La crisis del Banco Central y la puja por el uso de las reservas ha dejado huellas significativas durante estos días; el año ha comenzado nuevamente con variantes tanto de orden económico como social.
La renuncia de Martín Redrado quizás sea un final anunciado o esperado por otros, más allá que el gobierno acepte o no su dimisión; pero el ex presidente del Banco Central ha manifestado en la misma los motivos por los cuales se aparta de dicho cargo.
En primer lugar, hace mención del DNU 18/2010 el cual había sido impugnado por la resolución emitida en primera instancia por la justicia a raíz del incumplimiento del artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que su remoción por parte del Poder Ejecutivo mediante decreto del 7 de enero de 2010 no siguió los procedimientos debidos dentro del marco legal, sin el dictamen previo de la Comisión Bicameral.
El uso de la fuerza pública implementado por el oficialismo es otro de los aspectos mencionados por Redrado al igual que el período 2004-2010 en donde el país obtuvo una estabilidad monetaria y financiera frente a la crisis, ofreciendo a los argentinos tranquilidad, siendo además en sus dichos reiterados que ha cuidado de los ahorros de los argentinos.
A nuestro entender, la renuncia de Redrado fue una precisa justificación de su resistencia a no irse del cargo como presidente del BCRA, pero entiende además que su misión ha terminado y que ha cumplido debidamente con sus deberes en el rol desempeñado hasta la actualidad.
Ello sin dudas significa un final anunciado o adelantado al dictamen de la Comisión Bicameral que deberá elevar al Poder Ejecutivo en estos días, siendo en consecuencia el planteo de un interrogante si estamos ante un final o comienzo de la crisis institucional en Argentina.
Dicha crisis institucional iría acompañada de la falta de independencia del Banco Central que ha perdido, siendo ahora las reservas la gran protagonista en parte porque serán usadas con costos económicos y sociales para la sociedad que se verán reflejados en la inflación, el consumo, las inversiones y en el gasto público que no deja de incrementarse, aspectos que el oficialismo ignora o no son variables macroeconómicas que no integran a la actividad de la economía del país.
Pese a ello, estamos ingresando en una nueva etapa cuya evolución podrá despertar aspectos económicos y políticos cuyos costos no deberían ser pagados por la propia sociedad víctima de las crisis de la historia argentina.
– La autora de la nota es Jefa de Trabajos de las cátedras Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho. Master en Derecho y Economía (tesis en preparación) – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.
