Orlando Argentino Gonzáles debía presentarse a las 9 de la mañana en la Fiscalía Federal para denunciar nuevas amenazas recibidas, que involucran al ex comisario Francisco Camilo Orce -quien actualmente se encuentra procesado y detenido en Villa Urquiza-. Sin embargo nunca llegó y hasta el momento se desconoce su paradero. Hoy miércoles a las 10 de la mañana, organismos de Derechos Humanos convocan a concentrar en el Tribunal Federal.
González es sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Arsenal “Miguel de Azcuénaga”. Fue detenido en mayo de 1976 en un bar de la localidad de Ranchillos, interrogado y golpeado por Orce.
La causa de Orlando González está relacionada con la de todas las víctimas oriundas del Empalme – Ranchillos. En ese entonces, fue secuestrado en pues querían averiguar el paradero de vecinos del lugar, algunos desaparecidos y otros sobrevivientes. Sin embargo, el testigo actualmente desaparecido cultivaba caña de azúcar y no mantenía relación con las personas buscadas; sólo tenían de común el apellido.
“Hoy buscamos a Orlando. Tenemos elementos suficientes para pensar que está pasando por una situación muy difícil; estaba asustado, preocupado debido a las amenazas constantes. Querían que retirara la denuncia contra el ex comisario. El juzgado estaba advertido sobre los nuevos acontecimientos y sólo restaba la formalidad del trámite para que el Estado le brindara seguridad”, que nunca se concretó, manifestó su abogada Laura Figueroa.
El año pasado, mientras estaba hospitalizado, fue amenazado por Orce, por lo que debió ser custodiado por fuerzas de seguridad para que pudiera ser intervenido quirúrgicamente.
“Mario “Malevo” Ferreyra se mató en cámara de televisión y Francisco Orce eligió ‘apretar’ y amenazar a través de ‘manos desocupadas’ al mejor estilo de los grupos de tareas. Ambos actuaron en la localidad de Ranchillo, ambos fueron voluntarios en el Operativo Independencia, ambos despreciaron a la justicia; por eso eligieron el camino de la sombra y del delito”, indicó Figueroa.
Ante la gravedad de la situación, los organismos de Derechos Humanos se encuentran movilizados y ya realizaron todas las denuncias pertinentes a la Justicia Federal. A pesar de que hay mucha preocupación, hay también “optimismo porque se actuó con rapidez”, según dijeron desde los organismos.
El antecedente de Julio López –testigo desaparecido desde septiembre de 2006- es un punto de referencia ineludible que todo el aparato estatal debe tomar en cuenta para actuar con la celeridad que amerita la ocasión.
Organismos de Derechos Humanos convocaron a una concentración a las 10 de la mañana en Tribunales Federales para exigir la aparición con vida de Orlando Argentino Gonzáles, que ningún represor camine por las calles de argentina y Justicia Ya!
Antecedentes
En su última edición impresa, Contrapunto publicaba una nota de familiares de desaparecidos –algunos testigos en las causas contra Orce- que denunciaban amenazas constantes.
Allí afirmábamos que “Dardo y Bernardino González son familiares de Héctor Ricardo y Víctor Hugo González, quiénes fueron secuestrados el 19 de Agosto de 1976 por una patota de efectivos de las fuerzas de seguridad. Orce integraba ese grupo.
Desde noviembre, cuando se suicidó el “malevo” Ferreyra, Dardo, Bernardino y otros siete testigos de Ranchillos, están siendo víctimas de intimidaciones, que van desde las amenazas telefónicas hasta las “apretadas” en lugares públicos”.
Además denunciamos la ausencia estatal para proteger a los testigos. “Nosotros queremos apoyo del gobierno, porque nosotros tememos por nuestra familia. Un solo policía no alcanza para protegernos; tenemos miedo porque nos dejan desprotegidos. Es como si estuviéramos viviendo en la década del ‘70. Por eso, pedimos que el Estado tome más cartas en el asunto y nos proteja”, exigía Bernardino en esa nota.
Aparato represivo| Un sector de la policía estaría involucrado
Testigos amenazados exigen mayor protección del Estado
Son de Ranchillos, una localidad al este de Tucumán. Vienen siendo objeto de constantes persecuciones por sectores vinculados al represor Emilio Orce desde noviembre último. Bernardino y Dardo González, familiares de desaparecidos, advierten que “jamás nos vamos a callar; nunca más van a tocar a ninguno de nuestra familia”.
Un sábado lluvioso de fines de abril, se realizó en la plaza El Empalme de Ranchillos una jornada cultural convocada por organismos de Derechos Humanos.
La actividad, que contó con una importante concurrencia, tenía como objetivo principal hacer una demostración de apoyo a testigos de la localidad que están siendo permanentemente amenazados y perseguidos por sectores ligados al represor y ex policía provincial, Camilo Orce.
Dardo y Bernardino González son familiares de Héctor Ricardo y Víctor Hugo González, quiénes fueron secuestrados el 19 de Agosto de 1976 por una patota de efectivos de las fuerzas de seguridad. Orce integraba ese grupo.
Desde noviembre, cuando se suicidó el “malevo” Ferreyra, Dardo, Bernardino y otros siete testigos de Ranchillos, están siendo víctimas de intimidaciones, que van desde las amenazas telefónicas hasta las “apretadas” en lugares públicos. También sus abogados, Laura Figueroa y Pablo Fernández, fueron objetos de amenazas.
“Estamos recibiendo todo tipo de amenazas sicológicas, persecuciones. Nos presionan para que no denunciemos, para que no nos presentemos a declarar. En esta tarea están involucrados ex policías. Gente que está siendo juzgada, como Orce y Albornoz”, contaron los testigos.
Hace unas semanas, personas relacionadas a Orce fueron a la oficina donde trabaja Bernardino y lo amenazaron. Amparados en la impunidad, le dijeron que tenga cuidado, porque algo le podía pasar a su hijo. También afirmaron que tienen una lista de gente de apellido González “que va a ser boleta”.
Estos sectores tienen un trabajo de inteligencia muy aceitado. Hasta intervienen los teléfonos; señal de alerta de que cuentan con un importante nivel de organización.
“No son solo ex integrantes de las fuerzas de seguridad. Están trabajando con sectores de inteligencia de la policía”, manifestó Dardo.
En este sentido, contó que hace unos meses, el comisario Monteros, de Ranchillos, se presentó en su casa para “hacer un tipo de allanamiento. Fue en un auto sin patente, sin uniforme. Lo denunciamos en el juzgado federal y fue separado de esa comisaría. Pero ya está trabajando en otra unidad y no se le empezó sumario”.
Pero no solo personas que tienen un vínculo indirecto con el ex policía provincial son artífices de amenazas y persecuciones. La hija del represor, Nadia Orce, juega un rol fundamental en la estrategia de amedrentar testigos para evitar que declaren.
“Nos persigue cuando vamos a declarar. Nos saca foto, nos filma. Tiene sicarios que la ayudan y que nos seguían hasta dentro del juzgado, pero ya la Cámara Federal les ha prohibido ingresar al edificio. Sabemos que hasta tiene contactos con la mafia de los Ale”, indicaron Bernardino y Dardo.
Ese es el nivel en el que operan. Por lo bajo. Sucio. Cobardes. Intentando ampararse en la oscuridad. Aprovechando un Estado que no los combate a fondo. Son el aparato represivo. El que sigue intacto.
Estado, ausente
Ante la magnitud de la situación, el Estado –tanto provincial como nacional- se encuentra prácticamente ausente.
“Nosotros queremos apoyo del gobierno, porque nosotros tememos por nuestra familia. Un solo policía no alcanza para protegernos; tenemos miedo porque nos dejan desprotegidos. Es como si estuviéramos viviendo en la década del ‘70. Por eso, pedimos que el Estado tome más cartas en el asunto y nos proteja”, exigió Bernardino.
En este sentido, insistió en que no tuvieron apoyo del gobernador José Alperovich, ni del ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera ni del secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse. Tampoco el gobierno provincial reglamentó la Ley de Protección al Testigo, sancionada en el 2006.
Todo esto ha ocasionado que muchos testigos no se animen a declarar, lo que convoca la reflexión de cuál es la real voluntad de los gobernantes de turno para que realmente se juzgue a los represores.
Pero Dardo concluyó que “vamos a seguir adelante hasta que llegue el día de mi muerte. Jamás nos vamos a callar. Nunca más van a tocar a ninguno de nuestra familia. Ya no estamos más en la dictadura. Ya no tienen el poder ilimitado para violar, secuestrar, asesinar. Deben pagar por lo que han hecho. No vamos a permitir que este genocida siga suelto, vamos a seguir luchando para que haya justicia”.
– Fuente: CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa (Tucumán)
