Enseñamos democracia pero no nos permiten ejercerla

Al profesor Guillermo Flores lo sancionaron en la Escuela Agrícola -en base a normas inexistentes- por transmitir en una jornada institucional un reclamo de los alumnos. La sanción fue anulada. Un caso que revela autoritarismo e irracionalidad.

Guillermo Flores es un profesor reconocido por sus colegas y por los alumnos por su dedicación a la tarea docente, con una convicción que excede el marco teórico para dar un ejemplo de transferencia a la práctica en el aula y la sociedad, de la democracia como paradigma de la inclusión, la libertad, la lucha contra la discriminación, y como un sistema basado en la participación crítica y comprometida dentro de la diversidad, de la valoración de los distintos grupos sociales y del ciudadano como eje de la vida comunitaria y de los principios republicanos.

Este perfil, que para él es una filosofía de vida, podría resultar adecuado para introducir al lector en la noticia de que ha recibido algún galardón o reconocimiento por su tarea docente. Pero paradójicamente, lo que vamos a analizar en esta nota -en forma sucinta- es una historia que lo muestra como víctima de resabios de autoritarismo e irracionalidad que forman parte del mal criterio con el que se manejan personas que tienen cargos directivos dentro del sistema educativo público provincial.

En la jornada institucional pedagógica realizada en la Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes de esta capital el día 19 de marzo de 2008, el profesor Flores pidió la palabra -que le fue concedida por la regente Mirta Borquez– y se limitó a leer una nota breve en la que alumnos de la institución hacían una serie de reclamos relativos a problemas edilicios del colegio. La jornada continuó con el tratamiento de otros temas, sin ninguna alteración o problemas visibles. Esto lo refleja palmariamente el acta Nº 09/08 de la reunión.

Pero el 27 de marzo el profesor Guillermo Flores fue notificado de una sanción por no haber presentado la carta de los alumnos antes de la reunión para que se analice “la posibilidad de que sea incluída en el orden del día”, por una presunta duda de la legitimidad de la carta basada en cuestiones formales y porque se entendió que esa actitud del profesor trataba de poner en discusión “con el resto de los docentes, la mala administración y gestión del director de la escuela”. Con apelaciones al “orden” y al “profesionalismo” el entonces director Mario Aráoz hace un “severo llamado de atención” al docente y le impone la sanción “por haber faltado al capitulo 2, artículo 9.4.2 el reglamento general de escuelas”. Según se consigna en la sanción, esa normativa “prohíbe al docente formular peticiones o asumir representatividad de carácter colectivo, censurar en el establecimiento o fuera de él las disposiciones de la superioridad”.

Más grave aún es que se pergeñó una nota en la que se acusó al profesor Flores de “falta de respeto”, “transformar la jornada en un ring de boxeo”, de “expresiones soeces”, de protagonizar “escenas de pugilato”, a la vez de calificarlo como una “persona violenta” y “ejemplo de discordia”. También se expresa: “tenemos el convencimiento de que esta escuela no debe ser formadora de alumnos violentos”, en el escrito que fue firmado por docentes, preceptores y jefes de sección de la institución, que apoyaban la aplicación de la sanción dispuesta por Mario Aráoz.

Los supuestos valores proclamados en esa nota (amor, respeto, tolerancia, concordia, comprensión y caridad) esconden una actitud que en realidad revela temor y desprecio frente a la libertad de expresión, el derecho a peticionar y la obligación del ciudadano de señalar y hasta denunciar fallas e irregularidades en instituciones públicas, lo cual es algo consustancial a la esencia de la democracia. Y estos son derechos constitucionales que ningún reglamento de rango inferior pueden coartar. Lo preocupante, entonces, es el reflejo autoritario dentro de establecimientos educativos que deben ser un ejemplo de democracia participativa, en la que la autoridad y la organización no pueden ir en contra de la transparencia y la expresión de ideas y propuestas en un debate abierto y responsable.

La sanción, en este caso, aparece como el paroxismo de una actitud antidemocrática y antipedagógica. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros alumnos cuando sancionamos a un profesor por transmitir en forma adecuada, respetuosa y orgánica una inquietud legítima de los estudiantes?

Ya antes, en el año 2007, alumnos de 3º Polimodal habían elevado a la dirección de la Escuela Agrícola una nota en la que peticionaban mejoras edilicias y cuestionaban la cesión de parte del edificio escolar (el internado) al Servicio Penitenciario. La nota fue rechazada in limine y no pudo ser leída en una reunión de profesores porque el director Mario Aráoz la vetó. E incluso se insinuó que los estudiantes podrían ser sancionados si insistían con ese reclamo.

Otro reclamo, de la profesora María del Carmen Otero Cabada, quien advertía sobre la precariedad edilicia de un sector de la escuela que ponía en peligro la integridad física de alumnos y docentes fue directamente ignorada.

Si recordamos que al estudiante Julián Ibarra lo suspendieron en el colegio Arturo Illia por un intento de formación de un centro de estudiantes y a la profesora Milagro Castro le iniciaron un juicio (que ganó) porque denunció el nombramiento irregular de la esposa de un miembro de la Junta, podemos ver que se trata de un problema que afecta a todo el sistema educativo y no solamente a una institución.

Tras una serie de presentaciones y recursos administrativos con el patrocinio letrado del abogado Claudio Marcelo Cotrona, el profesor Guillermo Flores logró que se anule la sanción. Esta anulación está documentada en una disposición del supervisor general de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, ingeniero Carlos Boldrini, fechada el 1º de octubre, y rubricada también por el actual director del establecimiento, el doctor en veterinaria Sergio Monge y la regente de la Escuela, profesora Mirta Borquez.

En sus considerandos la disposición expresa que la resolución interna N 01/08 no se encuadra en lo establecido por la ley Nº 6830/95, actualmente vigente en el capítulo 17 -de la disciplina- que establece faltas según fuera su gravedad.

“Enseñamos democracia pero no nos permiten ejercerla”, lamenta Flores, profesor de Historia y de Formación Ética y Ciudadana.

A pesar de esta experiencia difícil por la que tuvo que atravesar, podemos sin embargo aprender, de la enérgica intervención del educador en defensa y reivindicación de sus derechos, que -como dice el lema de la Asamblea Provincial Docente-:

“El docente, luchando, también está educando”.