Memoria 2013: historia de la represión en Salta

La derrota del pueblo no podía durar más tiempo. La verdad se construye lentamente y la justicia llega tarde o temprano.

Gestación del golpe del 76

La historia argentina está atravesada por antinomias: 1º fueron los federales vs. los unitarios, después Bs. As. vs. Provincias, luego radicales vs. conservadores y por último, peronistas vs. antiperonistas que dividió a los argentinos desde 1945 y faltó una visión política conciliadora. Pese a los intentos de Frondizi e Illia en los 60, el poder militar controló a los gobiernos civiles. Comenzó un silencio cómplice de políticos neoliberales que preferían un golpe militar antes que la adhesión a un gobierno peronista. La muerte de Perón en el 74 quien había vuelto en el 73 llamando a la “unidad” a todos los sectores, malogró la capacidad de reacción de los partidos políticos en un país jaqueado por la crisis económica en tiempos de Isabelita.

El accionar armado de los sectores antinacionalistas, encontró un buen momento para desplegar su operativo de muerte. Desde la década del 30, Estados Unidos expandió sus políticas anticomunistas, la revolución cubana alertó a todo el continente y se temían las ramificaciones del guevarismo. Chile en el 40, alimentó un sistema de represión interconectado entre repúblicas del sur, denominado Plan Cóndor. La Escuela de las Américas adiestró a generales latinoamericanos con tácticas de la OAS francesa que usó la tortura en la guerra entre Argelia e Indochina. Las políticas represivas se globalizaron en contra del marxismo. Así se forjó en el ejército la ideología del Ser Nacional, convencidos del peligro que aparejaban los revolucionarios. Perón en el exilio alentaba la formación de milicias populares que hostigaran a los gobiernos militares y sus mensajes eran de izquierda, inspirado en el Mayo francés y el Cordobazo. Así surgen dos alas del peronismo: Montoneros, de centroizquierda (armados); y la CGT y las 62 organizaciones, de centroderecha. La violencia de grupos de izquierda como el ERP terminó por ser contraria a los intereses del pueblo. “Ni yanquis ni marxistas: peronistas” fue la consigna de Perón, quien dejaba de lado la tendencia de izquierda y se alejaba de Montoneros luego que estos planearan el asesinato de Rucci.

Genocidio

La época del horror en Argentina comienza en 1974 con la formación de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y se agrava con el golpe militar de la oligarquía el 24 de marzo de 1976, año que inicia el Proceso de Reorganización Nacional, así denominado por los milicos de la dictadura (Videla, Agosti y Bignone de una larga lista).

Los genocidas pusieron en marcha la etapa de exterminio mediante la represión sistemática y planeada de personas por medio de secuestros, desapariciones, torturas, traslados de presos políticos, robo de bebés nacidos en cautiverio, vuelos de muerte para arrojar gente al mar, entierros en zanjas y campos, simulacros de enfrentamientos y centros clandestinos de detención.

Fue un golpe a la clase trabajadora del país con ataque a toda persona considerada subversiva. Cayeron víctimas inocentes de todos los sectores sociales, desde estudiantes por reclamar cambio de rector, de obreros que pedían más salario, de intelectuales que alimentaban teorías, de periodistas que hacían su trabajo, hasta maestras que enseñaban derechos a los peones de campo, sólo por pensar distinto.

Los antiperonistas eran sospechados de idear la guerrilla urbana. No se salvaba nadie. Para imponer su Plan económico, las fuerzas armadas aniquilaron las organizaciones del pueblo, los sindicatos y los partidos políticos con el objeto de quebrar toda resistencia ideológica.

Los dictadores hicieron desaparecer 30 mil personas, crimen de lesa humanidad denominado genocidio. No pudo haberse llevado a cabo sin el apoyo a la Triple A de parte de la clase dominante y de una estructura episcopal que disimulaba la violencia. En Salta, Ricardo Isidro Benjamín de la Vega y Alejandro José Rubio fueron instructores locales de teorías y prácticas aberrantes. La “Banda de los comisarios” mutilaban los cuerpos con explosivos (Luciano Jaime) y con ametrallamiento (Eduardo Fronda).

Mutilación

Eduardo Fronda era un dirigente de la Juventud peronista y lideraba además, el Sindicato de Vendedores ambulante. Su hermano Luis Rubén, jamás silenció lo ocurrido y hasta el presente reclama justicia, en representación de todos sus familiares. Por entonces, Eduardo dejó su casa porque recibió amenazas de muerte e intentó refugiarse en el Hotel Colón, pero la policía cuyo brazo ejecutor era Joaquín Guil lo seguía por señalarlo como “subversivo” y no pudo escapar a tan cruel final con apenas 25 años de edad. La noche del 7 de enero de 1975 en la Central de Policía, Eduardo conversó con el cronista Luciano Jaime de El Intransigente (que fue trinchera y aula, tribuna y foro), quien no imaginó que al día siguiente aparecería acribillado con 30 balazos de un calibre 45 camino a Lesser, a 5 Km de la ruta 9 en jurisdicción del Municipio Vaqueros (La Caldera), de lo cual dio varios reportes periodísticos confirmando hechos de tortura (picana y golpes) y dando detalles del crimen, crónicas que a Jaime le costaron la vida por ser testigo ocular de la detención de Fronda y revelar los signos de tortura, mientras El Tribuno tapaba los hechos. Luciano fue indagado y preguntado por sus afirmaciones sobre el uso de “picana” en la víctima y pasó tres días en el calabozo. Fue dinamitado en El Encón Chico a pocos días después del crimen de Fronda ocurrido el 8 de enero. La imagen de Eduardo Fronda “ultimado a tiros”, con sus manos atadas con cables eléctricos de color blanco en la espalda, amordazado, con los ojos vendados y el cuerpo ultrajado, fue testimoniada por Jaime, un verdadero héroe. La tragedia los uniría para siempre en la historia de la represión en Salta.

Eduardo fue la víctima nº 1 por causa política y la de Jaime, representará la censura más vil perpetrada a la prensa; ambos asesinatos sentaron un antecedente de los sangrientos hechos posteriores: atentados con explosivos, desapariciones y crímenes atroces.

El caso Fronda fue reabierto por la Justicia en el 2007 (expte. 481/05) y tanto Joaquín Guil como Juan Alzugaray recibieron condena por crimen calificado; sin embargo los jueces Aguilar, Pérez y Loutayf Ranea mandaron a prisión domiciliaria a Guil.

Los asesinatos de Enrique Urueña y Menena Montilla Santillán fueron otra prueba del accionar de grupos comandos en el norte, cuando el ejército operaba bajo el nombre de Comando Libertadores de América.

Desaparecidos en Salta antes del 24 de marzo del 76

René Norberto Arias, Miguel Ángel Arra, Víctor Mario Brizzi, Julio Culebria, Felipe Burgos, José Hernández, Juan Carlos Chaparro, Quico Maidana, Ramón Maidana, Gustavo Medina Ortiz, Mario Domingo Monasterio, Miguel Ragone, Francisca Delicia Torres, Hugo Velásquez

Magnicidio

11 de marzo de 1976. Desaparición forzada del Dr. Miguel Ragone (tucumano nacido el 25 de mayo de 1921) “único gobernador constitucional desaparecido en la historia del país” (como lo indicaron Barquet-Adet en su libro). Se desempeñó como Secretario Privado del Ministro de Salud de Perón y como colaborador del Plan de Salud. Fue el 1er. Director del Hospital Neuropsiquiátrico.

El 11 de marzo, unos días antes de las elecciones y del golpe de estado, Ragone fue secuestrado en el momento que se encontraba yendo a su trabajo. En un intento por eliminar a los testigos del secuestro, los captores balearon a Margarita de Leal, que sobrevivió, y a Santiago Arredes, un vecino, que murió.

“El médico del pueblo” gobernó Salta 18 meses (73-74), tras ganar con la fórmula Ragone-Ríos, con la que obtuvo más del 57 % de los votos por el justicialismo salteño. Dos sectores dividían al peronismo y creaban confusión ideológica, frente a la figura comprensiva, austera, democrática y de pensamiento peronista ortodoxo de Ragone, víctima de conflictos irresueltos. Realizó una Reforma de la Justicia, además de una gran tarea educativa, desarrollo de la salud pública y obras de infraestructura. Su jefe de policía, Rubén Fortuny, quien ordenó el procesamiento de la cúpula policial de la anterior dictadura, fue asesinado en 1973 por Emilio Pavicevich (legislador) de un tiro en el pecho en la confitería del Hotel Victoria en presencia de su hijo; así, tanto él como Eduardo Fronda (militante) y Luciano Jaime (periodista) son las nuevas víctimas del terrorismo de estado de la Triple A creada por López Rega, cuya máxima hazaña en conjunción con sectores políticos de turno, fue la desaparición de Ragone, de quien quedó una mancha de sangre y un zapato, previo al golpe del 76.

En octubre de 2011 El Tribunal Oral Federal en lo Criminal dictó un fallo histórico con la condena a tres de los imputados en el crimen de Ragone. La familia, Clotilde Suárez (viuda), hijos y nietos no quedaron conformes con la libertad de dos de los imputados. Pidieron el esclarecimiento sobre la responsabilidad del ex Juez Federal Ricardo Lona y que se trabaje por el hallazgo del cuerpo y de los ejecutores. Los condenados a perpetua: Carlos Alberto Mullhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil. Dos años para Pedro y Nelson Herrera y absolución para Andrés Soraire (ex policía) y Jorge Zanetto (ex vocero de la Triple A).

Mientras se desarrollaba el Juicio por Ragone, el sociólogo salteño Alberto Noé, hermano del abogado Víctor Noé secuestrado y desaparecido en el 76; ex exiliado político e investigador, dijo a Página 12: “Salta parece ser un refugio de bandidos”. Y agregó: “El dato puede probarse empíricamente mirando el juicio a Patti: uno de los genocidas que torturaron a Diego Muniz Barreto es Martín Rodríguez, que estaba dando clases en la Universidad Católica de Salta, por eso digo que acá hay una serie de militares y civiles refugiados con total impunidad, en cualquier bar tengo que sentarme al lado de un asesino y la Justicia digamos que está en manos de la derecha: el juicio de Ragone se está haciendo con jueces de Jujuy, Tucumán y Tierra del Fuego, no hay jueces de Salta, es decir, los de acá no se animan porque tienen complicidades”.

Durante el 2012, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, presentó un proyecto para que se instituya el 11 de marzo de cada año como “Día del Gobernador Miguel Ragone”.

Masacre: 11 presos políticos van en coche a la muerte

Bajo el mando del Capitán Hugo Espeche, jefe del traslado de prisioneros de Villa Las Rosas se produjo la Masacre en Palomitas, ocurrida la noche del 6 de julio de 1976, otro eslabón de la Operación Masacre. Fueron fusilados: Celia Leonard de Ávila (maestra; amamantaba a su beba de 4 meses nacida en cautiverio), Roberto Luis Oglietti (estudiante universitario), María del Carmen Alonso de Fernández (arquitecta, sobrina de Miguel Ragone), José Povolo (comerciante), Georgina Dross (profesora de ciencias de la educación), Benjamín Ávila (esposo de Cecilia), Evangelina Botta de Nicolai (psicóloga santafesina), Amaru Luque de Usinger (psicóloga santafesina, esposa de José), José Usinger (ingeniero, esposo de Amaru), Pablo Outes (comerciante), Roberto Sabranzki (médico). Jorge Ernesto Turk Llapur fue otra víctima. Gobernaba por entonces la provincia de Salta, el Capitán de Navío Héctor Gadea. Ex Jefe de Policía: Miguel Raúl Gentile. Ex Jefe de la Guarnición Ejército Salta: Carlos Alberto Mulhall.

En una entrevista realizada por Salta 21 a Gerardo Restom, el abogado dice lo siguiente: «Esa noche, el pabellón de los presos políticos y parte de la Cárcel Modelo de Salta quedaron sin luz, en la oscuridad plena. Fueron sacando a los prisioneros políticos y los cargaban en furgones cerrados. Fueron ONCE, en total. Pero, es mi deber desmitificar el lugar donde los familiares creen que los mataron: Palomitas. A ese lugar llegaron muertos… a todos los asesinaron acá, en los cuarteles de Nuestro Ejército Argentino, luego trasladaron los cadáveres a Palomitas, los pusieron dentro de una camioneta y un automóvil que ellos secuestraron cerca de la rotonda de Güemes y los ametrallaron y dinamitaron”. Y afirma que Turk fue traído en el 2006, y que figura entre los mártires de Palomitas pero “está probado que allí no mataron a nadie”. “En total eran once cadáveres sacados de los cuarteles de Salta”– explicó a esta cronista en su testimonio. Para Restom, al Dr. Turk lo mataron en Jujuy y está en el Monumento a la Memoria junto a los once mártires.

Estas son sus “Tristezas Escondidas”, libro en donde cuenta esta versión de los hechos, conocedor de los detalles ocurridos en la persecución de los hermanos Outes Saravia hasta su asesinato.

Desaparecidos durante la dictadura

Desaparecieron 54 personas durante el gobierno de Héctor Gadea. En el 2000 durante los Juicios por la Verdad, se comenzó a investigar las desapariciones de Aniceto Berón y Juan de Dios Ortiz, y el asesinato de Fidel Yazlle Sayago. En setiembre del 76, asesinaron en su domicilio a Martín Miguel Cobos y Ángel Federico Toledo. Durante el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa (abril del 77 a oct. del 78) desapareció el escribano Aldo Melitón Bustos (secuestrado en su estudio de Tartagal, introducido en un Dodge 1500 color amarillo dos días después que discutiera con un capitán del ejército que lo tildó de “subversivo”; fue llevado a Gendarmería y luego al monte donde fue asesinado- según confesó años después un suboficial); Juan José Figueroa Elías, Orlando Ronal Molina, Juan Carlos Parada y Pedro Bonifacio Vélez.

Hubo personas vinculadas a Salta, desaparecidas en otras provincias cuyos nombres cabrían añadir al presente listado. En este sentido, podemos nombrar al Dr. Víctor Noé, ex dirigente del Tucumanazo. Lo secuestraron el día 26 de octubre de 1976, en la esquina de Rivadavia y Callao, donde existía la Confitería del Molino en la ciudad de Buenos Aires; tenía 28 años, vivía en la Capital Federal, porque la Triple A lo amenazó en Salta, y como no podía ejercer públicamente su profesión de abogado, era profesor en Buenos Aires. El 30 de agosto de 2002, por iniciativa del Colegio de Abogados de Salta presidido en aquella época por el Dr. Daniel Tort, con el apoyo de Nora Jiménez, presidente del Concejo Deliberante en esa oportunidad, se inauguró la Plaza Doctor Víctor Noé, en la esquina de Coronel Suárez y Ameghino, Barrio Luján, de nuestra Ciudad. Allí se conmemora cada año su lucha por combatir el miedo y la desesperanza frente a un escenario dictatorial que empobrecía a los obreros azucareros de Tucumán.

15 víctimas identificadas del Banco Nación

La Comisión del Banco formada en el 2003 realizó el “I Homenaje a los compañeros detenidos-desaparecidos”, víctimas del Terrorismo de Estado, reconocimiento institucional aprobado durante la gestión de Gabriela Ciganotto (2006) con una muestra en el 2007 de 12 personas identificadas que luego sumaron 15, en la medida que fue avanzando la investigación. En octubre, se les entregó a los familiares medallas en el acto central del aniversario del Banco como “trabajadores víctimas del Terrorismo de Estado”, y no como “cesantes por abandono de trabajo”, inscripto en sus legajos.

Los homenajeados fueron: Alfredo Guillermo Barbano, Luis Ricardo Verón, María Teresita Scianca de Khum, Juan Carlos Gualdoni, Carlos Raúl Pargas, Raúl Alberto Serrano, Carlos Felipe Ochoa, Ángel Alfonso Medina, Eduardo Guillermo González, Hugo Alberto Scutari, Juan Carlos Pellegrini Druetto, Ricardo Eugenio González, Alberto Roque Krug, Daniel Hugo Arteaga y Jorge Rubén Degiampietro.

Megajuicio por crímenes de lesa humanidad

En Salta, continúa el juicio que comenzó el 21 de mayo de 2012 en el que son juzgados 19 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 víctimas, entre los años 1975 y 1978. Actualmente resta que presenten su testimonio ante el tribunal alrededor de 50 testigos.

Los imputados son: GUIL, Joaquín; ALZUGARAY, Juan Carlos; MULHALL, Carlos Alberto; VIVAS, Jacinto Ramón; CAUCOTTA, Felipe; PUERTAS, Roberto; GENTIL, Miguel Raúl; MURUA, Abel Vicent; CORREA, Julio Oscar; TOLEDANO, Raúl Eduardo; PACHAO, Mario Reinaldo; MENDÍAZ, Virtom Modesto; OVALLE, Juan Manuel; VUJOVICH VILLA, Ubaldo Tomislav; DE LA VEGA, Ricardo Benjamín; CHAIN, Fernando Antonio; GATTO, Marcelo Diego; CORNEJO ALEMAN, Joaquín y RÍOS EREÑU, Héctor Luis.

El ex comisario general Joaquín Guil, jefe de Inteligencia de la Policía de Salta durante la última dictadura cívico-militar, comenzará a ser juzgado por 16 homicidios, entre ellos los asesinatos de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Aldo Víctor Bellandi, Sylvia Aramayo, Alfredo Mattioli y Héctor Gamboa. Podrían irse sumando nuevos procesamientos, porque se lo investiga en relación a otros crímenes de lesa humanidad.

Tanto Guil como Carlos Alberto Mulhall, jefe del Ejército en la época de la dictadura, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad (por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Arredes y el intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal), y nuevamente procesados por su participación en los secuestros y homicidios del joven Alfredo Colqui; de su madre, Lidia Gómez, y de su tío, Rolando Gómez, hechos ocurridos en septiembre de 1976 en la ciudad de Salta.

Se trata de uno de los juicios más importantes que se dieron en Salta porque involucra múltiples causas, víctimas e imputados. Se retomará el capítulo sobre la desaparición de estudiantes y profesores de la UNSa. Comparecerán, entre otros, Carlos Mulhall, Juan Manuel Ovalle, Raúl Gentil, el ex cnel. Ríos Ereñu, el ex capitán Estanislao Bujovich Villa y Joaquín Guil.

En el juicio declaró Mario Casalla, ex Director de El Tribuno y ex Secretario Académico de la UNSa (1975-1976) quien por la nefasta época se defendió diciendo que no era subversivo sino “colaborador del proceso”, según confesó en el Juicio por Ragone. «Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978.

La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra”, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces.

En palabras del querellante Martín Avila: “Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Ángel Arra”.

El 19 de noviembre de 2012, el profesor Casalla negó toda vinculación con la dictadura en un careo con la profesora de filosofía Ana Simesen de Bielke a quien este le dijo que la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa tenía «malos informes» y notablemente su contrato no fue renovado para 1975. Fue secuestrada y desaparecida en septiembre de 1976.

Pero Casalla se declaró víctima de la intervención militar e insistió en su no participación en ningún hecho que lo vincule durante la dictadura.

Para finalizar, cabe afirmar que los docentes golpistas de la UNSa. no fueron investigados y que la lista de colaboracionistas aún no salió a la luz. Quienes dieron los nombres de compañeros que secuestraron y desaparecieron, es un secreto a voces.