Seabord Co. se comporta como un enclave económico y político dentro del estado salteño y argentino.
El Ingenio San Martín del Tabacal posee stock de cañas como para suspender la zafra de este año. Además de los 57 despedidos, 1700 trabajadores –y sus familias- se quedarían sin ingresos. Las negociaciones desde el sábado pasado no llegaron a ningún acuerdo ante la intransigencia de la multinacional. Continúa el corte de la ruta 50, el cual no inquieta a la empresa.
Hasta el momento, el pueblo y el gobierno de Salta son los únicos perjudicados ante la soberbia de los directivos de Seabord Corporation, propietaria del ingenio San Martín del Tabacal, en Hipólito Yrigoyen, en el norte salteño.
Los primeros afectados son los obreros, tanto los 57 despedidos en plena negociación colectiva, como los 1700 trabajadores que fueron suspendidos ante la interrupción decidida unilateralmente por la empresa.
Este descalabro laboral, un crimen social contra las familias de los laburantes, repercute directamente en las sensibles economías de las localidades cercanas al ingenio, fundamentalmente Hipólito Yrigoyen, de donde provienen la casi totalidad de los obreros. La falta de ingresos significa la disminución de los consumos familiares y la retracción de las ventas de los pequeños comercios de la zona. Esta es la verdadera tragedia social. El corte de ruta nacional 50, medida de lucha de los trabajadores que no tienen capital ni otro poder para enfrentar el poder del gran capital, afecta indudablemente el tránsito de personas y bienes, pero la inmovilidad de los obreros significaría la derrota no sólo de ellos sino de toda la población de esta región del norte salteño.
Sólo la empresa norteamericana, beneficiada desde 1995 con créditos blandos, subsidios, exenciones impositivas, parece ganar con este “caos” generado por ella, tal como acusó el gobernador Juan Manuel Urtubey: tal como enseña la doctrina neoliberal, el terrorismo laboral resulta adecuado para disciplinar trabajadores, sacarse de encima a defensores de los derechos laborales, reducir la planta humana (en los últimos años echaron a más de 2000 personas) y redirigir sus negocios hacia la producción de energía eléctrica y biocombustibles, en lo cual se gana mucho más y se necesita menos gente.
Dicho de otro modo, Seabord Co. gana con la situación actual; su estrategia se resume en este principio: “cuanto peor, mejor para nosotros”.
Desafío al estado y al pueblo
Hasta el momento, los directivos del ingenio se han burlado de las instancias de diálogo establecidas por el estado nacional y salteño. Sus actitudes parecen decir “yo tengo el poder, yo hago lo que quiero”.
La declaración de la Cámara de Diputados de Salta, el martes pasado, que exigió a los empresarios de la multinacional norteamericana la reincorporación de los obreros echados y volver a las negociaciones con el sindicato azucarero, no les provocó ni cosquillas. Los jefes de la Seabord Co volvieron a cortar el diálogo que encaró el ministro de Trabajo Rubén Fortuny, pese a la disposición del sindicato de seguir negociando y levantar las medidas gremiales. “La empresa es la mayor responsable porque tiene que actuar como lo hace un empleador, conversar con los trabajadores…”, sostuvo Urtubey. Sus palabras ni fueron tenidas en cuenta por la firma que comercializa azúcar El Chango y Tabacal.
Según las consultas realizadas, la empresa azucarera y energética posee amplias espaldas financieras que le permitirían mantener el ingenio cerrado, hasta que la protesta obrera se desgaste. El objetivo sería quebrar la unidad entre sindicalistas y obreros y el apoyo de la población. Y hacer sus negocios sin control estatal. Cualquier semejanza con la trágica etapa neoliberal que llevó a los argentinos al borde de la desintegración social, no es casualidad.
Recuperar la soberanía estatal
“Hay empresas, como esta multinacional, que se manejan sólo con reglas del mercado…, y las variables de ajuste son los trabajadores”, sostuvo el diputado provincial Miguel Calabró, el jueves a la mañana ante la colega Marcela Jesús, en FM La Cigarra (96.7, www.fmlacigarra.com.ar). El legislador justicialista dijo que empresas como Seabord Co., aprovechando las facilidades que les dio el estado provincial y nacional, “hacen lo que quieren e imponen sus condiciones”.
“Cada vez que hay una zafra, ellos (por los empresarios de El Tabacal) dicen `yo voy a usar mi metodología (de negociación) con los trabajadores, entonces primero echan trabajadores, y luego negocian desde la fuerza, pues entonces lo primero para discutir es la reincorporación de los despedidos; es como una extorsión”, describió Calabró.
Molesto con las acciones en contra del estado y el pueblo salteño, el diputado aseguró: “creo que el estado tiene que tomar cartas en el asunto, y tal vez expropiar…la empresa juega con todos nosotros, con el argumento de que da trabajo, entonces, ellos dicen `echo a quien quiero, y negocio como quiero”.
Las palabras de Calabró son una vuelta de tuerca a lo manifestado por su par kirchnerista Pablo Viel, quien en programa “Más Vale Tarde”, en la misma emisora, había dicho que el estado provincial debía intervenir en el manejo de la multinacional.
En este sentido, también en dicho programa radiofónico, el dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina, Vuenaventura David, sostuvo “ahora tiene que resolver la provincia, y esto significa `vamos a expropiar esta empresa´, sino, no va a haber solución”. Asimismo explicó que la respuesta del estado debe ser fuerte, “pues ni siquiera sacándoles los subsidios que tienen van a cambiar sus conductas contra el pueblo. La decisión es del Estado, pues el agua, las tierras, son del Estado”, aseguró David.
