A fines de diciembre del año 2008 se firmó un acuerdo llamado “Plan Integral para la Promoción del Empleo” entre la Secretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el gobierno de la provincia de Salta.
Mediante este acuerdo la provincia se comprometió a realizar tareas de capacitación y entrenamiento para el trabajo hasta un total de 1300 trabajadores del Seguro de Capacitación y Empleo, del Programa Jefes de Hogar y el Programa empleo comunitario; y la Nación se comprometía en asistir técnicamente a la provincia.
También se establecía que esta capacitación se realizaría durante el año 2009 y que percibirían durante su realización $195. Sólo el 40% de estas personas serán incorporadas al ámbito público.
En la realidad hay numerosas personas que entraron a prestar servicios en el ámbito de la Salud, Educación y Cultura por medio de distintos planes sociales: Plan trabajar, Jefa de Hogar, PEC, etc. y superan las 1300 personas previstas por el acuerdo citado y se han venido desempeñando sobre todo en tareas de limpieza y mantenimiento por $ 150 .
Muchos de ellos con la esperanza de cobrar unos pesos más, se incorporaron al Plan Familia que otorgaba $220 pero este plan venció en marzo último por lo que dejaron de percibir ese monto.
Se da el caso de trabajadores que tienen una antigüedad de 10 años dentro de los espacios a los que fueron asignados y durante ese período sólo cobraron esos $ 150 con la esperanza de ser alguna vez pasados a planta permanente.
Actualmente se les ha informado que sólo 1300 serán capacitados durante el 2009 y pasarían a cobrar $450 pesos en el 2010.
No se puede desde el Estado, que “combate” el empleo en negro, generar estas situaciones, que si fueran en el ámbito privado, no dudarían de calificar de explotación; asignándole cuatro horas de trabajo por $ 150, sin aportes, prometiéndoles un traspaso a planta permanente y un aumento que resulta burlesco.
De esta manera, el Estado ahorró en personal efectivo durante más de 10 años ya que estas personas se desempeñaron como ordenanzas, personal administrativo, celadores, bibliotecarios, etc. en los ministerios antes nombrados.
Estas situaciones sólo generan injusticia, situaciones de dependencia del poder de turno, atentan contra la dignidad de la persona, y favorecen situaciones de “picardía criolla” porque mientras unos devolvieron las horas de trabajo y fueron utilizados para cubrir las necesidades del Estado con un costo mínimo, los clientes políticos jamás lo hicieron.
El trabajo digno honra al hombre, le permite proyectarse en el futuro, planificar, crecer y es un derecho regulado por la Constitución Nacional. No se pueden generar, entonces, empleados y subempleados con iguales obligaciones y distintos derechos.
