Urtubey es la continuidad de la cleptocracia romeriana

Existe una seria contradicción y hasta una cuestión de estafa electoral o falta de ética pública de lo que prometió el Gobernador Juan Manuel Urtubey en la campaña electoral y ya en el ejercicio del poder. Alguna vez dijo: “seré un esclavo de la Ley…” ¿Cuál es el trato con las mujeres indefensas en la “nueva” gestión?

Algunos adláteres sostienen que es imposible negar que Juan Manuel Urtubey logró instituir una bisagra entre la vieja y la nueva política. Según esta visión, también se puede interpretar o deducir entre la cultura de la ominosa represión laboral y la corrupción anterior versus transparencia en esos rubros en la actual gestión de gobierno. Así, se afirma que este “cambio” se percibe, se ejecuta y es el sustento de la confianza popular. También se alega que la realidad tiene una peculiaridad esencial y obvia: no se puede negar o suprimirse así como así. En rigor, según nuestra óptica como organización gremial y entre otros profusos ciudadanos desencantados, que fundamentamos y acreditamos más adelante, la gestión de Juan Manuel Urtubey es hasta ahora y en la temática que se precisa, una continuidad de la era de la cleptocracia romeriana.

Además de la constante violación e incumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y Tratados Internacionales o Convenciones de los Derechos Humanos que se refieren a los derechos civiles y taxativamente a los derechos humanos inalienables con rango constitucional en el derecho positivo argentino, existe una seria contradicción y hasta una cuestión de estafa electoral o falta de ética pública de lo que prometió el Gobernador Juan Manuel Urtubey en la campaña electoral y ya en el ejercicio del poder.

En reiteradas oportunidades el Gobernador Urtubey manifestó: “Seré un esclavo de la ley”. O “Los derechos humanos van a dejar de ser un ámbito para fijar solamente posiciones testimoniales. Van a ser un ámbito en donde se actúe garantizando el pleno ejercicio de las libertades amparadas por nuestra constitución nacional y los tratados con jerarquía constitucional en la Argentina”.

En la práctica existe una divergencia significativa, se convalida y sostiene a funcionarios represores laborales y comprometidos con el delito como el caso del Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo, entre otros. En los hechos defiende al igual que el ex Administrador Juan Romero a funcionarios para quienes no les alcanza el Código Penal para juzgar sus conductas públicas y a prima facie en connivencia con Fiscales y Jueces prevaricadores del Poder Judicial. Caso: la Agente Fiscal del Ministerio Público, Emma Puentes.

Así, con respecto a los funcionarios íconos de la represión laboral y corrupción, no sólo que se los ratificó en sus puestos sino que además los ascendió la actual gestión, y nada se hace administrativamente para esclarecer situaciones irregulares e ilícitas. Se deja que el transcurso del tiempo pueda licuar las actuaciones con la prescripción. Situación que condice con una versión latente que, ya estarían auscultando la posibilidad de blanquear la unión umbilical con un símbolo de lo ilícito, Rodolfo Fernando Yarade, como nuevo Ministro de Gobierno o se blanquee literalmente en el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.

La falta de apego a las normas en vigor, de las reglas de juego de la democracia, del estado de derecho en definitiva, no sólo es responsabilidad de los funcionarios cuestionados, sino que se debe o tiene que ver con la esencia de las políticas de estado de una gestión de gobierno. Lo que se dice una cultura de la gestión pública.

Violación de la Libertad Sindical

En efecto, las deliberadas persecuciones se refieren a que, otros tres representantes gremiales de nuestra Asociación (A.T.A.P.), Sergio Martín Zamboni Secretario de Finanzas, Fátima Elizabeth Gramajo 3er. Vocal Suplente y Walter Rodolfo Alderete 2do. Titular de la Junta Electoral, y después de un largo acoso laboral y psicológico, han sido desplazados formalmente de sus lugares de trabajo de origen sin motivación legal válida alguna mediante el Decreto Nº 660 del 14/02/08 rubricado por el Ministro de Finanzas y Obras Públicas, Carlos Roberto Parodi, el Secretario General de la Gobernación, Ernesto R. Samson, y el Gobernador, Juan Manuel Urtubey.

Anteriormente según el Decreto Nº 2.781 del 09/11/06, dichos trabajadores de planta permanente de la Dirección General de Rentas de la Provincia pertenecían al Subprograma de Auditoría Fiscal (Zamboni y Alderete) y Recursos Humanos (Gramajo). Ahora con el nuevo instrumento legal, los mismos figuran en la Dirección General del Servicio Administrativo Financiero (S.A.F.) de la Dirección General de Rentas (Zamboni y Alderete) y Subprograma Informática (Gramajo).

En el proceso de normalización de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.), en tiempo y forma, oportunamente y a partir del 15/01/07 se comunicó al Gobernador de la Provincia, Dirección General de Rentas, ex Dirección Provincial de Trabajo, entre otros órganos y en reiteradas oportunidades, la constitución legal y certificación de autoridades de los integrantes de nuestra organización gremial otorgada por el órgano competente, Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, donde establece el periodo del mandato, desde el 29/01/07 hasta 28/01/11.

En esas exuberantes notificaciones legales a los distintos órganos del Estado Provincial, fundamos los derechos, normas nacionales e internacionales y jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantizan la libertad sindical, entre ellos los Convenios de la O.I.T., Convenios de los Derechos Humanos con jerarquía constitucional como bien dice declamativamente el Gobernador Urtubey. Aún así, han sido afectados nuevamente los derechos de nuestra organización gremial y de nuestros compañeros de trabajo.

Perversidad degradante e incalificable

Por otro lado, ponemos en evidencia por su elocuencia de lo degradante e incalificable de la perversidad de los funcionarios cuestionados, entre ellos, lo reiteramos, el actual Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo. Además de las persecuciones gremiales indicadas, en el mismo órgano existen aproximadamente doce trabajadores desplazados ilegalmente sin motivo alguno que justifique tal decisión en otras reparticiones con el consiguiente perjuicio laboral, económico, moral, etc.

Entre ellos, existe uno emblemático por el grado de ensañamiento perverso, con la Licenciada Adriana del Valle Matos, madre de tres hijos y a cargo de los mismos y actualmente con problemas de salud. El 01/06/04 la mencionada profesional mediante Resolución Nº 163/04 rubricada por el entonces Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Rodolfo Fernando Yarade, y el ex Delegado de Administración de ese Ministerio, Jorge Arturo Sly (actual Director General de la Dirección General del SAF en la Dirección General de Rentas), se dispone la prestación de servicios en la ex Dirección General de Familia Propietaria.

El 12/04/06 y el 09/10/06 el ex Director General de Familia Propietaria, Arq. Héctor B. Aleksandrowicz, eleva sendas notas al entonces Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Néstor Javier David, aduciendo en lo sustancial que el propósito de la misión de la Licenciada Matos, “ya fue terminado y cumplido, en tiempo y forma”. E incluso con el informe de una auditoría realizada. En ningún caso se dio respuesta alguna a lo peticionado.

En la nueva gestión que se inicia el 10 de diciembre pasado, el 03/01/08 el Subsecretario de Tierra y Habitat, Ing. Jorge F. Gutierrez, eleva una nota al Secretario de Obras Públicas, Ing. Alfredo Miguel, solicitándole que arbitre “los mecanismos necesarios tendientes a lograr el reintegro de la Lic. Adriana Matos de Pierola, a la Dirección General de Rentas de la Provincia, Organismo al cual pertenece, ello así en atención a que la necesidad de servicio que diera origen a la comisión de la mencionada profesional a este Organismo, a la fecha no subsiste, no existiendo razones de hecho ni de derecho, que ameriten la continuidad en esta Repartición”.

Por lo que tenemos entendido, el Secretario de Obras Públicas, hace lugar lo peticionado y pone en conocimiento al Ministro de Finanzas y Obras Públicas, Carlos Roberto Parodi, éste, con competencia expresa al órgano a su cargo para resolver el caso, no toma ninguna decisión y deriva el 22/01/08 el Expte. a su inferior, el compulsivo represor laboral, Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo. Allí permanece el expte. y la decisión de las penurias de la Lic. Adriana Matos.

El 14/01/08 la Lic. Matos eleva una nota al Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, solicitándole formalmente una audiencia, además de la solicitada verbalmente, donde le hace conocer su problemática laboral y el avasallamiento literal de sus derechos con las consecuencias obvias de la lacerante situación referida a su problemática familiar y salud física y anímica. Y por lo que también tenemos conocimiento, dicha nota habría tenido como destino las manos y la decisión del represor laboral por excelencia, el Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo.

Además la profesional remitió notas adjuntado la documentación, como en todos los casos, que acredita la penosa circunstancia, a la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Nora Jiménez, y otros. Incluso al loro, porque con todo recato, modestia y en silencio, sin importarle la constante humillación a que es sometida, donde le decían, presentó su petitorio. Hasta la fecha sin respuesta alguna.

Más aún, la Lic. Matos por este motivo de apartamiento ilegal e inconstitucional de su puesto de trabajo con la disminución del 75% de sus haberes, inició una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de la Jueza: Silvia Longarte de Diez Gómez. Si no nos equivocamos, hace más de un año se está en condiciones de emitir sentencia al igual que los otros casos de igual naturaleza, y la misma tampoco tiene respuestas de la Justicia.

Este es el reflejo sintomático y flagrante o el status quo de los derechos civiles y elementales de los derechos humanos y particularmente el trato “especial” y real con las mujeres indefensas y débiles en la gestión de Juan Manuel Urtubey en la Provincia de Salta. ¿Cuál es el “cambio” con respecto a la gestión de la Cleptocracia de Juan Romero?

– Miguel Rojo, Eduardo Vargas y Sergio Ibarra, Sec. General, Sec. Adjunto y Sec. de Organización respectivamente de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.)