Informe especial sobre prostitución y trata de blancas en Tucumán. Policías son propietarios de la mayoría de los prostíbulos. La provincia está calificada como lugar de origen y tránsito del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Nada de esto sería posible sin la corrupción de sectores del poder.
Ganándose unos pesitos extras con la explotación sexual
– sábado, 13 de diciembre de 2008 – Contrapunto prensa alternativa
En Tucumán, el negocio de la explotación sexual tiene como amos y señores a miembros de la fuerza policial. Se unen en relaciones comerciales a las perversas redes de prostitución que funcionan en todo el país e internacionalmente.
En San Miguel de Tucumán existen 32 prostíbulos habilitados por la Municipalidad capitalina y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) bajo la fachada de bares. En algunos hay stripers, por lo cual son catalogados como bares con espectáculos. Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los dueños de los prostíbulos son policías, algunos retirados y otros en actividad. Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles declara que “en la actualidad no se aplica la ley 12.331 que prohíbe explícitamente el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Esta ley prevé multas en una primera oportunidad, y en caso de reincidencia las penas llegan a prisión”.
Además, existen legislaciones como el artículo 126 del código penal de la Nación que condena a “quien con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución”. Pero la realidad se presenta de otra manera. “Los prostíbulos en Argentina funcionan en todas partes, a pesar de que están prohibidos por leyes nacionales y por la Convención Contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena, que fue firmada y ratificada por nuestro país. Producto de las complicidades es muy difícil llegar a los grandes jefes de las redes de prostitución, a los funcionarios, a los empresarios y los comisarios que participan del negocio. Las leyes que se aplican son únicamente aquellas que sirven para reprimir a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, o para proteger de forma velada a los proxenetas” explicó Cecilia, de la agrupación feminista Las Lilith.
En nuestra ciudad los prostíbulos están concentrados principalmente en varias zonas. Por un lado, en “El Bajo”, que surgió como “zona roja”, dado que allí se hallaba la ex estación de trenes y más tarde la ex Terminal de ómnibus. Otro foco donde se agrupan muchos prostíbulos es en las calles Marco Avellaneda al 500, 600, Corrientes 1300 y Suipacha al 500. El marco legal con el que funcionan estos sitios es brindado por la Municipalidad y el IPLA. Sólo con una pregunta clara acerca de la habilitación de un establecimiento donde habrá “mujeres de alquiler”, se entregan con naturalidad todos los permisos necesarios. Según denuncian los vecinos de estos “bares”, esos lugares abren y venden bebidas alcohólicas después de las 4 AM. Así, el IPLA no sólo entrega con negligencia permisos, sino que tampoco hace los controles pertinentes.
Al ser policías dueños de los negocios, pueden conocer cuando se realizarán los allanamientos, los que les permite desmantelar gran parte de las pruebas de la verdadera actividad que realizan. Además, Garmendia indicó que “la prostitución es una fuente de ingreso para la “caja negra” de la policía, a través de coimas o favores”.
En los pocos allanamientos que se ejecutan en los prostíbulos se pone el foco en la búsqueda de menores de edad. Se identifica a las mujeres a través del DNI. “Hoy se reclama que se utilice, además, las huellas dactilares, porque es común en estos casos la falsificación de documentos” agregó el abogado. Las mujeres son llevadas a las comisarías donde se las interroga para saber si ejercen la prostitución por su voluntad. No se tiene el debido cuidado ante la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución: el peligro a la que pueden estar expuestas. “Además, no se toma en cuenta que hay un 90% de posibilidades que en esos allanamiento puede encontrase víctimas de trata, ya que en estos lugares es donde se materializa la explotación sexual” aclaró Garmendia.
En el mejor de los casos, los burdeles son cerrados por dos días. Y así se pone nuevamente en movimiento el negocio.
Por supuesto que los clientes no son tocados, salen por la puerta del costado en los operativos policiales. El cliente-prostituyente (ver recuadro) no está penalizado y no se habla de sus responsabilidades.
Respecto a la intervención de la Justicia, las denuncias pierden eficacia, debido a los pasos largos procesos judiciales. Estos pueden entorpecer la investigación o la posibilidad de encontrar a una mujer que fue declarada como desaparecida. Pero también hay casos donde los fallos convalidan tácitamente la explotación sexual. Este año, en un allanamiento a un prostíbulo de la calle José Colombres al 400 se “encontraron” 7 mujeres, un cliente y armas. Gambarte, dueño de este lugar, sólo fue procesado por la posesión de un arma que no estaba registrada.
Estado responsable y cómplice
Estos policías son la parte visible de un entramado de complicidades. “Los funcionarios políticos, los jueces, las fuerzas de seguridad, y empresarios son parte del negocio, aportando la documentación falsa para las mujeres, avisando cuando va a haber inspecciones o allanamientos, cambiando silencio por dinero o pases gratis con las chicas”, afirmaron desde Las Liliths. El Estado y sus distintos poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no persiguen a los explotadores, ni respetan los derechos humanos de las víctimas. Tampoco crean programas ni leyes para la asistencia médica o contención psicológica de estas mujeres, ni brindan capacitación laboral, viviendas y creación de empleo para las violentadas. En definitiva, lo que hace el Estado es mantener todas las condiciones que llevan a miles de mujeres a encontrarse en situación de prostitución.
Cliente prostituyente
Es quien cierra el círculo de este negocio, porque es el que consume, genera la demanda, y a través de su dinero lo hace redituable. “Los clientes son hombres de todas las clases sociales de cualquier condición. Con poco o mucho dinero todos pueden gozar del privilegio que les otorga el patriarcado de poseer cuerpos de mujeres. Es responsabilidad del cliente la cada vez más reducida edad de la ‘mercancía’ que consumen”, comenta Silvia Olivera, integrante del Grupo Independiente de Mujeres Militantes (GIMM). El cliente paga para imponerse a la mujer, cierra un pacto implícito con el proxeneta, “por eso nosotras decimos que los clientes son prostituyentes, participes activos de la violencia que ejercen sobre las mujeres. Los actos que realizan a las mujeres atentan contra sus derechos humanos porque les producen serio daños físicos y psíquicos”, declara Olivera.
Prostitución y trata: dos caras de la misma violencia
Se dice que es el oficio más antiguo del mundo, un atributo innato de las mujeres, un mal necesario e inevitable, y de libre elección para quién decida ejercer. Mitos que justifican la esclavitud sexual, y que representan la red más perversa tejida sobre la explotación de las mujeres. Sin embargo, está cobrando vida mediática en los últimos tiempos un tema que se suele disociar: la trata de mujeres. Son los mismos medios los que reproducen un modelo de sexualidad dominante hegemónica exacerbando la necesidad de consumo de prostitución, promoviendo todo el tiempo los cuerpos cosificados en programas como el de Tinelli o en la sección de “acompañantes” de los avisos clasificados, fomentando una sexualidad masculina agresiva al mostrar a mujeres que disfrutan cuando son violentadas.
En noticieros y telenovelas se nos muestran, como si fuera un fenómeno reciente, la problemática de la trata. El problema fue que se puso en evidencia que víctimas pueden ser todas, sin importa el sector social. Pero algo no se dice: no es una situación nueva y, como siempre, castiga a los sectores más vulnerados, donde, jugando con la necesidad y la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, miles de chicas en el país son secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución.
El cuerpo como mercancía
En un mundo regido por el mercado y potenciado por la globalización, el comercio en sí constituye un valor por encima de cualquier otra consideración ecológica, sanitaria, cultural o política. De esta manera, drogas, armas y seres humanos son concebidos como simples mercancías. Es significativo que estos tres constituyen los negocios que más dinero mueven a nivel mundial. Esta mercantilización de las cosas y las personas se ceba principalmente en las mujeres, y sus cuerpos se afianzan más como objetos reales y simbólicos de la dominación. De esta manera el cruce entre capitalismo y patriarcado genera la cosificación de las mujeres, moviendo miles de millones de dólares al año, en un negocio de esclavitud que supera con creces la magnitud de personas-mercancías movilizadas durante el auge del comercio de esclavitud africana.
“Trata y prostitución son dos caras de la misma violencia” dice el eslogan de la campaña “Ninguna mujer más víctima de las redes de prostitución”. Es que no puede existir la una sin la otra. Liliana Azaraf, militante de la colectiva “La Caldera” e integrante de la campaña dice que “la prostitución es la raíz del trafico de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual y los cimientos de ésta es la concepción del patriarcado sobre las mujeres y su sexualidad, siempre subordinada a la satisfacción de los deseos masculinos. Se ejerce violencia al poner nuestros cuerpos como factibles de ser usados, comprados y vendidos por otros. Esta enajenación se vio agravada con el capitalismo que ha concretado un enorme negocio a partir de la objetivación del cuerpo de la mujer, convirtiéndolo como mercancía. El patriarcado va a enseñar a los varones de todas las clases sociales que pueden hacer uso, someter y apropiarse del cuerpo de las mujeres. Por otro lado, impone a las mujeres una sexualidad colonizada y subordinada”.
Asimismo aclara que “la prostitución no encuentra su causa en cada mujer, en su especificidad, sino en la construcción social de las mujeres como seres para y de otros. Definidas en torno a su sexualidad erótica procreadora las mujeres todas, su cuerpo y su sexo son para el placer de otro”. De esta manera el cuerpo de la mujer es deshumanizado, sirviendo a una clientela mayoritariamente masculina a quienes la mediación del dinero les otorga privilegio y poder materializar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas y niños que se encuentran en esa situación. Así se monta un enorme negocio del que van a participar desde las redes de proxenetas, pasando por la responsabilidad del Estado, los clientes prostituyentes y hasta los medios de comunicación.
En definitiva, sin la prostitución no hay trata y la naturalización de la prostitución confirma todas las definiciones patriarcales sobre las mujeres quienes al ser despojadas de su humanidad y reducidas a la categoría de objeto pueden ser vendidas compradas y traficadas. “No se puede escindir el problema del trafico de mujeres con el de la prostitución. Si consideramos que existe una prostitución voluntaria estaríamos admitiendo que la mediación del dinero legitima de alguna manera la violación y el ultraje que es lo que pasan las mujeres en situación de prostitución. No podemos hablar de la libre elección de la prostitución porque estaríamos omitiendo un elemento fundamental para este análisis y es la desigualdad que existe entre varones y mujeres en esta sociedad patriarcal”, concluye. Es que en este sistema que invisibiliza, margina, cosifica y niega oportunidades a las mujeres, la prostitución siempre va estar asociada a la pobreza y a la exclusión de miles de mujeres y niñas que se ven arrastradas a la prostitución como un medio de subsistencia.
Diferentes posturas
Existe el debate entre los movimientos de mujeres y organizaciones sociales acerca de la cuestión. ¿Mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales? ¿Abolición, prohibición o reglamentación de la prostitución? Hay quienes consideran que la prostitución debe ser reglamentada por el Estado. Que las prostitutas son trabajadoras sexuales que tienen que sindicalizarse y obtener los beneficios de cualquier trabajador/a autónomo/a. Es el caso de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) que decidieron integrarse a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para luchar en esta perspectiva, recibiendo fuertes críticas desde amplios sectores feministas, que consideran que la prostitución no puede desvincularse de la trata de personas, y que es una de las máximas expresiones de la apropiación del sistema patriarcal del cuerpo de la mujer.
En este sentido, se plantea la abolición, postura que encuentra eco en un amplio sector de organizaciones en todo el país que están llevando en conjunto la Campaña “ni una mujer más víctima de la prostitución”. La iniciativa tuvo su expresión en nuestra provincia el 25 de octubre pasado, en el marco de una serie de jornadas y acciones publicas, tendientes a visibilizar la temática. Desde allí asumen una posición abolicionista, afirmando que todo tipo de prostitución es explotación del cuerpo de otra/o, atentando contra la dignidad de las mujeres, postulando su desaparición. Esta postura “no reconoce diferencia entre prostitución ‘libre y forzada’ porque las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad, las mujeres son consideradas, en todos los casos, como mercancías” expresaron desde la campaña.
