En la tarde del jueves 23 de octubre de 2014 el Juez Federal Fernando Poviña ordenó la inmediata detención del ex Juez Federal Ricardo “Diqui” Lona, por considerarlo participe primario de la llamada “Masacre de Palomitas”, que implicara el fusilamiento el 6 de julio de 1976 de once personas, en inmediaciones del paraje del mismo nombre en el departamento General Güemes de la Provincia de Salta.
En aquél entonces el ahora preso común, era dueño y señor de libertad, patrimonio y derechos fundamentales de todos los ciudadanos, detentando la titularidad del único juzgado federal de la Provincia, actividad que ejercía con absoluto autoritarismo y complicidad del resto de las autoridades de la dictadura, que llevaban adelante atrocidades como esa, que eran moneda corriente en esos años.
Repartiendo su tiempo entre ejercer de manera también dictatorial su cargo y dedicarse a la crianza de caballos de raza, cuando fuera indagado la primera vez en la investigación, ensayó la increíble versión de que sobre ese día y sobre ese suceso criminal, él tenía total desconocimiento de los autores, circunstancias y motivos, si es que pudiera imaginarse que puedan existir motivos para semejante hecho.
Desde el lugar en el que estaba posicionado este sujeto, resulta impensable que pudiera tomarse con seriedad esa declaración, que más que un ejercicio de su derecho a la defensa aparecía como una burla.
Ya en el año 1984 y ante los sumarios de la impunidad que por entonces llevaban adelante las Fuerzas Armadas, los otros genocidas CARLOS ALBERTO MULHALL y JUAN CARLOS GRANDE, habían declarado que el llamado eufemísticamente como traslado, había sido ordenado por el mismo LONA.
Tal decisión no podía haber sido de otra manera, en la medida que como juez federal de Salta contaba con todo el poder y las atribuciones para lo que paradójicamente se llama impartir justicia.
Pero a pesar de la importancia fundamental de esta decisión, resulta inevitable sentir la tristeza y el agobio de la tardanza, producto de la desidia cómplice de otros funcionarios que al momento de tener que obrar como ahora lo hace el Juez Federal de Jujuy, se lavaron las manos, encubrieron, miraron para otro lado.
Una serie casi infinita de excusaciones, inhibiciones y falta de compromiso de otros jueces de la democracia, y de abogados de la matrícula que fueran designados para el caso y que no tuvieron la valentía de enfrentar los hechos, llevaron a esta dilación amarga, impidiendo una justicia oportuna que hasta su muerte han reclamado luchadoras de la talla de LUCRECIA BARQUET o COCA GALLARDO, entre otros.
La decisión que ahora permite la detención del cómplice primario del hecho, quizás el más primario de todos, se posibilita además por las anteriores sentencias de los tribunales nacionales de casación, que ante la cobarde argumentación de la prescripción (en tiempos en que las personas valoraban el honor, se asumía la responsabilidad de los actos propios y la prescripción no se invocaba nunca), determinaron que como parte de la comisión de delitos de lesa humanidad, no cabía ese efecto legal.
Y así el logro final de esta historia, con la sola excepción de los denunciantes y querellantes, llega a nuestra Salta de mano de protagonistas de otras jurisdicciones que han tenido que ser designados como última instancia, por la falta de compromiso de los locales.
Un entramado judicial y funcional ligado a sectores dominantes de la sociedad, que no solamente no estuvieron a la altura de las circunstancias, sino que con sus tibiezas y complicidades permitieron la impunidad durante todos estos años.
Todo llega y todo se paga en esta vida. Hay un nuevo preso común que deberá purgar en la cárcel sus desidias, sus olvidos, y sus cobardías sin honor, muy lejos de los días en que a quienes osaban presentarse a reclamar por sus familiares desaparecidos, les tiraba los habeas corpus en la cara.
Pero en el perverso sistema burocrático que hasta hoy lo amparó y lo cobijó, seguirán actuando los mismos impresentables que cuando tuvieron que afrontar estas responsabilidades, miraron para otro lado.
Y eso es, no solamente triste, sino realmente preocupante.
Todo llega
Todo el séquito de cómplices sociales,militares y políticos deberían también ser castigados,incluídos los medios de comunicación.Es inadmisible que el secuestro,tortura y muerte puedan ser silenciados impugnemente…y prime la barbarie por sobre la humana condición del ser.