“Lo que peticionamos es ajustado a derecho”, explican los gremialistas Miguel Rojo y Sergio Ibarra, quienes denunciaron a Juan Carlos Romero ante el Instituto Nacional contra la Discriminación. El reclamo que enfrenta al gobernador con el INADI se originó tras el congelamiento de la antigüedad y su reemplazo por un adicional que algunos trabajadores no cobraron.
A partir de enero de 1.997, el Ejecutivo Provincial congela la antigüedad del trabajador estatal salteño. El monto que recibía por ese concepto (por ejemplo $ 300, o $ 150 o “$ 40 –por decir una cifra-), según los años de antigüedad que tenía entonces, lo seguiría cobrando en adelante como adicional fijo por equiparación (Ley 6.929).
Así, efectivamente, lo percibieron desde entonces policías, docentes y empleados legislativos. En la Administración Centralizada solamente se pagó a los trabajadores de la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General, Secretaría de Finanzas y Dirección General de Rentas. A ellos se les abonó legalmente desde enero a julio inclusive de 1.997 con el código 360 que taxativamente discrimina tal adicional.
Al resto de la Administración Centralizada, entre ellos, Secretaría General de la Gobernación, Fiscalía de Estado, Secretaría de Prensa, Dirección General de Personal, Ministerio de Gobierno y Justicia, Dirección General del Registro Civil, Dirección Provincial del Trabajo, Ministerio de Educación –sector administrativo-, Dirección General de Inmuebles, entre otros, no sólo que no se les abonó nunca el “Adicional Fijo por Equiparación Ley Nº 6.929”, desde enero de 1.997 a junio inclusive de 2.005, sino que tampoco se les pagó la antigüedad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 1.996 según lo establecía el artículo 21º de la Ley Nº 5.546.
David reconoce que se debe pagar
Entre las pruebas presentadas por Rojo e Ibarra en su denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, existe particularmente una que es muy elocuente. El entonces asesor jurídico, actual ministro de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia y candidato a vice gobernador, Néstor Javier David, compañero de fórmula de Walter Wayar consideró:
…corresponde el pago del adicional por antigüedad no liquidado por los meses de Noviembre y Diciembre de 1996 . (….) en relación a este punto, entiendo corresponde el pago de tal adicional fijo si los mismos no hubieren sido liquidados en su momento”.
En Junio de 2.005, el Poder Ejecutivo de la Provincia, rechaza con el mismo instrumento en forma colectiva y con los mismos argumentos a planteos distintos. Hay trabajadores que se limitan a reclamar el pago del adicional fijo por equiparación a partir de agosto de 1.997 a junio de 2.005. Y otros trabajadores que peticionan la antigüedad según ley 5.546 de los meses de noviembre y diciembre de 1.996 y el adicional fijo por equiparación ley 6.929 de enero de 1.997 a junio de 2.005.
Después del permanente reclamo en instancias administrativas, jurisdiccionales administrativas y penales y principalmente en la prensa independiente de Miguel Rojo y Sergio Ibarra, en agosto de 2.005, el Ejecutivo instituye la actual “antigüedad” con vigencia a partir del 1º de julio de 2.005, derogando recién la Ley Nº 6.929.
Temeridad, nepotismo y contumacia
Miguel Hugo Rojo, Eduardo Vargas y Sergio Ibarra, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.) repudiaron la negativa del gobernador a responder a una intimación del INADI para que haga su descargo tras una denuncia por discriminación:
“El actual Fiscal de Estado Rodolfo J. Urtubey que hace poco presentó su renuncia –pero sigue dentro del actual gobierno-, y el Administrador Juan Carlos Romero, en una muestra más de temeridad y despotismo, pretenden ningunear a una Institución rectora de los Derechos Humanos. Acusamos de cometer prevaricato a la fiscal Emma Puente y al juez de instrucción formal de 1ª Nominación Martín Pérez por haber considerado inadmisible la denuncia penal oportuna que hicimos contra Walter Wayar y otros funcionarios por el tema del Adicional Fijo”.
“Además consideramos que en este caso Javier David cometió el delito penal de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Como funcionario asesor aconsejó hacer lugar a nuestro reclamo y luego como secretario general de la Gobernación firmó el decreto 1175 de rechazo a la misma petición”.
“Lo que nosotros peticionamos ajustado a derecho es lo que ordena la Ley Nº 6.929 . La democracia es el estado de derecho y ello implica el respeto de reglas mínimas de convivencia de una sociedad. Inclusive reglas que imponen los propios contumaces violadores”, advierten los gremialistas de ATAP.
La causa que puso al gobernador de Salta en la mira del INADI
Lo más importante de la noticia es la impunidad y la costumbre de prevaricar de Martín Pérez. ¿Cómo pretende que este Juez haga algo en contra de Romero? Es el primo hermano de Gustavo Ferraris actual Juez de la Corte quien logró que Romero lo propusiera a Pérez como Juez en el 2002. Nada que se denuncie en contra de Romero o en contra de los intereses de Ferraris será investigado, ¿No saben acaso que el asaltante Eckhardt, secuestro y arma de por medio, del Remisero de Tres cerritos, el Juez Pérez lo dejó inmediatamente en libertad porque el delicuente es hermano de Armando Eckhardt, dueño con René Sángari y Gustavo Ferraris del Boliche Sublime. Esta trensa no se acaba más. Ese Juez, está todo en Internet es socio del turco Abdenur y es dueño de La Biela Automotores y hacen negocios con Ságari (Tino Automotores. Por favor, esto es una mafia. Investiguen y descubrirán muchas cosas truculentas.