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martes, septiembre 29, 2020

En busca de un error salvador del horror

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Cinco veces mínimas acudió la Sra. Roxana a la policía por protección para ella y sus hijos ante las amenazas de su esposo y ahora asesino y lamentablemente no alcanzó para que algún agente de la seguridad del Estado Salteño brindara mínimamente alguna protección.

Con fecha 24 de noviembre de 2011 se resolvió conceder el recurso de casación articulado por el Dr. Agustín Barbarán abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta, con el patrocinio letrado del Dr. Benjamín Pérez Ruiz, en contra del fallo que hace lugar a la demanda civil en contra de la Provincia de la Provincia de Salta en el resonante y trascendental caso Yapura-Alderete.

Este recurso, una vez otorgado, tiene como fin la búsqueda de algún error por parte del Tribunal Mayor de Justicia en el camino que se siguió para llegar a un fallo, es decir que se va contra el mismo fallo dictado por la Dra. Faber Mónica y que condenó al Estado Salteño a pagar una mísera indemnización a la única sobreviviente de la tragedia hartamente avisada por Roxana Alderete en la Policía de Castañares y que costó la vida de ella y dos de sus hijos y daños tremendos (no sólo morales y físicos que sucedieron hace años sino también daños que podrían perdurar en el tiempo y acarrear efectos no deseados) en la única sobreviviente a manos del ahora asesino Alberto Yapura, padre y esposo de las víctimas allá por el fatídico agosto de 2004.

Si la seguridad que supuestamente el Estado brinda a los ciudadanos no comienza por reconocer las flaquezas y errores de hecho provocará descontento y un estado de debilidad en el sistema democrático ya que la gente obviamente se siente insegura y actuará, como viene sucediendo, por sus propias manos ante los delincuentes y ante aquellos que dicen brindarnos seguridad, pues matan niños, mujeres, ancianos y a quien sea por motivos cada vez más insospechados, absurdos e inconcebibles.

El caso Yapura – Alderete produjo un efecto importantísimo para la sociedad y es que puso en marcha el accionar de las leyes dormidas contra la violencia familiar y de género, pero ahora está proponiendo otro aporte para todos los ciudadanos y es que no solo el responsable directo pague por esta tragedia que se pudo haber evitado sino que también tienen que hacerse cargo aquellos que no obraron con eficacia cuando se los solicitó: el Estado Provincial y sus actuantes en el área de la seguridad de las personas.

Cinco veces mínimas acudió la Sra. Roxana a la policía por protección para ella y sus hijos ante las amenazas de su esposo y ahora asesino y lamentablemente no alcanzó para que algún agente de la seguridad del Estado Salteño brindara mínimamente (ya con ley de por medio para la protección familiar ante la violencia) alguna protección. Sin embargo sucedió durante el juicio contra el Estado Provincial que el Policía José Abraham Martínez se retiraba amenazante con el Dr. Juárez, querellante en la causa, por haber sido absuelto con el beneficio de la duda. Con agentes así ¿de qué seguridad estamos hablando? ¡Ojalá que en este caso si la casación revierta el beneficio de la duda!

No es un tema de plata como algunos informantes atrevidos insinuaron entre sus líneas escritas o frases ambiguas, es un caso neuronal para nuestra sociedad ya que su sistema de seguridad pública tambalea día a día ante las víctimas de esta cultura que vivimos en la actualidad y que parece estar terroríficamente marcada por la muerte.

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