Continuó ayer la audiencia final en el juicio del gobernador Juan Carlos Romero contra el periodista Sergio Poma que concluirá el próximo jueves 30 con los alegatos y la sentencia. La justicia salteña volvió a mostrar su lado más oscuro.
La causa prescribió -denunciaron los abogados de Poma- pero el juez la reflotó y la lleva adelante contra viento y marea con actitudes tales que muy lejos queda el ideal de imparcialidad, objetividad y majestad de la justicia.
Parece que ya se ha decidido condenar al periodista a como dé lugar y entonces el proceso se lleva adelante como una farsa en la que no es preciso cuidar mucho las formas: sólo se avanza torpemente hacia el final predeterminado.
Esta vez un centenar de ciudadanos -abogados, militantes de Derechos Humanos, sindicalistas, docentes, periodistas y politicos- colmaron la sala mayor de la ciudad judicial y se derramaron por los pasillos ante la imposibilidad del acceso de todos al recinto que sólo permite albergar a unas 40 personas.
Se hicieron presentes -entre otros- los diputados Claudio Del Pla y Pablo López (Partido Obrero), el vocero de la Asamblea Docente Víctor Gamboa, las dirigentes de Derechos Humanos Nora Leonard y Nenina Lescano, el candidato a gobernador por el Encuentro Popular Amplio Leonardo Juárez, el candidato a gobernador por el Movimiento Socialista de los Trabajadores Carlos María Pagano, el titular del sindicato de trabajadores de Televisión Rodolfo Zacarías, los integrantes del comité directivo de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal Miguel Rojo y Sergio Ibarra, los abogados Verónica Huber y Carlos Humberto Saravia, periodistas de varios medios locales y corresponsales de medios nacionales.
La defensa del periodista denunció la falsedad del acta que recogió las instancias de la audiencia anterior ya que en ella no se recogieron circunstancias claves de ese acto procesal. Los autores de tal irregularidad: el juez y la secretaria. Pero lejos de inhibirse por ello el juez Héctor Martínez denegó un pedido de nulidad que no se había realizado y siguió adelante con el juicio. Tras la declaración como testigo, el escribano Alvarez, quien dió fe a la grabación del programa radial en base al cual se realizó la querella, tuvo muchos problemas para responder a una pregunta sencilla que le hacía el abogado de la defensa Daniel Tort sobre el concepto que tiene del querellante (el gobernador Juan Carlos Romero). Finalmente dijo: «bueno».
Tort pidió que se incorpore como prueba según lo establece el artículo 393 del código Procesal Penal la constatación de que el gobernador Juan Carlos Romero -según el Registro Público de Mandatos- no dió un poder general al abogado Angel Federico Córdoba sino sólo un mandato para juicio. Por ello -advirtió- su gestión ante el escribano Alvarez para dar fe a la grabación base de la querella no guarda la formalidad legal necesaria porque no tenía poder para ello. El juez rechazó el pedido y el abogado hizo por ello reserva de casación.
Otra circunstancia que trabó la audiencia es que el periodista todavía no había accedido a prestarse a una identificación a través de la toma de muestras de sus huellas dactilares, a lo que finalmente accedió a pedido de sus abogados.
En cuatro oportunidades se había negado Poma a cumplir con ese trámite. En la última, le dijo al empleado judicial enviado a tal fin: «Mire, vaya a recoger las huellas dactilares de los que están en el Grand Bourg, que allí desde narcos para abajo va a encontrar todo tipo de delincuentes». El periodista pretendía que esa expresión quedara asentada en el acta del trámite judicial, junto a su negativa a cumplir con ese proceso de identificación.
La posibilidad de que Sergio Poma quedara detenido había generado una gran expectativa a tal punto de que ésta fue la audiencia con mayor convocatoria de cuantas se generaron dentro de la andanada de querellas lanzadas contra él desde el gobierno y era seguida con atención por la pequeña multitud congregada en la ciudad judicial y por muchos oyentes a través de la cobertura de FM Noticias, la radio que dirige el periodista querellado por el gobernador.
