A solicitud de una ONG, la secretaría de Derechos Humanos, a través del registro de Víctimas del Terrorismo de Estado, remitió un informe que revela que durante el período que comprende desde la asunción de Juan Domingo Perón hasta el día antes del derrocamiento de su viuda y sucesora, María Estela Martínez, hubo 662 víctimas de desaparición forzada y otras 609 de asesinato.
El informe abre también un nuevo debate sobre la cifra de desaparecidos durante la última dictadura, los cuales totalizan 6.348 casos, según el documento.
El Gobierno Nacional abrió la posibilidad de una nueva polémica respecto al número de desaparecidos al cuantificar los que se produjeron durante el gobierno peronista previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
De acuerdo a un informe del Registro Unificado Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), una dependencia de la secretaría de Derechos Humanos, durante el período que comprende desde la asunción de Juan Domingo Perón hasta el día antes del derrocamiento de su viuda y sucesora, María Estela Martínez, hubo 536 víctimas de desaparición forzada, de las cuales no hay datos sobre su deceso.
A ellas se les suman otras 126 personas que sufrieron secuestros, pero que, a través de distintas medidas, fue comprobado su deceso. En total, los desaparecidos del peronismo -desaparecidos de la democracia- totalizan 662 víctimas.
Por otro lado, son 609 las víctimas de asesinato -sin mediar secuestro, cautiverio o reclusión-por parte del Estado durante el gobierno peronista de la década del 70.
El informe surge a raíz de un pedido de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que hizo una presentación en agosto para que la secretaría que dirige Claudio Avruj informe «la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida» tanto en el período constitucional inmediatamente previo al Golpe como durante el gobierno de facto.
Sobre este último punto, el informe del RUVTE, cuyos facsímiles publicó la página web del solicitante, detalla que fueron 5.536 las personas que fueron víctimas de desaparición forzada sobre los que no se tienen datos de su deceso. En cambio, las desapariciones con muertes comprobadas, abarcan a 812 víctimas.
En tanto, este período arrojó un saldo de 952 víctimas de asesinato.
La secretaría de Derechos Humanos informó en el documento que intervinieron en el mismo el área de investigación de dicha oficina y el Archivo Nacional de la Memoria.
Si bien el informe detalla que el número de desaparecidos durante la última dictadura totaliza 6.348 casos, la secretaría de Derechos Humanos abre el paraguas por eventuales críticas (como las que recibió el presidente Mauricio Macri por responder «ni idea» cuando se le preguntó por la cífra de desapariciones) al asegurar que “la cifra de 30 mil desaparecidos ha sido una bandera portadora del reclamo de justicia de los organismos de derechos humanos y ha contribuido al proceso de reconstrucción y afianzamiento de la democracia de nuestro país”.
También aclara que «al día de la fecha se continúan recepcionando denuncias por casos de desaparición forzada».
Por otra parte, la ONG que dirige el abogado Juan Lucas Mangiocalda señala que la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos se conformó de «un informe que se contradice, al intentar defender -sin sustento técnico alguno- la cifra de 30.000 desaparecidos».
Para la ONG, la contradicción reside en que mientras la secretaría de Avruj remite un listado que «comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas» ante esa oficina por lo que «no debe entenderse como la totalidad de las víctimas»; el mismo informe, emitido por el RUVTE, sostiene que dicho registro «está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha».
Para Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional «está claro» que un sector de la secretaría de Derechos Humanos «pretende hacernos creer que los números tienen poca relevancia porque sólo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia (sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos), mientras que otro sector dice que, esos mismos números, corresponden, no sólo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la Conadep y a los casos resueltos por Poder Judicial».
– Urgente 24
