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jueves, abril 25, 2024

Contra el aborto clandestino

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En toda Europa, menos en la isla de Malta, donde rige una ley del sXVIII, hay legislación contra el aborto clandestino.
La distinción es crucial, visto que serpea en sectores de la sociedad argentina la extravagante idea de que “ahora se permitirá el aborto”, fingiendo ignorar que el aborto existe desde la aparición de la especie humana.
Más aun, si se trata de una aproximación de tipo religioso, ignorando que entre un 15/20% de los abortos son espontáneos; o sea, “voluntad divina”.
Las leyes contra el aborto clandestino, lo que reparan, son los efectos brutales de la clandestinidad, mayoritaria en sectores sociales menos protegidos y con menor instrucción; y sin olvidar que el aborto es una realidad social incluso entre “las personas de bien”, eventualmente religiosas, que ante un embarazo no querido apelan al discreto, bien pagado, “médico de confianza”. O sea, un sector social en el que la eventual adhesión religiosa no determina la decisión final. Como lo atestiguan infinitos y discretos consultorios obviamente tolerados por la sociedad, los gobiernos y la ley.
El problema, entonces, son las muertes crueles e inútiles, los traumas físicos y psíquicos que perduran, consecuencias inevitables de esa clandestinidad. Ninguna nación civilizada propicia el aborto, sino que actúa en contra de la realidad anti-social de ignorar su existencia. Solo hace falta entender la diferencia, y dejando de lado el aspecto científico de una discusión tan antigua como la humanidad, acerca del significado de “persona”.
Italia y Portugal sirven como testimonio. El primero es la sede del Vaticano, centro religioso de la cristiandad generado hace 2 000 años por el emperador Constantino, con su obvia influencia histórica y social; y Portugal, país históricamente católico y políticamente “marginal”, donde también rige una ley contra el aborto clandestino.

El aborto en Italia está regulado desde 1978 por la ley 194. Cuando se aprobó, se entendió una avance social complementado por otra ley, la del divorcio. Resistida con el mismo fervor por la iglesia católica.

…Come per la legge sul divorzio, il nostro paese ha dovuto aspettare gli anni Settanta per compiere un passo avanti incredibile in materia di diritti umani, in particolare della donna.
La legge italiana sull’aborto stabilisce che ogni donna può interrompere la gravidanza in ospedale entro i primi 90 giorni.
Ogni donna può recarsi in una struttura pubblica o convenzionata, parlare con il medico, che darà un certificato per l’interruzione di gravidanza. C’è poi una settimana di tempo per valutare se procedere o meno. In caso di minorenni, deve esserci almeno un genitore, altrimenti bisogna rivolgersi agli assistenti sociali e al giudice dei minori per autorizzare o meno l’aborto.
Una legge che di fatto ha reso l’aborto una pratica più sicura per tutte le donne, che prima erano costrette a farlo clandestinamente. Prima dell’approvazione del testo legislativo, infatti, interrompere volontariamente la gravidanza era un reato penale.
In Italia la media è del 70% negli ospedali pubblici, con picchi di più dell’80-90% in Molise, Trentino Alto Adige, Basilicata. Il reso in cliniche private.
A più di 40 anni da quella storica legge, molto c’è ancora da fare. E da difendere. Perché i diritti conquistati non devono mai essere dati per scontati.
Anche il diritto di ogni donna di poter fare una scelta consapevole, di prendere una decisione che già di suo non è facile da prendere in nessun caso.

Portugal:La ley que autoriza el aborto (no más allá de la décima semana), entró en vigor  en julio de 2007… pero ya antes de su aprobación, 12 hospitales públicos comenzaron a aplicarla. La ley exige tres días de reflexión, en reuniones con asistentes sociales, psicológicos y médicos. Garantiza para los médicos el derecho a la objeción de conciencia. Hasta ese momento, y como en la Argehtina, se admitían abortos por grave riesgo de la saluda materna, en casos de estupro o malformación del feto.
Cada año, según registros oficiales, se producían 10 000 abortos clandestinos en Portugal, que por entonces tenía unos 9 millones de habitantes.

– Por Luciano Tanto

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