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domingo, septiembre 20, 2020

Dictadura y antisemitismo

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La noche de los lápices, ¿41 años de un mito?

La Argentina necesita esclarecimiento, verdad, justicia, historia y memoria. Pero verdaderas. Emilce Moler, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" fue secuestrada, torturada y liberada durante la última dictadura militar. Escribe el diario Crónica que junto a los otros jóvenes que hoy siguen desaparecidos, participó de las movilizaciones por el boleto estudiantil. "Los lápices, esta vez, escriben ¿dónde está Santiago Maldonado?", concluyó Moler. Sin embargo, ya en 2010, El Pregón se refería a "la corrupción moral que recorre la República Argentina desde que la progresía, las derechas y las instituciones esenciales del Estado se rindieron políticamente a la ofensiva mediática de una izquierda decidida a borrar de la Historia sus crímenes, se podría seleccionar, por su especial carga de cinismo y manipulación, el caso conocido como 'la noche de los lápices'.

La oligarquía “mexicana” al servicio de la élite internacional: ¿Quién quiere vender lo que resta del país?

Hemos entrado los mexicanos a una etapa en la que sólo nos restan dos opciones: 1. Permanecer y morir, o 2. Levantarse a buscar un cambio.

La DAIA, a través de una carta de su presidente, Aldo Donzis, manifestó su “profundo interés” porque sean investigados “los aspectos profundamente antisemitas” de la dictadura.

– Por Roberto Caballero

Quiero que sepa que no puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”, le advirtió Pedro Martínez Segovia, primo de José Alfredo Martínez de Hoz, a Lidia Papaleo –viuda de Dudi Graiver–, poco antes de ser despojada de las acciones de la empresa, secuestro y torturas mediante, en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, los mismos que silenciaron el genocidio.

A Eduardo Saiegh, con los mismos argumentos antisemitas, la dictadura cívico-militar le robó un banco, como bien describe el periodista Hugo Muleiro en su nota. Fue el entonces juez español Baltasar Garzón quien tomó el caso de Saiegh para dictar, en 1997, la captura internacional de Videla y su cría, cuando la noche oscura de la impunidad regía en la Argentina. “Hizo notar –Garzón en aquella histórica resolución– que personas de origen judío fueron ‘especialmente objeto de depredación’ durante el régimen”, recuerda Muleiro.

El caso Saiegh recién pudo investigarse en la Argentina a partir de 2009.

La causa 1875/09 quedó caratulada “Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; y Reynal William sobre Delito de Lesa Humanidad”. Recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que la delegó a la fiscalía de Carlos Rívolo.

Pero dos años después, la Sala I de la Cámara Federal apartó a ambos del expediente por “un accionar discrecional” y “una irrazonable e injustificada tardanza” que le reprochó, puntualmente, al fiscal Rívolo.

El 14 de julio de 2011, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el firma del abogado Gastón Chillier, había elevado al juez una carta expresándole la “preocupación” de la entidad por el dictamen de Rívolo, de fecha 27 de junio: “Llama la atención el tiempo transcurrido desde el momento en que el Señor Fiscal tomó conocimiento de la denuncia y el dictamen de desistimiento realizado (…) Por otra parte, queremos expresar nuestra inquietud por los términos utilizados por el funcionario en su resolución para justificar el no sostenimiento de la acción. El Señor Fiscal utiliza expresiones como ‘es sabido que el único plan sistemático de la dictadura consistía en aniquilar la subversión tal y como expresamente lo reconoció, lenguaje sembrado y heredado además del gobierno antecesor cuando creó la desgraciadamente famosa fuerza paramilitar conocida como la Triple A’ (…) Esta manifestación –a juicio del CELS– significa un fuerte retroceso (…) A su vez, preocupan sus términos en relación con la persecución particular sufrida por personas de origen judío. A esta altura, no existe duda respecto de que la condición de judío empeoraba las condiciones de cautiverio en los Centros Clandestinos de Detención y Tortura”.

Tras la decisión de los camaristas, el caso Saiegh fue tomado por el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Germán Moldes, a quienes la DAIA, a través de una carta de su presidente, Aldo Donzis, le manifestó su “profundo interés” porque sean investigados “los aspectos profundamente antisemitas” de la dictadura. Es justo aclarar que ni el CELS ni la DAIA cargaron entonces las tintas contra el juez Rafecas. El enojo fue con el fiscal.

Usurpaciones durante la dictadura cívico militar

El caso Saiegh: más de tres décadas contra una muralla de impunidad.

El ex banquero busca recuperar en la justicia lo que perdió con la tortura. El juicio por antisemitismo y terrorismo de Estado recayó en el juez Oyarbide luego de que la Cámara apartó a Rafecas y al fiscal Rívolo por pérdida de objetividad.

– Por Hugo Muleiro

Cuando el Estado delinque, y sobre todo cuando lo hace masivamente y en contra de la mayor parte de la población, encontrará después infinidad de dificultades para restablecer un sistema de justicia, aún si un gobierno, con todo el peso de la legalidad institucional y con la legitimidad conseguida en las urnas, se propone ese objetivo como una de sus prioridades. El poder político en la Argentina adoptó desde 2003 esa determinación, con la consecuencia visible de condenas a autores directos del terrorismo de Estado.

Argentina aún está en el camino de asumir plenamente al golpe de 1976 como una toma de poder en la que los militares tuvieron socios civiles que fueron los que idearon las políticas para implantar un sistema hiperconcentrado de distribución de la renta, anterior al primer peronismo. El avance de la democratización iniciado en 1983 fue dejando a los militares sin resortes de poder, pero el país no puede exhibir ese mismo resultado respecto de los civiles procesistas que, en gran parte, escaparon hasta ahora al juzgamiento por los crímenes de los que fueron responsables directos.

Se trata de un camino en el que hay crujidos, contradicciones e impunidad.

Es lo que dice el empresario Eduardo Saiegh, despojado hace 31 años y medio del Banco Latinoamericano.

Un caso en el que el Estado argentino está dando cuenta, sostiene, de una suerte de esquizofrenia: mientras el poder político, por vía de la Secretaría de Derechos Humanos, está a su lado, como co-querellante, por el secuestro, torturas y el desapoderamiento que padeció, el Banco Central se niega a aceptar que en 1980, por disposición de la gavilla civil encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz, dispuso de manera fraudulenta la quiebra de su banco.

Saiegh, quien señala a José Alfredo Martinez de Hoz, ex ministro de Economía como el jefe verdadero de la dictadura, llegó así a la tercera audiencia de conciliación con el BCRA el 28 de marzo, dispuesta por el juez Fernando Perillo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 13.

Menudo intríngulis para el juez: el Estado que reconoce que el empresario fue víctima de Terrorismo de Estado, se niega a asumir la responsabilidad y no retira el pedido de quiebra.

“¡Peronista y judío!”, exclamaban sus torturadores, que lo mantuvieron secuestrado siete días y le aplicaron picana.

Saiegh intuye que ni siquiera conocían la motivación de fondo por la cual habían recibido la orden de sacarle una declaración de culpabilidad, de desarreglo financiero, algo que justificara el pedido de quiebra y la liquidación del Banco Latinoamericano: esta entidad cuyo directorio integraba por entonces Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de la democracia, tenía en caución acciones de Austral Líneas Aéreas, por préstamos por 7 millones de dólares, cuando William Reynal, primo hermano de Alejandro Reynal, entonces vicepresidente del Banco Central, era el accionista mayoritario de la compañía.

Los civiles comandados por Martínez de Hoz, que atronaban al país con el cuento de ponerle fin al “caos” e instaurar la eficiencia, tenían decidida la estatización de Austral para librarse de deudas multimillonarias y cargárselas a todos los argentinos. Y para ello eran imprescindibles las acciones en caución en el banco, allanado por policías, mientras Saiegh era llevado por la fuerza a la División Bancos de la Federal en la sede central del Banco de la Nación.

A la vez, le “birlaron” a Saiegh un comprador de su banco, con el que mantenía gestiones firmes desde comienzos de 1980: El Crédit Lyonnais de Francia. Directivos de esa entidad, llegados de París, fueron llevados a una quinta para “convencerlos” de comprar el Banco Torquinst, una “joya” del grupo de Francisco Capozzolo, que buscaba desesperadamente evitar su derrumbe.

Con Saiegh cautivo se cerraron ambas operaciones, pero para darle un manto de supuesta legalidad a la apropiación de las acciones de Austral, el Banco Central pidió más adelante la quiebra del Banco Latinoamericano: los matones intentaban por todos los medios, que su fundador y propietario se autoinculpara. Y Saiegh, incluso, evitó dejar huellas en un revólver que sus torturadores le pusieron delante diciéndole: “Liquidate, turco.” Pactó con los matones pagar por su vida, mientras su familia y socios en el banco hacían gestiones para dar con su paradero.

Como el ex banquero dijo a Tiempo Argentino, el 29 de mayo de 2011: “Los militares hacían la tarea sucia y los civiles se quedaban con todo. Les tiraban a los militares los huesos”.

Pasaron 31 años y medio y Saiegh trata de remontar en el fuero penal lo que, afirma, es una red de complicidades que en ciertos estamentos de la justicia funciona en beneficio de los civiles cuarteleros, con Martínez de Hoz y con Alejandro Reynal, a quien define como el cajero de la dictadura, a la cabeza.

Reynal ya se libró una vez de su responsabilidad: consiguió en este caso, mediante acciones que Saiegh considera fraudulentas, un sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos resolvió el 14 de marzo adherir a un nuevo planteo judicial del ex banquero, actualmente en trámite ante el Juzgado Federal de Norberto Oyarbide, pidiendo la reapertura del proceso contra Reynal.

Los crímenes denunciados son Terrorismo de Estado y antisemitismo, y por lo tanto imprescriptibles.

Esta causa recayó por sorteo en Oyarbide después de que la Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo, en quienes verificó pérdida de objetividad y retraso de dos años en la instrucción del sumario.

La muralla que hasta hoy impide castigar muchos de los crímenes perpetrados por los civiles de la dictadura conserva fortaleza, como lo demuestran muchos otros casos de usurpación de bienes: es extensa la lista de los que aún deben responder por los crímenes denunciados en torno de la apropiación de la empresa Papel Prensa, incluyendo a editores de diarios que fueron socios del genocida Jorge Rafael Videla y hoy cacarean en aras de la institucionalidad democrática y la libertad de prensa.

La muralla tiene capacidad de ignorar no sólo el clamor de justicia que hace este ex banquero despojado, sino también la intervención que en su apoyo concretaron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

También se mantuvo incólume ante gestiones diplomáticas hechas en este mismo caso por representantes de los Estados Unidos, llamados a intervenir en función de una ley de su país que manda enfrentar acciones de antisemitismo en todo el mundo.

– Fuente: Tiempo Argentino.com

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