35 vecinos del barrio Santa Ana retiraron los medidores de agua instalados en sus domicilios y los devolvieron a la empresa Aguas de Salta. «Es un acto ejemplar que marca un hito», dijo Carlos Pagano, miembro de la Junta del Agua y candidato a gobernador.
En principio no había ánimos en la sede de la empresa de recibir a los vecinos del barrio Santa -que estaban acompañados por numerosos cronistas de varios medios-. Pero finalmente los ciudadanos lograron irrumpir en el salón y fueron recibidos por el gerente, ingeniero Buceracovich.
Fue impactante el momento en el cual los vecinos depositaron los 35 aparatos de medición de agua sobre el escritorio del funcionario. A continuación, le entregaron una nota en la que fundamentan su acción en el hecho de que la colocación del medidor es clandestina, ya que no fue autorizada por el municipio ni cumple con las normas IRAM. «No tienen autorización para hacerlo»: así respondió por escrito la municipalidad a una requisitoria de vecinos que preguntaban sobre la habilitación comunal correspondiente.
Desde la Junta del Agua -que coordina las Juntas Vecinales de cada barrio que se oponen a la colocación de medidores y a la privatización del servicio- se ha venido denunciando además la baja calidad de los aparatos que miden aire e incluso se indicó que con el último temblor se detectó un «salto» en los medidores.
La acción realizada esta mañana por vecinos de Santa Anta -uno de los barrios más populosos de la capital de la provincia, ubicado en la zona sur, en el límite de la ciudad con el departamento de Cerrillos- se suma a la resistencia activa a la colocación de medidores por parte de vecinos del barrio Lamadrid y a muchos vecinos de distintos barrios que impidieron la instalación del aparato. Muchos de ellos se negaron a firmar una «autorización» y colocaron fajas en el frente de sus casas advirtiendo a las cuadrillas que no autorizaban la colocación del medidor por falta de calidad y regularidad en el servicio.
Un aspecto poco conocido es el reclamo que se hace a quienes instalan los medidores por la apropiación indebida de los elementos que sustraen a los vecinos cuando colocan el aparato: una llave maestra de bronce y un cubículo de hierro fundido cuyo costo se calcula en unos 100 pesos. Por ello es que en la nota que presentaron los vecinos de Santa Ana a la empresa Aguas de Salta la intima a reintegrar a sus propietarios esos elementos sustraídos irrregularmente en un plazo de 48 horas.
Otro momento recordado dentro de la lucha contra la privatización del agua en Salta la protagonizó el abogado Eduardo Anuch, quien no sólo sacó el medidor que le colocaron en su domicilio ubicado en la zona céntrica de la ciudad, sino que realizó una denuncia penal por violación de domicilio e intento de estafa.
Carlos Pagano y María Isabel Conesa, integrantes de la Junta Provincial del agua y dirigentes de la Junta Vecinal del Agua del Barrio Grand Bourg fueron invitados por los vecinos de Santa Ana y los acompañaron esta mañana en la devolución de medidores a la empresa. El doctor en Filosofía Carlos Pagano consideró un «hito ejemplar» lo que ocurrió esta mañana, explicó que «toda Salta está habilitada para hacer esta diligencia» y colocó a la lucha contra la privatización del servicio dentro de una gesta de «resistencia güemesiana».
La empresa ya ha colocado unos 50 mil medidores en la capital de la provincia.
Pagano consideró «anticonstitucional y dictatorial» la privatización del agua, que se llevó a cabo a pesar de una expresa prohibición constitucional. «Pagamos las tarifas más altas del país», señaló. Tras la acción de los vecinos de Santa Ana el doctor Pagano encabezó un escrache a la empresa Aguas de Salta y habló en su condición de candidato a gobernador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
