¿Quién mató a Mariano Ferreyra?

En la década del noventa se presentó a la comunidad la famosa flexibilización laboral. Entre los que prometían el nirvana con esa retórica, se cuenta un salteño que volvía del auto exilio Español, el abogado Armando Caro Figueroa.

Cuando todavía no se había dado sepultura al cuerpo del joven MARIANO FERREYRA, que fuera asesinado fríamente en un tumultuoso encuentro llevado a cabo por una fracción sindical ferroviaria, que desde hace décadas es comandada por el inefable JOSÉ PEDRAZA, se empezaron a escuchar voces de condena desde los cuatro costados del País, en contra del sistema de tercerización laboral, y algunos hasta llegaron a afirmar, en un afán de patear la pelota afuera, que ese engendro legal era el verdadero culpable del crimen.

Obviamente que ninguna ley puede apretar el gatillo del arma del homicida, que tiene nombre y apellido y debe ser condenado, pero no es menos cierto que la protesta social que movilizó a los trabajadores no hubiera sido necesaria, si los gordos burócratas del espectro sindical argentino no hubieran llevado adelante, como actores principales del drama, el gigantesco fraude laboral en perjuicio de sus propios afiliados, consumado durante las gestiones presidenciales de La Rata (Periodo 1989-1999).

En la década del noventa, en forma inmediata a dejar de martirizarnos por todos los medios de comunicación del país con la muletilla “Síganme, que no los voy a defraudar” este personaje comenzó a montar el dictado de una serie de reformas a la legislación laboral madre, presentando a la comunidad la famosa flexibilización laboral, vociferando que ese sistema era la salvación de la economía del país, pero que en la práctica constituía un plan de claras renuncias a derechos adquiridos de orden público en contra de los trabajadores.

Los intelectuales del derecho complacientes con esa pauta decadente, invertían ríos de tinta en publicar artículos periodísticos, pautar entrevistas televisivas y escribir libros para promocionar el nuevo producto. Entre los que prometían el nirvana con esa retórica, se cuenta un salteño que volvía del auto exilio Español, el abogado Armando CARO FIGUEROA, que no solamente editó la obra “La flexibilidad laboral” (Editorial Biblos, Buenos Aires Septiembre de 1993), sino que siendo asesor de Raúl Alfonsín primero, pregonó las bondades del Pacto de La Moncloa, luego ocupó el Ministerio de Trabajo de la Nación hasta el año 1998 llevando adelante el gigantesco negocio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), y finalmente fue Vice Jefe de Gabinete de Fernando DE LA RúA. No se privó de nada. Para no perder la costumbre en junio del presente año 2010, elaboró conjuntamente con Roberto DROMI, Horacio JAUNARENA, Roque FERNANDEZ y otros, el llamado “Contrato Social Para el Desarrollo”, que el cardenal Jorge BERGOGLIO presentó en sociedad como el plan de gobierno que propone la iglesia católica, que como no podría ser de otra manera, privilegia claramente los intereses del establishment económico, los medios de comunicación monopólicos, y por supuesto la misma iglesia, particularmente en el negocio de la educación privada.

En aquel proyecto de cambio flexibilizador, se produjo una enorme transferencia de recursos económicos desde el sector del trabajo hacia el sector del capital, alterándose la ecuación entre las partes, y privilegiando la concentración capitalista de grandes grupos económicos que desembarcaron en Argentina, para tratar de obtener tajadas de la rapiña privatizadora de todas las empresas y servicios rentables del País, en particular las de recursos naturales no renovables, comunicaciones, transportes, sistema previsional (AFJP), y de accidentes del trabajo (ART).

Para llevar adelante ese plan, se prometía a los cuatro vientos que la supuesta rigidez del sistema laboral Argentino sería flexibilizada, y a partir de la llamada ley nacional de empleo del año 1991 en adelante, se pergeñaron los llamados contratos basura, se dictó una ley de concursos y quiebras de empresas, precisamente para frustrar los derechos laborales, y se implementaron variadas reformas parciales de la ley general de contrato de trabajo (Ley 20.744), y los argentinos comenzaron a conocer empleos a tiempo parcial, a término, a prueba, de nueva actividad, para jóvenes, de pequeñas empresas, etc; todos ellos con recortes drásticos de derechos y garantías, y con pagos reducidos de haberes y de indemnizaciones. En forma conjunta se implementó el sistema de pagos con tiques canasta y comedor, y se establecieron los llamados beneficios sociales, que encubrían con entregas de ciertas prebendas, el pago parcial de las remuneraciones, lógicamente evadiendo los aportes y contribuciones de la seguridad social sobre esos rubros. De esta manera, como el sistema de garantías protectoras de los trabajadores, fue puesto drásticamente a jugar en paralelo con las llamadas leyes del mercado, y como se redujo sensiblemente el costo de los despidos de los trabajadores de las empresas, el índice de desempleo aumentó geométricamente, siguiendo la regla básica de toda economía liberal: al abaratarse el costo del producto (despido), aumentó la demanda (decisión de despedir) por parte de los empresarios, que como deshacerse ahora de los empleados era muy barato, resolvían sin miramientos la ruptura de los contratos. De ésta forma se explica en parte, que al momento del dictado de la ley 24.013 (llamada irónicamente Ley Nacional de Empleo), en diciembre del año 1991, el índice de desempleo era del 8%, y diez años después llegaba al 22%.

Dentro de este sistema perverso de renunciamientos forzados a las garantías laborales que había insumido décadas de luchas y contramarchas para ser establecidos, comenzaron a pulular como hongos después de la lluvia, las empresas prestadoras de servicios eventuales, y las intermediarias en la contratación de los trabajadores. La terceras empresas dentro de la relación de trabajo, de ahí el origen de la palabra tercerización. Este mecanismo logra, con la interposición de organizaciones muchas veces fantasmas, que grandes empresas nacionales y transnacionales hagan gala de que ellos son creadores de fuentes de trabajo, pero en realidad no tengan a sus trabajadores registrados bajo su dependencia, porque son contratados por esas empresas generadoras de la tercerización. Así entonces, una empresa telefónica por ejemplo, puede tener empleados de instalación de líneas ópticas en la calle, bajo el régimen de la construcción; y un banco puede tener oficiales de crédito en un call center y abonarles como empleados de comercio; o una empresa petrolera puede tener choferes, administrativos, o perforadores fuera del convenio. El negocio es claro, se trata de tener trabajadores claramente enmarcados en el convenio colectivo de la actividad propia, bajo la simulación o intermediación de otra empresa que les abona como dependientes de otro convenio más barato (albañiles, empleados de comercio, eventuales, a plazo fijo, etc.).

En todo este proceso fueron cómplices de la debacle, tanto el mencionado Presidente y sus ministros con su política desnacionalizadora y traidora de los intereses de la población, como el complaciente Congreso de la Nación que avalaba sin miramientos el remate de la Argentina, y por supuesto, la Confederación General del Trabajo (CGT) y toda su plétora de burócratas engordados a base de fraude, y por cierto, con participación empresaria en ese mismo proceso. Pasaron de ser dirigentes obreros a socios de los compradores de las empresas del Estado, dividiendo las ganancias generadas por la nueva ola, traicionando a sus pares. La única reforma que les preocupó y combatieron, denunciaron y lograron derogar rápidamente, fue la llamada “ley banelco” que les quitaba el monopolio de la negociación colectiva centralizada. La generosa teta que les da de mamar hace cincuenta años.

Ahora con total caradurez, acusan a la tercerización como el origen de los males de la clase obrera, cuando fueron ellos los que avalaron y se enriquecieron con el sistema. Los autores del fraude se quieren erigir ahora en los reveladores del mal, utilizando lenguaje acusador hacia otros para disimular su propia malicia. En definitiva, dicen ser defensores de los derechos de los trabajadores, y hasta aseguran pertenecer a ese estamento social, pero utilizan los mismos métodos de los opresores del sistema de economía capitalista subdesarrollada, y recitan sus mismos argumentos, en abierta complicidad mediocre, engañando eternamente a quienes deberían proteger, y hasta usando las mismas palabras. Como ejemplo basta mencionar que en vez de referirse a sus afiliados como personas o trabajadores, los llaman recursos humanos.

“En un país colonial, las oligarquías son dueñas de los diccionarios” (J.W. COOK)