Gustavo del Barco investigó el negocio de la trata de blancas en el Noroeste Argentino. En 2006 se denunció la desaparición de 476 mujeres, 70 de ellas en Tucumán. Cómo es la ruta del tráfico de personas, negocio que mueve Us$ 32.000 millones al año.
Banda del Río Salí, Tucumán.- Es un día cualquiera en casa de don Mario. Lo de siempre, los críos que corren por el patio de tierra descalzos, otros que salen de la casilla semioscura y persiguen a la gallina con peladilla. Son siete hijos -otros tres más grandes ya hicieron sus vidas- y una nieta de dos años, la que les dejó Teresa, la hija de 16 que fue rescatada de un cabaret de La Rioja donde la tenían cautiva y la obligaban a prostituirse.
A Teresa los recuerdos la abruman, los gritos de las primeras violaciones, el sudor hediondo de esos cuerpos, las palizas y empujones para forzarla a que se drogara, las luces de neón, ese «mi amor» edulcorado que aprendió a decir a fuerza de tormentos, la amiga que la entregó a una red de explotación sexual. Un año y medio soportó esa esclavitud. A veces no aguanta y se va por ahí, sin rumbo, por varios días.
«Volvió rebelde Teresa, contesta mal. Viene y me deja a la changuita, ¿ha visto? A veces se queda sentada en la cama y llora, llora mucho», dice su padre, de 48 años mal llevados, cruzado de brazos frente a la casa que habita en esta pequeña ciudad tucumana, a 3 kilómetros de la capital provincial, la continuidad del conglomerado urbano del gran San Miguel del Tucumán que se conoce como la capital nacional del azúcar. Yo le digo «qué le anda pasando m hija» y ella callada».
Teresa nunca le quiso contar lo que pasó en La Rioja, pero él sabe. «Los hombres somos muy hijoeputas», dice, y entonces habla también de las malas juntas, de aquélla que parecía una amiga y la entregó.
Porque hubo una visita de aquella muchacha, la única que hizo, en la que -piensan ahora- habrá tomado nota, seguramente, de las chapas hirvientes de la casilla, de esa beba recién nacida y de la pobreza que, tal vez, quién sabe, ahogaba a Teresa. Habrá pensado que sería fácil sacar una tajada de esas necesidades: le ofreció un trabajo cama adentro en Catamarca, pero la llevó engañada a La Rioja.
Allí la tuvieron encerrada en una casa y después la llevaron al prostíbulo. Teresa tenía entonces 14 años y los proxenetas amenazaban con matar a su beba recién nacida si no hacía lo que le exigían: había caído víctima de una de las muchas mafias de trata de personas con fines de explotación sexual que operan en la Argentina, un negocio cuya dimensión no refleja ninguna estadística oficial, pero que, según los investigadores, no deja de crecer.
De hecho, tan sólo en 2006 se denució la «desaparición» de 476 mujeres en todo el país, 70 de ellas en la provincia de Tucumán, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que, junto con las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son algunas de las pocas agencias que realizan informes en el país y llevan registros a nivel mundial.
Según la OIM, en las investigaciones judiciales aparecen implicados «en forma recurrente, funcionarios públicos y políticos».
Esos informes denuncian que el negocio mundial de la trata de personas genera ganancias por 32.000 millones de dólares al año y que ya se ubica en el tercer lugar de un siniestro ranking internacional encabezado por la venta de armas y el comercio de drogas. Esos mismos informes indican que 5000 pesos es la cifra más alta que se pagó en la Argentina por una esclava sexual y 150 pesos el monto menor para explotarlas de por vida. Cuando la víctima es una menor, una niña, según la OIT, puede generar, ella sola, una ganancia de 130 mil dólares al año. La OIM estima que un grupo de siete mujeres menores esclavas sexuales le reditúan a sus captores unos 80 mil dólares mensuales. En la zona de la Triple Frontera, según Unicef, un ejército de 3500 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual, hasta la explotación comercial «en lugares cerrados». En 2006, estiman, fueron objeto de trata según Unicef, un ejército de 3500 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual, hasta la explotación comercial «en lugares cerrados». En 2006, estiman, fueron objeto de trata unas 100.000 personas procedentes de América Latina y el Caribe.
Aunque invisible, la trata de personas tiende sus redes por todo el país. Los estudios internacionales indican que el «reclutamiento» de las víctimas tiene lugar principalmente en las provincias del Norte, ya sea mediante el engaño (trata blanda) o el secuestro (trata dura). Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son los lugares de captación, mientras que los lugares de destino por excelencia son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero también se han identificado lazos con la trata internacional, en especial la ruta que lleva a España, donde fueron rescatadas jóvenes tucumanas.
El caso de Teresa es un ejemplo claro del modus operandi de estas mafias, que cuentan con aceitados mecanismos en los que se integran actores primarios y secundarios. Entre los primeros, los investigadores identifican a los «reclutadores», hombres o mujeres cuya función es captar a las mujeres para los prostíbulos a través del engaño o el secuestro. Cobran comisiones de entre 100 y 500 pesos, dependiendo de la «calidad» de la víctima, y casi siempre trabajan con «marcadores», que suelen ser taxistas, peluqueras o vendedores ambulantes que, a su vez, cobran unos 50 pesos por el dato de alguna joven con el perfil buscado.
El circuito se completa con los proxenetas («maridos» o «madames»), que obtienen sus ganancias mediante la explotación sexual de una o más mujeres de su propiedad, y los regentes de los prostíbulos, que son los dueños o administradores de los locales, aunque estos últimos también pueden ser proxenetas.
Los tratantes secundarios, no menos importantes, son los que aportan la protección necesaria para que todo el engranaje funcione. Es que, según investigadores de Gendarmería Nacional consultados por La Nación, se trata de un delito «muy complejo», con puntos de partida, escalas, puntos de llegada y de retorno, un recorrido interjurisdiccional que puede llevar a una joven a ser explotada en diferentes tramos desde Tucumán o Misiones hasta Tierra del Fuego.
Zaida Gatti, asesora del programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del Ministerio de Interior de la Nación, explica el primer tramo de sometimiento que ejercen los rufianes con las «mujeres niñas»: «Las llevan a un hotel o casa, un centro de «entrenamiento». Ahí las someten a las primeras violaciones para prostituirlas. Las que menos resistencia oponen, por miedo, por las amenazas, son trasladadas hacia las grandes ciudades. Las que más se resisten, la mayoría, van a los burdeles que están a los costados de las rutas. Se aprovechan de la falta de contención de las chicas, a las que convencen con promesas de tapas de revistas o castings».
Batalla personal
A Teresa la rescató la flamante División Especial de Trata de Personas de la policía de Tucumán, creada en julio pasado a instancias de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, una joven tucumana que fue secuestrada el 3 de abril de 2002 y que, se sospecha, habría sido vendida en 2000 pesos a una de estas redes. Su caso se ha vuelto emblemático por las derivaciones que ha tenido, con evidencias de connivencia tanto policial como judicial y política con las mafias de trata del noroeste argentino y de las conexiones que éstas tienen con otras redes que operan en el país y el extranjero. El expediente consta de 40 cuerpos de 200 hojas cada una, un verdadero manual de la trata de personas en la Argentina.
Pero este caso también se volvió emblemático por la batalla personal que Trimarco viene librando desde hace cinco años. En la búsqueda de su hija, esta mujer llegó a infiltrarse en las mafias como prostituta, ayudó a liberar a más de 140 jovencitas y llegó a conocer como pocos el funcionamiento interno de estas mafias.
«Las tienen marcadas, no eligen a cualquiera. Les pegan tanto… les ponen el revólver en la cola, en la boca; las queman con cigarrillos, las violan, y de esa forma las van sometiendo», dice a La Nación en la sede de la Fundación María de los Angeles contra la Trata de Personas, inaugurada hace algunas semanas en la capital tucumana. Pero ese es sólo el comienzo, afirma: «Después las maquillan, les tiñen el pelo, les ponen lentes de contacto para cambiar su aspecto; las hacen adictas y las obligan a venderle drogas al cliente».
Saúl Ibáñez, primer abogado de la causa de Marita Verón -hoy se ocupa de otros casos de trata para la fundación que preside Susana Trimarco– entiende que las mafias del noroeste funcionan como «telarañas de varios niveles, con capacidad económica, financiera, contable, jurídica, de comunicaciones y con alto poder de fuego: casi como un Estado paralelo».
La realidad es que son muy pocas jovencitas las que son rescatadas o logran escapar. «Lo que hay que entender es que la muerte es el final del camino para la gran mayoría de estas niñas, no hay cuerpito que aguante», explica Claudia Lascano, de la Coalición Alto a la Trata y la Explotación Sexual, Comercial Infantil (ESCI). Cuando salen del infierno, pueden sufrir el Síndrome de Estocolmo, además de trastornos disociativos y trastornos de personalidad diversos, como fobias y paranoias, según un estudio de la Asociación Civil Nuestras Manos, sobre la trata de personas en la Argentina.
De las miles de jóvenes que desaparecen, hay unos pocos nombres que sacudieron a la sociedad. Uno de los más terribles se hizo público hace unos años cuando fue ventilado en el juicio y se conoció entonces la historia de Sandra, a quien el ex policía Jorge González, ex integrante de la Brigada Antisecuestros de la Policía Federal (hoy condenado a 14 años de prisión), había tomado como esclava sexual. Como la negativa de Sandra continuaba pese a las torturas, el ex policía la dejó esposada en una cueva, en donde la chica estuvo 15 días sin comer. Sus muñecas habían adelgazado tanto que pudo zafar de los grilletes y escapar.
El proxeneta regenteaba un cabaret en Inriville, Córdoba, en donde mantenía cautivas también a Betiana Zapata, de 19 años, y a Vanesa Payero, de 18, a quienes les exigía que «disciplinaran» a la rebelde. Ellas también fueron juzgadas. «Le teníamos miedo porque nos golpeaba a todas, nos tenía encerradas, abusaba de nosotras cuando quería. Era Sandra o nosotras y nuestras familias, porque él sabía dónde vivían y decía que los iba a matar a todos», dijo durante el juicio Betiana, que al igual que Vanesa quedó en libertad, al recibir una condena mínima de tres años.
Otras desapariciones de mujeres jóvenes fueron relacionadas también con las redes de prostitución. Florencia Penacchi, la estudiante neuquina desaparecida el 17 de marzo de 2005 en Palermo; Fernanda Aguirre, la adolescente entrerriana desaparecida el 25 de julio de 2004, entre otras. Fue Jorge Tobar, un ex comisario al frente de la investigación del caso Verón, el que se animó a vincular esas desapariciones con otras que también ganaron repercusión mediática, como la de la turista suiza Annagreth Wügler, la mencionada Fernanda Aguirre y la de una alemana desaparecida en Bariloche, Nicola Henkler. «Está probado que existe en el país un sistema de proxenetas que vende chicas como si fueran ganado, las desplaza por el país y las explota.
Las conexiones están probadas, al menos entre Tucumán, Córdoba, Santiago, La Rioja, Salta y Santa Cruz», había dicho el policía tucumano. Hoy no quiere entrevistas, ni nada: «Me han arrestado por dar entrevistas. Ya pedí el retiro, no quiero saber más nada con la policía, ni de ataques de la mafia ni del gobierno, llegué a un punto en que la cosa se puso fea».
Entre los especialistas consultados por La Nación, entre ellos miembros de seguridad nacional, fiscalías, y organismos dependientes del gobierno nacional, se subrayó que en la lucha contra la trata es necesario contar con la ley que tipifique el delito -basada en el Protocolo de Palermo, que la Argentina ratificó en 2002-, aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación y que pasó a la Cámara de Diputados.
Es una ley que convertirá a la trata de personas en delito federal -con penas de 3 a 15 años- y que, entre otros alcances, afectará a los que hoy mantienen impunidad, como los reclutadores, y que también se puede aplicar en casos de talleres clandestinos y de venta de órganos.
Eugenio Freixas, director del Programa de Asistencia a la Víctima del delito, de la Procuración General de la Nación -trabajan junto al Inadi-, puso énfasis en la pata insoslayable que sostiene el negocio de la trata: «No va a haber legislación que sirva si no nos ponemos a pensar en una de las patas fundamentales de este delito, que es la demanda».
La oficina que dirige Freixas acumula un aumento de intervenciones en casos de trata, aunque son números para nada representativos de los miles de casos que hay, ya que el delito, al no estar tipificado, no entra en las estadísticas. En 2004 intervino en 9 hechos; en 2005 en 27; en 2006 en 42 y en 2007 en más de 85 casos.
El peso del dinero que mueve la esclavitud sexual hace que las intimidaciones de la mafia le lleguen a todos los actores, de un lado y del otro, que puedan coartar los negocios de las redes de trata. Tal es el caso de la jueza de menores de Moreno, Mirta Guarino, quien sufrió un atentado luego de procesar a una banda dedicada a la prostitución infantil, en 2004. Las tuercas de la rueda trasera izquierda de su camioneta habían sido aflojadas para provocarle un accidente. «Los encubrimientos policiales son una realidad y es preciso reconocerlo. También es cierto que no todas las fuerzas policiales actúan como encubridoras. Se han realizado procedimientos con excelentes oficiales de policía y de Gendarmería», señaló Guarino.
Pero para Mercedes -que tiene 44 años y 10 partos, hijos de 3 a 20 años, un marido que hace changas para la comuna, una nieta sin mamá-, no muchos motivos de optimismo. Hace ocho años que su hija Pamela, de 17, salió de Garmendia, a más de 150 kilómetros de la capital tucumana, a trabajar como empleada doméstica en la ciudad.
Mercedes muestra las tres habitaciones que «la Pame» estaba ayudando a construir, el techo que ya se voló dos veces con las tormentas, el horno de barro. Dice que hizo denuncias pero que su hija no aparece, que intentó suicidarse y que una de sus hijas, la que más extraña a Pamela, también. «Le puede pasar a cualquiera ¿vio? Pero no tengo plata, mis hijos me necesitan y tengo que luchar por ellos. Cuando llegan autos en busca de chicas para trabajar, yo los echo, les digo que tengo hijos todos varones», dice Mercedes, segura de que Pamela fue «marcada» y secuestrada por una red de trata. Su hija ya le había contado que una vez la quisieron meter en un auto y que salió a fuerza de rasguños; si hasta le había mostrado la piel de esos hombres que tenía en debajo de sus uñas, dice Mercedes.
La tarde se desvanece cuando la señora aprieta el puño con rabia para contener el llanto. Los chicos juegan allá lejos, van y vienen de la casa. Su desahogo paraliza: «Ya le dije a mi marido, al que me arrebató a mi hija cuando lo vea, si lo veo, si lo encuentro, lo mato, señor, lo mato y no me importa ir a la cárcel, porque yo no crié una hija para que sea una puta ¡que no! ¿Cómo estará m hija señor? ¡Si hasta picana dice que le meten esos desgraciados! «.
El mate trae un poco de calma. Mercedes se seca rápido las mejillas con los puños, no vaya a ser que los changos la vean así.
Los capos
Según Trimarco, los «dueños» de las jóvenes las van desplazando de prostíbulo en prostíbulo y así las van cambiando también de provincia. «Una fuga -dice- se paga con la muerte». Experta a la fuerza, afirma que los «capos» de este negocio en el país no son más de siete u ocho, y que tienen vínculos con redes de otros países, principalmente México, España, Italia, Colombia, Cuba, Chile y Bolivia.
Consultado por La Nación acerca de la gravedad del fenómeno, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, reconoció el valor de Trimarco en la búsqueda de su hija, pero le quitó toda entidad al problema: «Acá no hay mafias, ni venta de bebés, eso se acabó. El gobernador no va a levantar el teléfono para proteger a nadie», afirmó.
También el jefe de la policía tucumana, Hugo Sánchez, minimizó el tema: «En Tucumán, la incidencia [de este crimen] no es como se la refleja en algunos medios, más allá de un par de hechos que han instalado el tema a nivel nacional».
Según el jefe policial, «lo que sí tenemos en un porcentaje elevado es fuga de hogar: chicas que se fugan y terminan siendo víctimas», razón por la cual, dijo, fue creada la división especial sobre trata de personas. La Nación quiso saber cuántas personas trabajan en esa repartición.
-Más de 20-, respondió Sánchez.
-Me dijeron que trabaja menos gente-, dijo este cronista.
-¿Pero esto qué es, un reportaje o qué?-, reaccionó enojado el jefe policial, y acto seguido dio por terminada la entrevista. «Chau, papá», le dijo a su interlocutor, mientras le daba tres palmadas en el hombro a modo de despedida.
Fuente: diario La Nación
Link a la nota original:
