Si un albañil pobre hubiese cometido estafas reiteradas en perjuicio de un empresario ligado al gobierno truchando su DNI extraviado pronto hubiera ido a dar con sus huesos a la cárcel y los detalles del caso estarían publicados en El Tribuno.
Javier Matus -ex secretario de Prensa del gobierno de Juan Carlos Romero– fue condenado a dos años de prisión condicional y Gustavo Alanís -quien fuera su empleado en el boliche Loft- fue sentenciado a 3 años de prisión también de ejecución condicional. Ambos deberán pagarle a Pedro Román Salva por daño moral en forma solidaria 20 mil pesos.
Los bancos HSBC y Francés por su parte tienen que entregarle al albañil 10 mil pesos cada uno también en concepto de daño moral. Por su negligencia en la verificación de los datos falsos con los que Javier Matus y Gustavo Alanís abrieron cuentas que usaron para delinquir afectaron seriamente a Salva, quien resultó perjudicado porque debido a esas maniobras le iniciaron una persecusión penal.
Pedro Salva perdió su documento en el año 1994 y cuando quiso hacer una denuncia por ese extravío en la policía le dijeron que no cabía hacerla si lo había perdido y sólo correspondía ese trámite en caso de robo del DNI.
En 1998 llegó a su casa un oficial de justicia con una orden de preembargo a la que luego sucedieron otras tres. Lo acusaban de realizar estafas reiteradas con cuentas bancarias en varias operaciones comerciales como por ejemplo la compra de materiales en un corralón. Su documento había sido usado por Gustavo Alanís quien le puso su foto y obtuvo certificados truchos de trabajo firmados por Javier Matus según los cuales era un psicólogo del Servicio Penitenciario con un ingreso salarial importante.
Allí comenzó para Pedro Román Salva un calvario que duró una década, ya que su único patrimonio -la cuarta parte de una humilde propiedad indivisa que heredó de sus padres- estaba en riesgo de ser rematada para responder a los daños ocasionados a comercios donde Javier Matus y Gustavo Alanís habían operado con su DNI falsificado.
Javier Matus al amparo del poder
La lucha de Pedro Salva en la justicia fue titánica. Los plazos se alargaban y parecía que los magistrados jugaban a favor de Javier Matus -un empresario ligado al poder del gobernador Juan Carlos Romero– para que la causa prescribiera. Ellos negaban esto y aducían que todo se prolongaba por la ausencia de Gustavo Alanís, quien se había ido a vivir a España.
Finalmente el albañil forzó el pase a juicio de la causa cuando decidió hacer una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias -estaba dispuesto a morir- en la ciudad judicial. Quería manifestar así su repudio por el retardo de justicia que sufría al tiempo que luchaba contra la censura impuesta por la mayor parte de la prensa salteña (sólo unos pocos medios independientes difundieron el tema).
Javier Matus y Gustavo Alanís fueron condenados, aunque sus abogados adelantaron que apelarán el fallo. El propio Pedro Salva se muestra satisfecho. Quedó claro que no es un delincuente y que fue víctima de maniobras realizadas con su DNI extraviado. Pasó el peligro de perder su vivienda. Recibirá un resarcimiento de 40 mil pesos. Diez mil de Javier Matus, diez mil de Gustavo Alanís, diez mil del banco HSBC y otros diez mil del banco Francés. Estos montos en realidad son una cifra básica a la que se deben sumar los importes correspondientes en intereses y actualización correspondientes a una década, por lo que en realidad el total del dinero a cobrar por Salva como indemnización podría superar los 100 mil pesos.
Javier Matus deberá además hacerse cargo de las costas del juicio.
Salva puede dar por descontado que recibirá la plata que le tienen que pagar los bancos. Pero todavía hay que ver si Javier Matus tiene algo a su nombre y si Gustavo Alanís cuenta con un patrimonio aunque sea mínimo para que el albañil pueda recibir de ellos el monto que la condena los obliga -solidariamente- a entregarle.
¿Y si hubiera sido al revés?
Es natural la satisfacción de Pedro Román Salva y de sus abogados ante la sentencia. Pero no deberíamos entusiasmarnos con la justicia de Salta en la que resulta tan fácil condenar a los periodistas y a los ladrones de gallinas y cuesta muchísimo sentar en el banquillo de los acusados a los empresarios y a los funcionarios.
El fallo condenatorio contra Javier Matus se logró tras una ardua lucha del albañil y sus abogados a lo largo de una década. Pero cabe preguntar: ¿si Matus fue -como parece- el autor ideológico y Alanís el ejecutor no merecía el empresario la condena mayor y su ex empleado la menor? ¿No es éste un caso más grave que el del joven que purgó cárcel efectiva en Córdoba por robar un peso?
No tengamos dudas de que si hubiera sido al revés, o sea que si un albañil pobre hubiera cometido estafas reiteradas en perjuicio de un poderoso empresario ligado al poder truchando su DNI extraviado muy pronto -no una década después- hubiese ido a dar con sus huesos a la cárcel. Y todos los detalles del caso hubieran sido publicados en el diario El Tribuno y en la FM Cielo.
Nota relacionada:
Matus lloró por el “escarnio” y Alanís fue detenido en España
http://www.salta21.com/spip.php?article297
Javier Matus condenado ¿se hizo justicia?
aplauso para la justicia solo que fue muil leve la condena menos de cinco no podria ser
algun dfia la mafia de la politica se tiene que acabar
Javier Matus condenado ¿se hizo justicia?
Que peligro que una persona así esté al frente de un medio de comunicación masiva. Mi pregunta hace tiempo es: ¿No debería regularse a quienes estan conduciendo programas en radio y televisión, sin tener un título o pertenecer a un colegio, como se hace para ejercer otras profesiones? Pareciera que en Salta sólo basta con tener un capital y los contactos. Afortunadamente sí hay gente responsable y comprometida, pero son los menos. Realmente ser parte de “el cuarto poder” debería demandar respeto y compromiso hacia la sociedad salteña, que tanto necesita de la educación para poder progresar y no de escuchar y ver cosas que le perjudican, sólo porque dan un premio. Atte. Anita.