El Secretario de Seguridad de Salta, Jorge Skaf -acusado de haber hecho tareas de inteligencia para la dictadura-, fue repudiado en Plaza de Mayo en el acto por la Memoria. “No permitiremos a ningún colaboracionista en el gobierno”, se advirtió.
(Buenos Aires, enviado especial) Organismos de derechos humanos han venido pidiendo la renuncia del funcionario, pero hasta el momento el gobernador Juan Manuel Urtubey lo respaldó con el argumento de que “no hay nada probado” y que las denuncias “persiguen otros fines”
Sin embargo en medios políticos y periodísticos se percibe claramente que la permanencia de Jorge Skaf en el gobierno de Salta hace naufragar la política de Derechos Humanos de Urtubey en el escándalo y erosiona fuertemente su figura.
Así lo destacó, por ejemplo, el diario porteño Página 12, matutino que por su total sintonía con el gobierno de Cristina Kirchner no tiene mayores motivos para atacar a su aliado salteño. Salvo claro está que éste se enfrente con su política de seguridad y de Derechos Humanos con sectores de izquierda y organismos que luchan para que se respeten esos derechos.
Ahí se ve el claro error -quizá cometido a instancias de los socios políticos de Urtubey, los integrantes del Partido Renovador- primero de la designación de Skaf y ahora de su permanencia en el cargo.
Jorge Skaf ingresó a la Secretaría de Seguridad apadrinado nada menos que por Sergio Nazario, un criminal que actuó como jefe de torturas en el campo de concentración el Olimpo. Conocido como “Comandante Estévez”, Nazario fue encumbrado por Juan Carlos Romero como secretario de seguridad.
Descubierto por una de sus víctimas cuando la televisión lo mostró dirigiendo la represión contra piqueteros de Mosconi a Nazario lo sacaron del cargo, pero siguió manejando desde las sombras la política de represión a las protestas sociales en Salta.
Ahora Skaf -señalado por algunos militantes por los Derechos Humanos como discípulo, heredero y continuador de Nazario- maneja la Seguridad en Salta. ¿Un mero cambio de nombre para la misma política? Desde el gobierno niegan que Skaf responda a Nazario y que su presencia marque una continuidad con el gobierno de Romero.
Sin embargo la sospecha que pende sobre Skaf no es menor. Se lo acusa de infiltrarse -al peor estilo Alfredo Astiz– en ámbitos universitarios de Salta para “marcar” a personas que luego desaparecerían.
Desde el gobierno salteño se intentó aventar estas sospechas argumentando que Skaf no estaba en la provincia en épocas de la dictadura. Pero aparecieron documentos que lo muestran realizando cursos en la Universidad en los momentos más duros de la represión. “Por el simple hecho de vestir un uniforme una persona no se transforma en represor, además Skaf en ese tiempo era apenas un cadete”, justificó entonces Juan Manuel Urtubey.
¿Un “topo” de la Federal?
Las denuncias en contra del secretario de seguridad de la Provincia de Salta se activaron por el testimonio de una familiar de desaparecidos. El 21 de febrero pasado, Cristina del Valle Cobos, hermana de un militante peronista asesinado en un operativo militar y pareja de un soldado desaparecido en la guarnición Salta, declaró en el Juicio por la Verdad que se realiza en los tribunales salteños. Cobos contó que, tras la muerte de su hermano y la desaparición de su pareja, comenzó ella también a ser vigilada.
Cristina Cobos era estudiante de la Universidad Católica, donde había un policía de inteligencia de apellido Vigiani que se había anotado en la facultad y del que siempre sospechó que la seguía. Cobos dijo que vio en la universidad a ese policía hablando con Skaf y también que vio al propio Skaf en repetidas ocasiones en las aulas.
Más tarde, un día en que tuvo que ir a la Policía Federal para hacer un trámite por el pasaporte, lo encontró dentro del edificio, según contó. Un abogado conocido le aseguró que Skaf había realizado “tareas” en la dictadura junto con otro oficial de la Federal.
Los abogados querellantes en el Juicio por la Verdad pidieron que se remitiera el legajo de Skaf al tribunal. “Comprobamos de esa manera que los datos de su legajo coinciden con la denuncia de Cristina Cobos”, dijo a Página/12 el abogado David Arnaldo Leiva, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Los antecedentes del secretario de Seguridad revelaron que había entrado a la policía en 1976 y permanecido hasta el ‘80. “Aunque Skaf argumentó en su defensa que en los ‘70 vivió en Buenos Aires como cadete de la Escuela Ramón Falcón, su legajo señala que hizo cursos en la Universidad Católica, tal como dice Cobos.” Esas constancias señalan que cursó dos materias para contador y un curso de toxicología en la UCA de Salta. Skaf también fue durante un tiempo policía de la provincia, luego estudió Derecho y es actualmente abogado.
Entre los organismos que reclamaron su desplazamiento están la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Salta, la CTA local, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta y la Asamblea Docente Provincial.
Unas 100 mil personas participaron en la tarde de ayer en Plaza de Mayo en los actos del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde el palco de conducción se leyó el repudio a la presencia de Skaf en el gobierno de Salta. “No permitiremos que ningún colaboracionista de la dictadura integre un gobierno de la democracia”, se advirtió más adelante.
Una advertencia que seguramente va a resonar muy fuerte en el Gran Bourg. A raíz de la presencia de Nazario y de Karlsson en el gobierno de Romero Juan Manuel Urtubey había hecho público un compromiso por el cual no admitiría como funcionario a ninguna persona vinculada a la represión ilegal o acusada de vulnerar Derechos Humanos.
