LA PAZ.- La Fiscalía boliviana admitió una demanda formalizada por una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil.
La denuncia fue admitida el viernes por la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, según confirmó el diputado Tomás Monasterio. El parlamentario justificó la demanda por el delito de “genocidio”, ya que el código penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan “lesiones de inhumana subsistencia” y cuando hay “desplazamientos” violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el domingo pasado.
“Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia (…) Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos,” dijo el diputado. Agregó que “por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales,” como afirman las autoridades, su obligación era “precautelar los derechos de los indígenas y no lo hizo”.
La Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.
La acción policial desató una oleada de protestas en todo el país y se ha presentado una crisis institucional con la renuncia de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios.
Morales y su gabinete negaron responsabilidad en el hecho y aunque el mandatario pidió perdón, los indígenas reanudaron hoy su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Tras los disturbios y manifestaciones por parte de las comunidades indígenas que habitan la región de impacto de la carretera, Morales decidió el lunes pasado suspender las obras mientras consulta a las regiones de Cochabamba y Beni, por las que está previsto que pase la carretera.
Las etnias y grupos ecologistas rechazan que la carretera financiada por Brasil atraviese el Tipnis por los daños ambientales que causará el proyecto y porque temen una invasión de campesinos y productores de hoja de coca, base para la fabricación de cocaína.
– emol
