Los representantes de la Asamblea de Policías Autoconvocados en huelga aún no entregaron el arma reglamentaria, lo que había sido ordenado por la jefatura. Acciones de amparo, nulidad y recusación promovidas por los asesores legales de los policías.
El abogado Carlos Humberto Saravia explicó ayer ante unos dos mil policías que reingresaron al Centro Policial tras la marcha realizada por el centro de la ciudad, cuáles son las acciones legales llevadas a cabo para proteger sus derechos.
Saravia interpuso ante el juez de la sala II de la Cámara de Acusación penal Luis Félix Costas, una acción de amparo e inconstitucionalidad en contra de la Jefatura de Policía y en favor de los derechos que tienen los policías -como cualquier otro ciudadano argentino- a trabajar, a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales, a la libre expresión sin censura previa, y a la igualdad.
El escrito tiende a cubrir legalmente a los representantes de los Autoconvocados, ahora sumariados por el gobierno, luego de que fueran reconocidos y convocarlos al diálogo como legítimos negociadores a través de disposiciones y circulares.
Se trata del cabo 1º Ernesto Rubén Argañaraz, el abogado agente Pablo Fernando Cardozo Cisneros, el sargento Víctor Leonardo Torres, el cabo 1º Renato Gabriel Mejía, el cabo 1º Oscar Gustavo Díaz, y el suboficial Antonio Ariel Gallardo, quienes han sido notificados de su pase a disponibilidad.
Contra ellos se anunciaron públicamente cesantías, exoneraciones y sanciones, lo que implica -advierte Saravia- que se está considerando ilegal el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.
Se trata, señala el letrado, de «injustas represalias para tratar de sofocar una huelga». En la acción de amparo se niega que los sumariados hayan instigado a miles de policías a la quita de tareas o a prestarlas en forma menguada. Tal acción, manifiesta el escrito, fue espontánea y se encuadra dentro de los derechos y garantías constitucionales que no se les puede negar a los trabajadores de ningún sector sin caer en una discriminación arbitraria.
Inversión Grande para comprar a la prensa
Al hablar ante los policías autoconvocados acuartelados en el Centro Policial Sargento Suárez, el abogado Carlos Humberto Saravia, informó que se presentaron nuevos escritos que piden la nulidad de lo actuado y la recusación del jefe de policía, Pascual Humberto Argañaraz, por el prejuzgamiento de la conducta de los efectivos sumariados que hizo a través de los medios de comunicación.
Como el jefe de administración del personal policial en la jefatura se negaba a recibir esos escritos fue necesario recurrir a un escribano para documentar el trámite y el incumplimiento de sus deberes de ese funcionario público.
«Uluncha» Saravia apareció en la tarima del salón central del Sargento Suárez secundado por el abogado Santiago Pedroza, quien se integró al equipo de letrados que asesoran a los policías a pedido de integrantes del Centro Policial.
También habló la señora Regina Barroso, quien instó a los efectivos a mantenerse unidos y con espíritu de lucha en defensa de sus derechos y de la dignidad de la «familia policial».
En vistas de las acciones legales interpuestas, los policías sumariados aún no entregaron el arma reglamentaria, acción a la que fueron conminados por el jefe de policía a través de notificaciones realizadas en la madrugada en forma intempestiva, que provocaron preocupación, inquietud y malestar entre sus familiares.
El abogado Carlos Humberto Saravia criticó al periodista Martín Grande por llamar «sediciosos» a los policías y denunció que el gobierno destina 30 millones de pesos para asegurarse que la prensa apoye la gestión.
