La Confederación Sindical Internacional (CSI) elevó un petitorio en el que pide al presidente Néstor Kirchner “se haga efectivo el cumplimiento de las Recomendaciones de la O.I.T.” (de carácter obligatorio, supralegales y constitucionales) ante el caso Miguel Rojo.
La presentación que hizo la Confederación Sindical Internacional ante la presidencia argentina, la realizó también ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti y a la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y le Racismo (I.N.A.D.I.),María José Libertino
El petitorio dice lo siguiente: “la CSI le solicita que en función de la competencia y responsabilidad internacional ante los Organismos de Naciones Unidas y Organismos Internacionales, se haga efectivo el cumplimiento de las Recomendaciones de la OIT. Al ser Argentina estado miembro de la Organización internacional del Trabajo, asume compromiso de que sus recomendaciones son de carácter obligatorios y tiene rangos supralegales y constitucionales en el ordenamiento jurídico argentino.”
La nota elevada el 22 de octubre, firmada por el secretario general Guy Rider, de la CSI, fundada el 1 de noviembre de 2006- y que representa a 168 millones de trabajadores de 153 países y territorios- expone a cada uno de los antes mencionados, la situación de Miguel Rojo-Caso N° 1.867 ante la OIT (presentación realizada en junio de 1998, marzo y junio de 1999).
La entidad internacional defiende los reclamos a favor del dirigente sindical Miguel Rojo, cuyo Expte. data del año 1999 en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y solicita a cada uno se “resuelva conforme a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y del Consejo de Administración de junio de 1998 y de marzo de 1999 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
El caso de Miguel Rojo concretamente es el siguiente: el sindicalista ha denunciado persecución y amenaza gremial al no obtener la reincorporación a su lugar de trabajo en la Dirección General de Rentas; si bien el ejecutivo provincial, a cargo de Juan Romero dio la orden de reincorporación, en virtud de una transgresión al ordenamiento constitucional y legal fue “afectado” a la Secretaría de Obras publicas con argumentos de “perfil laboral”. Por tal motivo, permanece afectado desde febrero de 2005 hasta la fecha, sumado a ello, en la DGR, el trabajador percibía un Adicional Fondo estímulo, que equivale a un 75 % del sueldo mensual. A contar hasta la fecha, los montos de la deuda no se efectivizaron pese a la solicitud pertinente del pago según el artículo 85 del decreto N° 4.118/97 del Poder Ejecutivo.
Se trata de un único caso en la provincia en que es omitido el pago además de la negativa de reincorporación. Se le adeudan salarios caídos por un total de 16 años que además, se agravan con moratorias, devaluaciones e inflación. El Ejecutivo afirmó que la deuda sería pagada con montos históricos y mediante deuda consolidada. Esto aumenta más aún la discriminación gremial incurrida por la Provincia de Salta por el distinto “tratamiento” dado a casos similares. ¿Cómo se justifica tal situación que además consolida el crédito de salarios caídos?
Pronto Despacho interpuesto por segunda vez
Miguel Rojo, elevó a la presidenta del I.N.A.D.I., Dra. María José Libertino, la interposición de un Pronto Despacho por segunda vez, el primero con fecha 24/09/07 y este último, el 30 de octubre de 2007, luego de transcurrir 4 años de la denuncia original y por estar vencidos los plazos, agotados los trámites procesales, vencidas las presentaciones de los Alegatos de las partes (4 meses), presentado un Primer Pronto Despacho. Es decir, el I.N.A.D.I. ya está en condiciones de emitir el dictamen correspondiente “ajustado a derecho”.
En el petitorio ante este instituto, Rojo expone: “no existen razones para más demora injustificada, y considero que la constante Discriminación (una forma de violencia y de agravio a la inherente dignidad humana) Gremial data desde el año 1.992 a la fecha, acreditado fehaciente y oportunamente a través de la prueba origen documental en el caso de referencia, y en función de su competencia según Ley N° 24.515, solicito nuevamente un formal Pronto Despacho para que se emita dictamen…”
Asimismo, el dirigente gremial señala que la provincia de salta ha mantenido una actitud violatoria a la Ley N° 23.592, del principio de igualdad ante la ley, de los derechos y deberes reconocidos en la Carta Magna, como así también de olos Convenios de derechos Humanos y Tratados Internacionales.
La petición obliga a reparar el acto discriminatorio, dejándolo sin efecto y a reparar el daño moral y material ocasionado puesto que por Ley (23.592) impiden el pleno ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución Nacional.
Miguel Rojo subraya: “soy un ´viejo´ afiliado y militante justicialista, siempre lo he manifestado pública y respetuosamente, comparto actualmente entre un 70 y un 80 % las políticas del presidente Néstor Kirchner, pero aún así, no he votado por la actual presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner sencillamente porque no coincido en lo absoluto con la política de la inseguridad jurídica, el avasallamiento al estado de derecho, la inseguridad en el debido proceso y la violación a los derechos humanos, políticas que me tocan vivir.”.
