Tras el anuncio que 700 policías fuertemente armados concretarían el desalojo vecinos de los asentamientos de la zona sur de San Ramón de la Nueva Orán permanecieron en vigilia toda la noche dispuestos a resistir y marcharon en la mañana de ayer -en una manifestación que reunió a un millar de personas- hacia el centro de la ciudad. El abogado Hernán Mascietti denunciará en la Justicia Federal que no se hizo lugar a los hábeas corpus que presentó para amparar a niños de la villa.
En San Ramón de la Nueva Orán crece la tensión social debido a la situación que afecta de miles de pobladores de asentamientos irregulares ubicados en la zona sur de la ciudad sobre los que pende una orden de desalojo. El juez Ruth fue severamente cuestionado por dirigentes del Partido Obrero y militantes por los Derechos Humanos que temen que su disposición gatillara una represión similar a la que se dió en Salta en el barrio San Expedito.
Cuando el fantasma de desalojo parecía disiparse la situación volvió a complicarse debido al anuncio realizado por los comisarios Cañizares y Farías en un programa del periodista (cercano al oficialismo) Roberto Meri que unos 700 efectivos de la infantería policial ya se dirigían desde la ciudad de Salta hacia Orán para efectuar el desalojo. Los diputados del Partido Obrero Claudio del Pla y Pablo López denunciaron esta amenaza en el recinto legislativo en la reunión de la cámara el martes y volvieron a responsabilizar por la situación que se vive en los asentamientos al gobierno de la Provincia y al secretario de seguridad, Gustavo Ferraris.
La amenaza generó gran incertidumbre en los asentamientos oranenses, donde la gente se preparó para resistir el desalojo y pasó toda una noche de vigilia en espera del anunciado arribo de los efectivos policiales. Pero la amenaza no se concretó. Por la mañana, un millar de personas salió en manifestación desde los asentamientos y se dirigieron hacia el centro de la ciudad, ubicado a unos 4 kilómetros. Algunos -los más exaltados- proponían marchar hacia la casa del intendente Barberá, quien se encuentra desaparecido desde el inicio de la crisis.
La cara visible del gobierno municipal frente a la cruda problemática habitacional que derivó en una crisis social, política y judicial es Sergio Sajia un oranense que trabajó en el IPS en un alto cargo directivo. Fuentes del Partido Obrero cuestionan su desempeño en el Instituto y lo vinculan con una presunta maniobra en la que habrían desaparecido fondos. «Por eso lo mandaron de vuelta para acá, y ahora está como secretario de gobierno», señalan. «Sajia intentó despejar la manzana 104, que dicen que está destinada a la escuela y convenció a sus ocupantes para que vayan a tomar otro predio, pero desde allí fueron corridos y volvieron a la manzana 104 con sus pertenencias destrozadas», informó un militante del PO a Salta 21 desde Orán.
La situación en los asentamientos de Orán parece más complicada que la que se vivió en Salta en San Expedito. La amenaza lanzada por los comisarios Cañizares y Farías según la represión estaría a cargo de efectivos policiales fuertemente pertrechados «con armas de grueso calibre» fue relacionada a la preparación -según estimaron- de una resistencia muy fuerte dentro del asentamiento. «Sabemos que ahí hay gente con machetes, palos y armas blancas», señalaron los jefes policiales.
La tensión social y política derivada de la crisis habitacional en Orán crece. El intendente Eliseo Barberá no aparece. Hay quienes dicen que no está en la ciudad mientras que otros especulan con que podría estar escondido.
La crisis es también: hasta el momento no se pudo concretar la orden de desalojo emitida por el juez Ruth y la justicia local no admitió los hábeas corpus presentados por el abogado Hernán Mascietti para proteger a los 2.500 niños de la barriada frente a una eventual acción policial violenta. La falta de admisión de este recurso -establecido como una garantía ciudadana en la Constitución Nacional- ocasionará una denuncia por parte de Mascietti que viajará el viernes a la capital de la provincia para radicarla en la Justicia Federal.
