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La cohesión social

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En un reciente seminario organizado por Cefidar sobre “Miradas sobre la economía y las finanzas” en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, con Norberto Galasso y Mario Rapoport, compartí un panel para reflexionar acerca de la evolución del país entre las tres fechas emblemáticas de 1810, 1910 y 2010.

En mi ponencia señalé que, al nacer con la Revolución de Mayo, la nueva Nación enfrentaba tres desafíos principales: ocupar e integrar el territorio, organizar su economía y establecer los vínculos con el resto del mundo.

Desde entonces hasta la actualidad, dentro de las circunstancias de cada época, la resolución de esos tres desafíos y la formación de una economía avanzada dependieron de la fortaleza de la densidad nacional. Vale decir, la cohesión social, la calidad de los liderazgos, la solidez de las instituciones y un pensamiento crítico capaz de observar la realidad con perspectivas propias.

En efecto: esos cuatro elementos constitutivos de la densidad nacional, conforme lo revela el análisis comparado, están siempre presentes en los países que, a través de la historia, han conformado economías avanzadas capaces de gestionar el conocimiento y difundir los avances de la ciencia y la tecnología en el tejido económico y social. ¿Cuál es la experiencia argentina en estas materias? Esta nota se ocupa del comportamiento del primer componente de la densidad nacional, es decir, la cohesión social.

Como en el resto del Nuevo Mundo, en el territorio que constituye la Argentina, la conquista implicó el sometimiento, exterminio o exclusión de los pueblos originarios. Una sociedad colonial dividida, entre dominadores y dominados, fue la herencia recibida. A diferencia de otras naciones americanas, la ausencia de una economía esclavista fundada en la explotación de tierras tropicales y la minería desalentó la introducción de esclavos africanos en estos territorios.

Por lo tanto, no fue éste un factor de fractura de la cohesión social, como sucedió en Brasil.

Sobre la desigualdad social heredada de la colonia, en el transcurso del siglo XIX se produjo la expulsión definitiva de los pueblos originarios y la ocupación total del territorio. En los otros grandes espacios abiertos de la época (los Estados Unidos, Canadá y Australia), los colonos expandieron la frontera agrícola, apropiándose de las nuevas tierras.

En la Argentina, en cambio, la apropiación de la tierra fue previa a su poblamiento y puesta en producción.

La propiedad de las nuevas áreas, incluidos los suelos más fértiles de la pampa bonaerense, quedó concentrada en pocas manos.

De allí surgió una estructura agraria caracterizada por el latifundio y el empleo, de la mayor parte de la mano de obra, en calidad de arrendatarios y peones. En consecuencia, se redujeron las oportunidades de los nativos e inmigrantes de acceder a la propiedad de la tierra y de formación de un tejido, social y productivo, con fuerte presencia de pequeños y medianos productores.

Por las mismas razones, se debilitó la expansión del mercado interno y la diversificación de la estructura económica.

Sobre esta matriz originaria, otros hechos compensaron, en alguna medida, las consecuencias de la concentración de la propiedad de los recursos y de la distribución del ingreso. La elevada tasa de crecimiento de la economía primario-exportadora, en su fase de auge hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, provocó una cierta movilidad social, sobre todo en los centros urbanos.

También influyó la ampliación de la educación común, gratuita y laica, que constituye uno de los logros del régimen conservador.

Entre 1914 y 1930, aun después del triunfo del radicalismo y la legitimación del sistema político en 1916, siguió prevaleciendo la concentración de la riqueza y el ingreso gestada en el período colonial y los acontecimientos del siglo XIX.

El comienzo de la industrialización sustitutiva de importaciones a partir de la crisis mundial de los años ’30 aceleró el proceso de urbanización y la aparición de nuevas actividades, con una distribución distinta de la propiedad y el ingreso. El surgimiento de nuevos emprendedores en la industria y los servicios y de la fuerza de trabajo vinculada a esa transformación fortaleció, en alguna medida, la cohesión social.

Pero fue, sobre todo, con el advenimiento de Perón al poder a mediados de la década de 1940 que se aceleró la industrialización y el Estado adquirió un protagonismo decisivo en la transformación de la economía y la sociedad.

El fortalecimiento de los sindicatos y el impulso de las políticas sociales provocaron la redistribución progresiva del ingreso y difundieron los beneficios del Estado de bienestar. Estos hechos promovieron la equidad y la cohesión social. Sin embargo, el primer peronismo no logró asentar el nuevo modelo de desarrollo en la necesaria solidez de las finanzas públicas y los pagos internacionales. En definitiva, no pudo consolidar el nuevo régimen hegemónico, fundado en la transformación económica y social que puso en marcha, en el marco de la democracia.

Las tensiones políticas y los desequilibrios macroeconómicos culminaron en una nueva interrupción del orden constitucional.

En este escenario, el régimen político quedó atrapado en la antinomia peronismo-antiperonismo y reapareció la ilusión de la resolución de los problemas a través del retorno a la estructura de la economía primario-exportadora, preindustrial.

Sin embargo, entre los golpes de Estado de 1955 y 1976, en el contexto de la inestabilidad política, se mantuvieron los rasgos principales de la transformación económica que tuvo lugar a partir de los años ’30 y, particularmente, bajo el primer peronismo.

Consecuentemente, permanecieron avances alcanzados en la equidad y en la cohesión social.

A mediados de la década de 1970 se produjo la ruptura drástica de la tendencia a una transformación de la estructura productiva y, consecuentemente, del avance de la cohesión social.

Tras el golpe de Estado de 1976, las políticas del régimen de facto impulsaron el retroceso de la economía argentina a sus orígenes primarios y preindustriales, al tiempo que la subordinaban a la especulación financiera.

El desmantelamiento de buena parte de las cadenas de valor y del tejido productivo y social, existentes en torno de la industria a mediados de la década de 1970, aumentó el desempleo, fracturó el mercado de trabajo, concentró aun más el ingreso y multiplicó el número de pobres e indigentes.

El deterioro de las condiciones sociales reflejó la contracción de la producción y el empleo, la creciente vulnerabilidad de la economía a las corrientes de capitales especulativos y la parálisis del Estado, agobiado por el peso de la creciente deuda externa y los desequilibrios macroeconómicos. Fueron los primeros frutos que recogió el país bajo el predominio de la estrategia neoliberal, inicialmente instalada con el programa económico anunciado el 2 de abril de 1976.

El retorno a la democracia bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín restableció la convivencia civilizada en la sociedad argentina.

En plena década perdida en América latina, bajo la crisis de la deuda y el predominio del pensamiento céntrico del Consenso de Washington, la democracia recuperada no logró, en cambio, reparar los agravios a la economía y a la cohesión social heredados de la dictadura.

Las políticas públicas quedaron maniatadas por el peso de la deuda y las tensiones políticas.

Algunos programas sociales focalizados lograron aliviar en alguna medida el deterioro de la situación social.

Sin embargo, al final del gobierno de Alfonsín, la hiperinflación revelaba la subsistencia de serios desequilibrios macroeconómicos.

En ese escenario, el gobierno de Carlos Menem, a partir de principios de 1991, adoptó la versión más extrema del canon neoliberal bajo el régimen de convertibilidad. Luego de un período de estabilidad y recuperación, fundado en crecientes desequilibrios macroeconómicos y aumento incesante de la deuda externa, la estrategia neoliberal entró definitivamente en crisis, en 2001/2002, bajo el gobierno de la Alianza.

El colapso registrado a principios de la última década del siglo XX y primera del XXI fue el epílogo del peor período de la historia económica argentina y de la cohesión social.

Entre 1975 y el 2002, per cápita, el PBI total cayó 10% y el PBI industrial 40 por ciento.

Todos los indicadores (desempleo, distribución del ingreso, pobreza, indigencia), expresivos de la cohesión social, alcanzaron sus peores registros históricos.

La recuperación posterior a la crisis, con fuerte aumento de la producción y el empleo y aplicación de políticas focalizadas hacia los sectores vulnerables, permitieron una considerable mejora del bienestar y la cohesión social, aunque subsisten problemas graves heredados de la catástrofe social provocada por la hegemonía neoliberal.

Este cambio fue posible porque el Estado logró el gobierno de la macroeconomía, encuadrar la deuda en niveles pagables con recursos propios y, por lo tanto, recuperar el ejercicio soberano de la política económica.

Este breve relato sobre la evolución del primer componente de la densidad nacional, es decir, la cohesión social, entre las tres fechas emblemáticas consideradas en el seminario de Cefidar, alcanza para ratificar la íntima vinculación entre el progreso social y el desarrollo económico.

Revela, por lo tanto, que el Estado y sus políticas públicas, por su papel decisivo en el proceso de desarrollo, son esenciales para fortalecer la cohesión social.

La calidad del Estado y sus políticas se refleja en dos cuestiones principales. Por una parte, la conformación de una estructura productiva capaz de gestionar e incorporar el conocimiento en el tejido económico y social, generar empleo de calidad y, consecuentemente, cohesión social.

Por la otra, el mantenimiento a largo plazo de los equilibrios macroeconómicos. La cohesión y el bienestar social están fuertemente asociados con el ejercicio de la soberanía en el despliegue de las políticas públicas y, por lo tanto, a la existencia de una relación simétrica no subordinada con el orden mundial.

Asimismo, la historia revela que el empleo es la principal correa de transmisión entre el desarrollo económico y el bienestar y la cohesión social.

Las políticas sociales focalizadas no pueden compensar las consecuencias resultantes del deterioro de empleo. Son, en cambio, esenciales, particularmente, en el campo de la educación, en el marco de una política de transformación, desarrollo y aumento de la demanda de trabajo.

La trayectoria del bienestar y la cohesión social en la Argentina, en estos dos siglos transcurridos desde la Revolución de Mayo, demuestra, en efecto, que las fases de avance se registran en períodos en que prevalecieron políticas de inspiración nacional desarrollista, y las de deterioro, en aquellas en que imperaron estrategias de signo contrario asociadas al canon liberal y, particularmente, el neoliberal.

– Por Aldo Ferrer – Buenos Aires Económico – 07-10-2010

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