Una investigación efectuada en siete países de América latina revela una tendencia creciente por parte de los gobiernos de la región a interferir en la independencia de medios de comunicación y de periodistas con mecanismos sutiles, esquivos al conocimiento público.
El informe, elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York, lleva por título El precio del silencio y analiza la problemática en la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras y Uruguay.
El estudio señala que, con diferentes magnitudes, hay problemas de abuso de la publicidad oficial en muchos países de América latina. Pero hay naciones, como Chile y Uruguay, donde desde el gobierno se están impulsando alternativas para regular las prácticas de distribución de la publicidad oficial. En el caso del país trasandino, el avance se tradujo en agosto de 2006 en la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar la distribución de la publicidad del gobierno de Michelle Bachelet. En tanto, el gobierno de Tabaré Vázquez convocó a distintos sectores políticos y de la sociedad civil para la elaboración de un proyecto de ley.
En el caso de la Argentina, el informe menciona que persiste un manejo “abusivo” y “discrecional” de la publicidad oficial, que funciona como una especie de “censura indirecta” sobre la prensa. A esto cabe agregar que, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones latinoamericanas, las iniciativas locales para regular la distribución de avisos no registran avances por falta de apoyo del Gobierno. En el Congreso de la Nación son siete los proyectos de ley sobre el tema que han corrido esa suerte. Sólo existe una ley en el nivel provincial, aprobada en febrero pasado por la Legislatura de Tierra del Fuego.
Las modalidades de la censura indirecta o sutil, como la llamaron en el informe, son cuatro: el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en los contenidos de los medios, los pagos hechos directamente a periodistas, la asignación discriminatoria de publicidad a favor de aliados políticos y el uso de la publicidad con fines propagandísticos. Según el estudio, este último método se registró en la Argentina.
En efecto, el informe destaca: “A pesar de las restricciones legales que rigen para la publicidad oficial en períodos de campaña, la gestión del presidente Néstor Kirchner aumentó su gasto en 2007 y dedicó generosos recursos a financiar avisos para promocionar su imagen en un año electoral en el que su esposa se postuló para la presidencia”.
La distribución de la pauta publicitaria se sigue haciendo en forma discrecional, con la no declarada intención de que los medios beneficiados aten su línea editorial a los intereses del gobierno, sea éste nacional, provincial o municipal. De esta forma, está en juego la libertad de expresión, pues no pocos medios terminan dependiendo de esos ingresos para sobrevivir.
El Estado tiene el deber de dar a publicidad sus actos y llevar a cabo campañas de información que den cuenta de sus políticas. Estas se llevan a cabo, muchas veces, a través de la publicación de avisos pagos en los medios de comunicación. Ninguno de ellos tiene derecho a recibir publicidad oficial, pero todos los que reciben esos avisos tienen derecho a no dejar de recibirlos como consecuencia de sus contenidos críticos hacia el poder político de turno.
No se trata de que el Estado mantenga a los medios, sino de que los recursos que gasta en sus campañas sean distribuidos de manera transparente, controlada y racional. No hacerlo implica dejar al arbitrio del gobernante el manejo de recursos públicos en función de la mayor o menor complacencia que los medios y sus periodistas adopten ante la autoridad política. Algo que, en la práctica, constituye una censura sutil, en ocasiones efectiva.
Es vital, al mismo tiempo, que comunicadores y responsables de medios periodísticos comprendan que su único compromiso debe ser con su público, al tiempo que su mayor capital no dependerá nunca del tamaño de la pauta oficial que sean capaces de recoger, sino de su credibilidad y su calidad informativa, valor sin el cual, tarde o temprano, ningún producto periodístico podrá sobrevivir.
Fuente:
Editorial del diario La Nación, del lunes 25 de agosto de 2008.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1043036
