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jueves, octubre 1, 2020

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El fin de un noviazgo entre dos adolescentes, compañeros de curso, desembocó, violencia verbal y física del varón al comienzo, en un caso que demuestra los tenebrosos derroteros de los conflictos irresueltos.

Padres y víctimas, institución educativa, Estado y comunidad, deben contribuir en la búsqueda de soluciones a la violencia.

Mientras la joven salteña Marcela Mamaní continúa desaparecida tras haber ido a bailar, y Salta encabeza la tasa de femicidios, un caso de violencia entre ex novios y compañeros en el colegio Manuel Belgrano.

“Sin lugar a dudas, este caso es un caso de violencia de género. En ella, el varón, siguiendo una línea aprendida y hecha propia de superioridad respecto de la mujer, la considera de su propiedad, cree que es dueño de su persona y por lo tanto, puede hacer con ella lo que le parece: amenazarla, agredirla, etc. Además, en este caso, existen sobrados elementos en este caso para entender que la chica se encuentra en riesgo”, sostuvo María Laura Postiglione, ex candidata a diputada provincial e integrante de la agrupación política Movimiento Libres del Sur y el Frente Amplio Progresista.

Indudablemente la noticia de que un chico de 17 años amenazó, desacreditó, insultó y golpeó a su compañera de quinto año de la secundaria (ex novia) en el prestigioso Colegio Manuel Belgrano, de la ciudad de Salta, desató la indignación contra un varón que le pega a una chica.

Luego de varias idas y vueltas, exposición mediática y la incalculable repercusión en las redes sociales por Internet, el pasado viernes 16 de marzo, el juez de Familia Nº 2, Víctor Soria, dispuso que el muchacho sea trasladado a otro curso o división del mismo establecimiento.

La orden judicial sostiene que si “existieran hechos de violencia contra la menor” se ordenará su retiro a otro colegio. Soria ordenó tratamientos psicológicos a los menores involucrados e intimó y prohibió a los padres de los chicos a exponer, difundir o divulgar datos, informaciones, imágenes que permitan identificarlos a través de cualquier medio.

Precisamente horas antes, en un sitio Web salteño, el padre de la adolescente (cuyo nombre y apellido no daremos por principios éticos de Norte Social en el caso de menores de edad), aseguró: “se está jugando la vida de mi hija”. De acuerdo al hombre, las autoridades del colegio le habrían mentido al Ministerio de Educación de Salta al decir que “al aula (en donde cursan los dos alumnos) la pusieron al lado de la dirección (del colegio) para tomar precauciones; eso es falso, el aula siempre estuvo en el mismo lugar”.

Asimismo enfatizó que “treinta días antes de que comenzaran las clases le advertí al Colegio sobre las denuncias, las agresiones”.

Educación contra la violencia

Según Postiglione, “conjuntamente con la intervención que el Juez competente está llevando adelante, las autoridades del establecimiento educativo tienen que tomar medidas a fin de proteger a la joven, que se coordinen y articulen con la Justicia. Pero además, hacer que el resto de la comunidad educativa comprenda lo que está pasando. Explicar y hablar abiertamente acerca de la violencia de género, sus modalidades y orígenes es una forma de prevención”. Y agregó, tal vez destacando el meollo o centro del problema que surgió entre dos chicos que algunas vez se quisieron y luego cayeron en el dolor: “Los jóvenes, adolescentes, y muchas veces, hasta los niños, reproducen aquello que constantemente se les enseña tanto de modo directo como indirecto, es decir por omisión”.

En 1994 se promulgó la Ley Nacional Nº 24.417, de “Protección contra la violencia familiar”, reglamentada recién el 7 de marzo de 1996. Desde 2006, comenzó a regir en Salta la Ley Nº 7.403, en un sentido similar a la norma nacional. Sin embargo, en ambos casos la violencia continuó refiriéndose sólo en el ámbito de la familia.

Algunas carencias conceptuales se salvaron con la Ley nacional N° 26.485, la cual pretende la “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Rige desde hace dos años. No todos están conformes.

El silencio es un grito

El problema es cuando los agredidos son los varones. Y esto sucede en el caso de hombres maltratados por las mujeres, por ejemplo en relaciones conyugales o de pareja.

Un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (http://www.cij.gov.ar/nota-4012-Violencia-domestica–en-el-90–de-los-casos-se-denuncia-agresion-psicologica.html ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reveló los hombres representan el 19 por ciento de las víctimas por parte de mujeres.

Los datos arrojados por el organismo mostraron, además, que nueve de cada diez casos denunciados se refieren a agresiones psicológicas. Detrás de este tipo de violencia, aparecen la física (68%), la económica (30%) y la sexual (13%).

“En general cuando se habla de violencia familiar se suele pensar en la agresión física. Sin embargo, el maltrato verbal o psicológico es a veces mucho más doloroso y desgastante. Los modos de expresión agresivos son mucho más comunes de lo que se cree”, aseguró la terapeuta familiar Adriana Quattrone, según la publicación en el diario La Nación el miércoles 19 de mayo de 2010.

Citando la misma publicación, se agrega: “Existe el mito de que los hombres no son víctimas de violencia doméstica. Esta falsa creencia dificulta la posibilidad de tomar conciencia de que se trata de un problema”, afirmó Quattrone.

Para explicar social y económicamente el fenómeno que estalló en la Argentina en la década del 90 y aún continúa, el psiquiatra Horacio Vonmaro explicó: “El alto nivel de desempleo obliga a la mujer a convertirse en el único sostén de la familia. Es allí donde aparece la idea del varón domado y sometido por ella”.

“Hay una especie de caída de los símbolos tradicionales. El hombre se siente puesto en un lugar de descalificación y cree que hasta su propia masculinidad está en juego”, subrayó el especialista.

La responsabilidad familiar

Las palabras anteriores solo vienen a cuento en relación a la resolución del juez Soria, quien, además de prohibir a los padres de las dos partes a “exponer, difundir o divulgar datos e imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los menores”, también exigió que concurran a terapia psicológica. En el texto judicial, el magistrado remarcó que los mayores deben apuntar a poner límites a los hijos y a sí mismos en situaciones conflictivas.

Desde que los niños pierden la atención exclusiva del hogar -en donde se supone que estuvieron totalmente atendidos por sus padres- y quedan en las salas maternales (en algunos casos desde los dos años), o el Jardín de Infantes, los niños, y más tarde adolescentes viven en general en tres espacios sociales y afectivos: el hogar, la escuela y las amistades.

En general, se da por supuesto que la principal educación y los valores se aprenden y viven con los padres, en la familia. Luego, en la escuela, se adquieren conocimientos y otras normas, la instrucción general. Las amistades completan o descubren nuevos mundos.
Cuando las instituciones educativas u otros organismos del Estado intervienen en asuntos familiares, sobretodo afectivos, tal vez los padres (y no nos referimos específicamente a este caso) deben revisar sus relaciones conyugales y rediseñar los valores con los que hicieron crecer a sus hijos.

– El autor es Periodista – Director de Norte Social

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