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jueves, enero 21, 2021

La discriminación, un oprobio reiterado

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El INADI está a punto de pronunciarse sobre tres denuncias por discriminación contra el gobierno de Juan Carlos Romero: se trata del caso Miguel Rojo, la cesantía de Marina Guanca y el reclamo por el adicional no cobrado por trabajadores de la administración centralizada.

El caso Miguel Rojo se presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en setiembre de 2003. El sindicalista fue cesanteado por el gobierno del capitán Roberto Augusto Ulloa en 1992, y Juan Carlos Romero se negaba a reincorporarlo.

El caso llegó a tener resonancia internacional como ejemplo de violación del sistema de tutela sindical establecido por leyes nacionales y tratados internacionales como requisito indispensable para la existencia de un gremialismo independiente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que lo caracterizó como un caso de discriminación- se pronunció a favor del gremialista en junio de 1998 y tras un fallo de la Corte de Justicia de Salta Miguel Rojo fue reincorporado como agente de la administración pública de la provincia en el año 2004.

La presentación ante el INADI se fundamentó en el hecho de que Rojo -que trabajaba en Rentas-, tras su reincorporación, fue “afectado” a la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia con una reduccción de sus haberes en un 75%. Este trato no es generalizado ya que a otros empleados “afectados” a otras áreas se les abona los salarios íntegros, ajustado a derecho.

Tras una batalla judicial, gremial y mediática de 12 años Miguel Rojo logró una victoria parcial cuando fue reincorporado como trabajador del estado, ya que el gobierno no le pagó todavía -como corresponde- los salarios caídos.

Esa renuencia gubernamental -por la que se retacea un resarcimiento que va más allá de lo económico y alcanza lo moral, social y hasta familiar- es considerada un acto de discriminación que impide perfeccionar la acción de la justicia.

En realidad el gobierno plantea pagar a valores históricos con una moneda depreciada mediante consolidación de deudas, lo cual es inaceptable desde el punto de vista de Rojo. “Hubo devaluación, inflación y depreciación del valor de la moneda”, explica el sindicalista. En otros casos el gobierno ordenó el pago en efectivo y a valores actualizados con sus respectivos intereses “por tratarse de créditos de carácter alimentarios”. Tal carácter tienen los salarios caídos del sindicalista cesanteado, lo que refleja -tal como aduce en su presentación al INADI- un trato discriminatorio.

Maltrato y acoso laboral

Marina Guanca denuncia que primero la hacían trabajar en negro en la Secretaría de Asistencia Médica, luego la nombraron como pasante y finalmente la nombraron con artículo 30 (planta política) como jefa del área contable de la secretaría. Como denunció irregularidades primero fue degradada y trasladada a otro lugar de trabajo y finalmente la cesantearon.

jpg_discriminacion1.jpgEn marzo de 2007 la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública de Salta realizó una presentación ante el INADI en la que denuncia el caso de discriminación que sufrió la ex empleada estatal Marina Guanca, que es integrante de la Comisión Directiva de ATAP.

Un aspecto importante para la evaluación del INADI en este caso es la certificación médica psiquiátrica que muestra que Guanca se encuentra en tratamiento por trastorno ansioso-depresivo severo secundario a trastornos de relación laboral (acoso moral).

Por otra parte una profesional psicóloga expresa que la empleada cesanteada es una “paciente que asiste a psicoterapia por un trastorno mixto de ansiedad y angustia reactivo a circunstancia de maltrato y acoso laboral”.

El adicional de la discordia

El adicional fijo por equiparación (ley 6.929) surgió por la necesidad de compensar el congelamiento de la antigüedad a los estatales. Pero no lo cobraron trabajadores de la Administración Centralizada desde enero del 97 hasta junio de 2005. Salvo la Dirección General de Rentas, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General y Secretaría de Finanzas, que sí lo percibieron desde enero a julio inclusive de 1997. El reclamo de estos sectores se limita a la liquidación y pago del adicional desde agosto del 97 a junio de 2005. El resto de la planta de empleados públicos: policías, docentes, legislativos, etc. sí cobró el adicional integralmente.

Tras infructuoso reclamo ante el gobierno de la Provincia e inclusive en la justicia penal “por la configuración de delitos penales” -que la fiscal Emma Puente declaró inadmisible-, el caso fue presentado por ATAP en enero de 2007 ante el INADI.

jpg_Romero-2.jpgEn los tres casos se corrió traslado de las denuncias al gobierno de la Provincia que más que contrarestar los términos de esas presentaciones o acreditar prueba en contrario, se limitó a cuestionar la competencia y subestimar la capacidad del INADI para entender en estos temas.

Cumplidos los demás pasos y transcurridos los lapsos legales, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo se apresta a pronunciarse sobre los casos denunciados.

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