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martes, octubre 20, 2020

Tres jueces sin credibilidad y un genocida en su casa

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La Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Salta considera que Horacio José Aguilar, Miguel Medina y José Héctor Pérez “son tres jueces de poca confianza y cómplices de genocidas”. Denunciaron falta de justicia y tibieza con Joaquín Guil.

Nora Leonard, Mirtha Torres, Blanca Lescano, Cristian Cobos, Raquel Adet, Fernando Pequeño Ragone, Elia Fernández y otros familiares de detenidos desaparecidos elevaron una nota al Presidente de la Cámara de Apelaciones de Salta en la que solicitan juicio, castigo y prisión efectiva para los genocidas.

En particular, se expresan contra el beneficio de prisión domiciliaria de la que goza Joaquín Guil, otorgada días pasados. También repudian la actuación de los jueces Aguilar, Medina y Pérez.

“Son Jueces Sin Vergüenza de la actual Cámara de Apelaciones de Salta, que siguen protegiendo a los genocidas impunemente”, expresan.

Durante el año 2007 realizaron escraches y marchas en las que condenaron la situación de Guil además de expresar públicamente el repudio al terrorismo de estado y la impunidad de los represores. En diversas oportunidades homenajearon a los desaparecidos y dieron nombre y apellido de cómplices, corruptos y asesinos que marcaron la historia hace 31 años. Y proclamaron: la lucha continúa.

Petición

jpg_Familiares_2-3.jpg“Pedimos a los compañeros de los distintos organismos de Derechos Humanos que se solidaricen con las causas en Salta expidiéndose al respecto de las irregularidades y los fallos a favor de los genocidas en el Juzgado Federal de Salta, concretamente ahora en la Cámara de Apelaciones. Nuestra intención es lograr una cadena de pedidos que refuercen la mirada sobre lo que está sucediendo en Salta”, dice los familiares de detenidos desaparecidos.

En una carta al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Roberto G. Loutayf, -fechada el 20 de diciembre- la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos a Loutayf expresa.

“Nos dirigimos a Ud., a fin de expresar nuestro profundo dolor e indignación por lo resuelto en la Cámara que Ud., preside con relación al otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Joaquín Guil, en fecha 17/12/07.

Fundamentamos el total desconocimiento de los convenios internacionales para juzgar los delitos de lesa humanidad. Después de 31 años de lucha y espera contrarresta la rapidez de la Cámara para conceder privilegios a los genocidas y la lentitud para escuchar nuestros reclamos de justicia.

Asombra la vehemencia con que el juez Medina des-incrimina al `amigo de su amigo’ (Sosa de Guil), al cual la Cámara avaló. Lamentamos profundamente que en el fallo citado se hizo referencia solamente a cuestiones doctrinarias antiguas o pertenecientes al pasado, pasado que tanta justicia nos debe, sin hacer referencia al derecho de las víctimas.

Lamentamos tremendamente la ampliación de fundamentos realizada por el juez José Pérez en donde con sobrado altanerismo y obsecuencia pretende llamarnos a la reflexión sin diferenciar entre el delito común y los delitos por crímenes de lesa humanidad con jerarquía Constitucional superior a todas las leyes. ç

Según Tratados Internacionales las concesiones domiciliarias por delitos de lesa humanidad son totalmente restrictivas por la gravedad de esos hechos. ¿Sabrán estos jueces que están juzgando delitos de lesa humanidad? ¿Se habrá olvidado el Sr. Pérez cuantos habeas corpus sugirió rechazar durante la dictadura en que fue nombrado fiscal en el mismo decreto firmado por Ulloa junto al juez Medina?

No diferenciar los delitos de lesa humanidad de los comunes es favorecer a los genocidas.

Esto el Senado de la Nación lo debe saber para que no nombre más jueces cómplices del genocidio durante el terrorismo de estado y para que sean inhabilitados para asumir como jueces en cualquier fuero y jurisdicción. Asimismo hemos solicitado reiteradamente desde la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas tanto a los Congresos de la Nación como provinciales la inhabilitación a perpetuidad para cumplir funciones públicas y/o privadas a civiles y militares que estén vinculados al terrorismo de estado.

Pedimos finalmente que se aparten del conocimiento de las causas que investigan violaciones a los Derechos Humanos por cuanto han demostrado el desinterés por la justicia y el interés por garantizar la impunidad de los responsables del terrorismo de estado en Salta”.

La nota termina con esta exhortación:

Señores Horacio Aguilar, Miguel Medina, José Héctor Pérez: ya no merecen nuestro respeto,

¡¡Váyanse!!!

¡Juicio y castigo a los culpables!

¡Cárcel común y efectiva perpetua!

Firmas:

jpg_firmas_DDHH.jpg

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