, seguirán existiendo las extensas colas de madrugada de los pobres pujando por un turno para ser atendidos, mientras los señores profesionales amparados por la informalidad atienden escasamente en sus turnos para poder asistir en el mismo horario en el que deberían estar en el hospital público, sus actividades privadas. De esta manera, el sector más desprotegido y vulnerable de la sociedad subsidia la actividad profesional rentada particular de los profesionales ausentes de su deber en cumplir la jornada por la que se le está pagando.

Mucho menos se piensa en tomar el toro por las astas y sancionar de una buena vez la incompatibilidad para ejercer la profesión en ambos sectores simultáneamente, lo que implicaría la obligación de optar por ser agente público o dedicarse a la actividad privada. De este modo, quién tenga vocación de servicio social se quedará en el Estado resignando ingresos, y quién aspire a ganar más dinero con su profesión trabajará en forma particular. Pero no así como estamos hoy donde se perciben haberes por un servicio público que no se presta correctamente, y se generan ingresos en el sector privado al mismo tiempo. A eso mi abuela le llamaba ser “ventajita”.

Pero al Estado cómplice de favorecer la actividad privada esta situación no le incomoda, ya que el presupuesto de salud está amoldado a esta corruptela. Si la totalidad de los profesionales cumpliera completamente su labor diaria y respetara todos los horarios asignados, y se entregaran más turnos para atención de más pacientes, no alcanzarían los quirófanos, ni los insumos, ni los recursos. Todo está programado para ese nivel de atención y no más. Una protesta a la japonesa por ejemplo, pondría en evidencia la carencia presupuestaria que mencionamos, y con ello la precariedad del sistema de salud.

Por estas carencias de asignación de recursos con sentido comercial, se seguirán programando las intervenciones a largo plazo, y en oportunidades en que los privados que prestan el servicio no puedan hacerlo –por ejemplo por tener que asistir al congreso nacional e internacional de cardiología que se hizo en Salta recientemente- se reprogramarán las operaciones para más adelante, y siga el corso. Total son pobres, que esperen. Cualquier explicación que se quiera dar para ocultar este panorama es puro maquillaje.

Un gobierno conservador elitista no es una entelequia. Es esto que vivimos en Salta. Y los sectores que no tienen recursos para asistirse por problemas de salud en el área privada no tienen más remedio que seguir tolerándolo. La visita del mismo gobernador con cara de Robin Hood hace dos meses al mismo hospital hoy cuestionado para hacerse notar ante la prensa como muy preocupado, queda en una mera anécdota personalista que claramente no ha solucionado nada, y convierte esa actuación en un papelón. Se requiere mucho más compromiso y menos puestas en escena para salvar las apariencias si de justicia social queremos hablar.

Y las carencias se potencian aún más cuando la escasa gestión pública residual está en manos de personas sin la capacitación suficiente. Por caso –y esto es de conocimiento de toda el área de salud- el actual gerente del Hospital Materno Infantil ocupa el cargo por amistad con el gobernador y no por méritos académicos. Bien de oligarca el sistema: los parientes y los amigos, en cualquier cargo con solo ese título. De las promesas de concursos que fueran una muletilla de campaña no queda ni el recuerdo. Y este desvarío no es sólo en la salud, ya que en el círculo cercano al primer mandatario pululan en cargos políticos y contratos de consultoría toda una generación de ex compañeros de colegio, vecinos y colegas de aventuras adolescentes.

Ser un estadista es cosa seria y difícil, y muy pocos están capacitados para esa función. En cambio ser un administrador de intereses de clase acostumbrado a mentirnos de manera insensible con discursos machacosos de que su única preocupación son los pobres, está totalmente probado con nuestra realidad que es para cualquiera.

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