La crisis policial dista de ser superada. Aumenta la tensión entre el gobierno y los huelguistas. Estos niegan que cuatro efectivos -sindicados como «cabecillas»- ya estén separados de la fuerza. Acusan a sus jefes de coacción y mantienen el paro.
«En 22 años nunca vi esta bajeza por parte de los jefes», le comenta un policía a Salta 21 en diálogo mantenido sobre el mediodía de hoy. Aunque otro le señala: «acordáte que en el 2004 llegaron a publicar en los diarios los nombres de los policías que iban a echar».
Los efectivos desmienten las afirmaciones del gobierno transmitidas por distintos medios en el sentido de que cuatro de los sindicados ahora como «cabecillas» de la protesta están ya apartados de la fuerza, que los líderes o voceros de la huelga están renunciando o son cesanteados.
Los presuntos «expulsados» de la fuerza policial son tres miembros de la Comisión que funciona como vocera de los policías y lleva adelante las tratativas con el gobierno: Rubén Argañaraz, el sargento Torres, y Pablo Cardozo (agente y abogado, asesor letrado del Centro Policial Sargento Suárez conjuntamente con el doctor Carlos Humberto Saravia), además del delegado de la subcomisaría del Grand Bourg, Ramiro Peña.
En el caso de los tres miembros de la Comisión, se marca la contradicción entre su convocatoria a través de circulares y disposiciones de la superioridad como voceros de los policías, y la actual acusación de que ellos son «cabecillas» de la protesta, la decisión de hacerlos responsables de la crisis y el intento de sancionarlos. «Hace seis meses que integran una mesa de diálogo con el gobierno y ahora salen con esto», protestaron.
En el caso de Peña, según expresan los policías en paro, si bien él no participa en la Comisión, se le reprocha desde el gobierno «haber tenido contacto con la prensa y suministrar datos a los periodistas».
Con respecto a la información de que Argañaraz, Torres, Cardozo y Peña ya están apartados de la fuerza, el oficial Gallardo explica: «No es así. Solamente se les ha notificado un pase a disponibilidad. Si esto apunta a una exoneración el proceso es largo y con la máxima celeridad ello demandaría un mes y debería concluir con la firma de un decreto del gobernador. Pero en tal caso existe la posibilidad legal de apelar y el derecho a la defensa. Además un pase a disponibilidad no implica necesariamente una exoneración, sino que puede orientarse a otro tipo de sanciones como el traslado o la suspensión».
Quieren denunciar a los jefes por coacción
Existe el convencimiento de que los policías «renunciados» o «echados» según la versión oficial se mantendrán en la fuerza, porque lo primero que se deberá negociar para la solución del conflicto es el levantamiento de toda sanción. Los policías en huelga entienden que todo es parte de un proceso de desinformación, amenazas y presión psicológica para hacer fracasar la protesta.
Los policías que dialogaron con Salta 21 estiman que los integrantes de la fuerza son 7.300, de ellos 2.500 son oficiales. Dicen que hay más de un 80% de adhesión, con un ciento por ciento en el sur de la provincia. «El único lugar donde el paro tiene bajo porcentaje es en Cafayate», admiten.
Dicen que algunos agentes jóvenes responden a las presiones y regresan al trabajo, pero que los entienden y no los presionan como lo hace el gobierno. También explican que la actividad en las comisarías es con la guardia mínima que deben mantener para cuidar el patrimonio y cumplir con una exigencia legal, y que esto siempre fue así, en todas las ocasiones que se tomaron medidas de fuerza. «Los adicionales en los corsos en realidad lo hicieron los cadetes», aseguraron.
«Aquí ustedes ven unos 250 policías. Eso no es indicativo del nivel de adhesión porque muchos están en sus casas o no pudieron venir del interior por razones económicas. Se reúnen en los Centros Policiales de Orán, Metán y Tartagal. Y estamos todos en contacto permanente», explica el oficial Gallardo
Otra información oficial desmentida por los huelguistas es la que dice que los jubilados y retirados ya aceptaron el 12% de aumento ofrecido por Urtubey. Indican que lo aceptó una asociación liderada por un efectivo retirado, de apellido Cardozo. «Pero él sólo representa a un 30 por ciento de los pasivos, ya que el 70 por ciento pertenece a este Centro Policial Sargento Suárez y sigue apoyando nuestra lucha», indicaron.
Mientras tanto, la situación entre el gobierno y los huelguistas se tensa cada vez más. Las autoridades encuadran la situación en figuras como insurrección e insubordinación y amenazan con sanciones drásticas. Ello porque en el encuadre legal vigente los policías no pueden realizar ningún reclamo en grupo de más de tres integrantes. «Pero no tenemos otro modo de hacer esta protesta salarial», advierten los policías. Ellos están pensando en la posibilidad de denunciar penalmente a sus jefes por coacción y amenazas.
Foto de portada: vista parcial del Centro Policial Sargento Suárez, a las 4,30 de la madrugada de hoy
